Hoy en día y desde hace muchos años en nuestro querido país impera la ley de la selva en este ámbito. Los funcionarios del Estado permanentemente hacen la vista gorda ante este tipo de atentados porque, cuales obedientes mayordomos, amparan el despotismo de los poderosos y la prepotencia de aquellos que sólo persiguen el lucro llevado al extremo y en el mínimo de tiempo posible.
Después de que todo Chile se ha referido peyorativamente al mall que se emplaza insolentemente en el centro patrimonial de la ciudad de Castro, el Concejo Municipal respectivo tomó la decisión de convocar a una consulta ciudadana para que así los que viven allí expresen sus opiniones no vinculantes respecto del esperpento que ya ha superado en demasía las indicaciones urbanísticas contempladas en el permiso de edificación otorgado en el año 2008 por María Luisa Cifuentes, Directora de Obras Municipales.
Lo lógico es que esta consulta se hubiera hecho antes de otorgarse dicho permiso y antes también de la modificación del Plan Regulador Comunal para ese sector estratégico de la antigua ciudad, cambio que, por lo demás, fue un traje a la medida, según denuncia pública de la presidenta regional del Colegio de Arquitectos de Chiloé, para el autoritario inversionista extranjero que ya ha hecho de las suyas en otras ciudades de la región de Los Lagos.
[cita]Hoy en día y desde hace muchos años en nuestro querido país impera la ley de la selva en este ámbito. Los funcionarios del Estado permanentemente hacen la vista gorda ante este tipo de atentados porque, cuales obedientes mayordomos, amparan el despotismo de los poderosos y la prepotencia de aquellos que sólo persiguen el lucro llevado al extremo y en el mínimo de tiempo posible.[/cita]
Nos preguntamos cuales serán las preguntas de la extemporánea consulta, ya que la desobediente empresa Pasmar sigue construyendo, haciendo caso omiso de las paralizaciones de faenas dictadas por la autoridad competente. Por tal motivo, el caso está radicado en el Juzgado de Policía Local de Castro y el Alcalde Nelson Águila, en la práctica, se ha declarado incompetente para firmar el Decreto que posibilitaría la demolición de todas las superficies que violan el permiso, asunto incomprensible para aquellos que creen en las instituciones.
La gente de esa ciudad tiene legítimo derecho a disponer de un centro comercial y recreacional grande para adquirir ciertas mercancías, evitándose así los largos, caros y tediosos viajes a Puerto Montt, como muchos lugareños lo han manifestado con fuerza en las redes sociales y en las ocasiones en que han sido entrevistados por la prensa. Lamentablemente las autoridades locales no tuvieron la visión necesaria para convencer al titular del proyecto que el lugar elegido por éste era muy inadecuado por los impactos viales, urbanísticos, ambientales y paisajísticos que produce.
Aunque el lector no lo crea, la impúdica empresa Pasmar para disponer rápidamente del acto administrativo que le permitía iniciar las obras señaló en la solicitud del permiso que su “amigable” proyecto tendría tan solo 149 estacionamientos, con lo cual se evitaba el molesto Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU). El artículo 2.4.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) dice que este tipo de proyectos comerciales que tengan 150 o más estacionamientos deben someterse al EISTU y sabemos que el requerimiento de estos aparcaderos para absorber la demanda prevista del invasivo mall exceden los mencionados.
El Colegio de Arquitectos de Chile, en conferencia de prensa del viernes 9 de marzo pasado, reclamó airadamente sobre este despropósito exhortando al ministro de Vivienda y Urbanismo, en orden a que es urgente el cambio normativo para que las ciudades se desarrollen civilizadamente respetándose sus valores patrimoniales y con efectiva participación ciudadana. Es más, también propuso, como era lógico, la demolición de las obras que no se encuadraban en el permiso.
El ministro Pérez Mackenna dice que la cuestión que nos preocupa tiene que ser resuelta por la municipalidad de Castro, olvidando que son sus representantes en las 15 regiones del país, llamados Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis), los que deben exigir el cumplimiento del marco regulatorio, cuando las municipalidades no ejercen su roles. El Seremi de la región de Los Lagos, quien debió actuar oportunamente, aún no ha tomado iniciativa para que el díscolo privado se enriele, pero esperamos que lo haga a la brevedad.
Hoy en día y desde hace muchos años en nuestro querido país impera la ley de la selva en este ámbito. Los funcionarios del Estado permanentemente hacen la vista gorda ante este tipo de atentados porque, cuales obedientes mayordomos, amparan el despotismo de los poderosos y la prepotencia de aquellos que sólo persiguen el lucro llevado al extremo y en el mínimo de tiempo posible.
Hemos sabido que el miércoles 14 de marzo pasado hubo un comparendo en el Juzgado de Policía Local de Castro, entre la municipalidad y el infractor Pasmar, sin que las partes llegaran a acuerdo y el próximo viernes la jueza fallará respecto a las insignificantes multas cursadas por el alcalde Nelson Águila.
En nuestra opinión, será irrelevante la sentencia de ese juzgado, porque el asunto es bastante más delicado, ya que lo que corresponde es la demolición de toda construcción ejecutada al margen del permiso y en tal sentido quien deberá “mojarse el potito” es el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos, jefe técnico directo de la Directora de Obras de Castro.
En resumen, el problema no es el desproporcionado mall, sino su incorrecta localización y por ello, independientemente del resultado de la futura consulta no vinculante, estimamos que la situación engorrosa que se vive allí no se resolverá con facilidad y por ello es indispensable que pronto, y aunque le duela a algunos, se honre el Estado de Derecho vigente. De esta manera, en el futuro, los actores del mercado no repetirán el mal comportamiento del empresario Mosa, dueño de Pasmar.
