Frente a cifras de países de la OCDE, que invierten en promedio 2,3% de PIB enormemente más grandes que el de Chile —lo que hace que en términos brutos las cifras sean también muy superiores—, la promulgación de la ley de incentivo tributario a la inversión privada en I+D es otra herramienta impulsora en la dirección correcta, pues el Estado actúa sólo de modo indicativo, sin imponer estrategias artificiales de desarrollo de ciertas áreas y abre oportunidades para que la libertad creativa sea de los particulares.
Si alguna variable hay que explique muy fundamentalmente las diferencias de estadios de desarrollo que muestran las naciones en un mismo lapso de tiempo histórico, tal vez la más relevante sea el conocimiento, la ciencia y tecnología que dicha sociedad haya acumulado.
En efecto, desde su particular nivel de ciencia y técnica, junto a capital, trabajo y tierra, los países crecen y se desarrollan más o menos exitosamente para enfrentar la competencia mundial por la colocación de bienes y servicios que satisfagan las infinitas necesidades humanas, tanto al interior de sus territorios, como globalmente, así como en calidades y precios —ligados a su productividad— que les permitan copar mercados, tal y como lo han hecho las naciones industriales con su producción tradicional e innovación.
Chile, en este plano, ya tuvo hacia fines del siglo XIX una oportunidad que fue desperdiciada, cuando estando a tiempo para integrarse a la revolución industrial europea, dilapidó el momento y mantuvo una economía ligada a la agricultura básica y al ingreso simple —privado y fiscal— de la venta de recursos naturales, dejando de construir —como lo hacía incipientemente— bienes de capital como locomotoras, barcos, máquinas y motores, y optando por su importación desde Europa y Estados Unidos.
[cita]Falta, pues, escuchar la voz de los consorcios nacionales, de fondos de inversión, bancos y capitales ángeles, que son quienes tienen en sus manos “la caja” para asumir los riesgos de la innovación, de manera que esta prometedora ley no se transforme en “flatus vocis”, pues, como dijo el Presidente, desgraciadamente “en nuestro país existe mucha gente con el poder para decir que no y pocas que dicen que sí”.[/cita]
Años después, con ocasión de la I y II Guerra Mundiales, cuando quiso recuperar el tiempo perdido, ya era tarde, y más bien esos esfuerzos de industrialización a destiempo sólo marcaron el inicio de un proceso fallido que nos llevó a duras divergencias estratégicas que culminaron en 1973.
El mundo vive hoy una nueva revolución científico-tecnológica similar a la industrial, en su impacto global y en el progreso: la conformación de una sociedad universal de la información y el conocimiento, cuyas bases materiales están echándose en todo el orbe —aunque especialmente en naciones desarrolladas— gracias a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC’s). Quienes desarrollan y producen dichas innovaciones, no sólo están ocupando los primeros lugares entre países y empresas más exitosas del mundo, sino que están atrayendo lo mejor del intelecto, la academia, la ciencia y la técnica, asegurándose la acumulación de aún más creatividad, innovación y riqueza.
Chile, como en el siglo XIX, se ha “montado” en esta ola tempranamente, y en la actualidad es una de las naciones de América latina que muestra una de las más profundas penetraciones en usos de estas nuevas técnicas y, aunque muy primariamente, ya ha conseguido generar algunos bienes y servicios en estas áreas, los que han sido colocados en otros países de la región y algunos, hasta en el propio Estados Unidos, cuna de la buena nueva tecnológica digital.
De allí que sea relevante la reciente —aunque poco difundida— publicación de la Ley que establece incentivos tributarios a la inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D), que el propio Presidente Piñera ha querido encabezar para mostrar la importancia que su Gobierno le da al tema.
Por de pronto, junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y Economía, Pablo Longueira, el Mandatario ha dicho que la nueva ley “es una asociación entre la sociedad y el emprendedor. La sociedad representada por el Estado y el innovador representado por todos aquellos que tienen en el alma esa fuerza y voluntad para cambiar la forma en que hemos hecho las cosas”.
Se trata de una legislación que busca estimular la alicaída capacidad de innovar y emprender —a que nos parecen condenar los grandes ingresos producto de nuestras riquezas en recursos naturales— disponiendo un crédito fiscal del 35% que se descuenta de impuestos y el resto, como gasto, lo que implica, que el financiamiento de la innovación es compartido 50% por el Estado y 50% por el emprendedor. Es decir, el Estado asume una condición de socio igualitario en el riesgo e induce, a través de un modelo de planificación indicativa, a que los privados y emprendedores asuman la otra parte.
El Gobierno entrega, de esta forma, una clara señal que desea que nuestros productores agreguen más valor a sus bienes y servicios, instándolos, vía facilidades tributarias, a dar un salto desde la actual fase exportadora de materias primas, a una segunda etapa en la que se agregue mayor valor científico-tecnológico a nuestra oferta.
Se abre así una tremenda oportunidad para que las grandes empresas y capitales nacionales coordinen acciones con Universidades, investigadores, profesionales y técnicos, para avanzar en sectores de enormes perspectivas como las ciencias de la información, digitalización de procesos, biotecnología, investigación en nuevos materiales —litio y otras sales estratégicas— nanotecnología, genética, medio ambiente, nuevas fuentes de energías renovables y tantas otras que nos permitirían esta vez aprovechar la nueva oportunidad que nos brinda la historia para ingresar definitivamente al club de las naciones desarrolladas.
Chile ha ido generando en los últimos 30 años una masa crítica de investigadores, académicos, profesionales y técnicos capacitados para asumir estas nuevas aventuras de creación e innovación científico-tecnológica. Exitosas experiencias chilenas en clonación animal, investigación genética en el agro y silvicultura, desarrollo de softwares de clase mundial, nuevas tecnologías productivas en minería y pesca, son muestras que nuestro país puede dar ese salto adelante con su propio recurso humano, a lo que habría que agregar los más de 2 mil connacionales que realizan estudios de post grado en el extranjero y que volverán al país con amplias redes internacionales y mayores conocimientos para un nuevo ciclo de crecimiento.
Junto a los otros anuncios tributarios que incentivan la innovación y emprendimiento (exenciones del impuesto de 1ª categoría para Pymes, reducción del impuesto de timbres y estampillas a la mitad, simplificación de tiempos, trámites y costos para crear empresas y el apoyo Corfo que ya suma US$ 2.600 millones y que ha favorecido a 170 mil pequeños y medianos empresarios), el Gobierno ha anunciado que su objetivo es aumentar al doble la actual tasa de 0,4% del PIB en inversión en investigación, es decir, elevar a unos US$ 2.200 millones anuales los recursos a este efecto, no obstante el escaso uso que se le ha dado hasta ahora a la otra fuente de capitales destinada al efecto: el royalty minero.
Así y todo, frente a cifras de países de la OCDE, que invierten en promedio 2,3% de PIB enormemente más grandes que el de Chile —lo que hace que en términos brutos las cifras sean también muy superiores—, la promulgación de la ley de incentivo tributario a la inversión privada en I+D es otra herramienta impulsora en la dirección correcta, pues el Estado actúa sólo de modo indicativo, sin imponer estrategias artificiales de desarrollo de ciertas áreas y abre oportunidades para que la libertad creativa sea de los particulares.
Falta, pues, escuchar la voz de los consorcios nacionales, de fondos de inversión, bancos y capitales ángeles, que son quienes tienen en sus manos “la caja” para asumir los riesgos de la innovación, de manera que esta prometedora ley no se transforme en “flatus vocis”, pues, como dijo el Presidente, desgraciadamente “en nuestro país existe mucha gente con el poder para decir que no y pocas que dicen que sí”.
