El debate y la discusión en torno a la derogación y reemplazo de la Ley del Cobre omiten principios centrales que escapan a aspectos meramente economicistas o administrativos.
Se olvidan, tal vez, que la Ley en cuestión debe garantizar un aspecto básico pero fundamental: la modernización constante y permanente de las FF.AA., en particular su misión fundamental que es generar medios de defensa, y proyectar la credibilidad de la amenaza.
Se olvida, también, que la Ley del Cobre ha formado parte intrínseca de la disuasión ejercida hacia el espacio vecinal, y que, de manera directa, ha logrado imponer, mantener y proyectar un clima de paz vecinal. Por ello, el nuevo cuerpo legal debe emanar de un consenso general que cristalice una voluntad política unánime de todo el cuerpo político y social en torno a la necesidad de mantener medios militares altamente preparados para proyectar la fuerza allí donde se necesite.
La derogación de la Ley del Cobre debe permitir, en función de lo precedente, generar un sistema de financiamiento capaz de adaptarse a la evolución de las amenazas y riesgos. Este punto es central a cualquier fórmula elegida. No solo se debe buscar la mantención de niveles de disuasión creíbles, sino que alcanzar niveles que permitan extrapolar la diplomacia militar hacia los umbrales de la persuasión. Convertir las capacidades de los estamentos armados en verdaderos instrumentos al servicio de la diplomacia.
Esta nueva formulación debe venir acompañada de una modernización de la evaluación de los riesgos y fuentes de amenaza vecinales y regionales. En otras palabras debe ser capaz de dotarse de mecanismos que le permitan adaptarse a transformaciones del entorno, pero sobre todo debe ser altamente prospectiva. Los medios de defensa que se adquieran deben prever aquellos “eventos de baja probabilidad de ocurrencia, de alto impacto y que suceden de manera imprevista”, o lo que podemos identificar como Sorpresas Estratégicas. Se debe, en este sentido, administrar la preeminencia actual, sin que ello genere efectos contrarios o perniciosos en el ámbito de lo político-estratégico. Es así como las ideas según las cuales Chile no posee pretensiones territoriales, no constituye una potencia hegemónica y se arma para la legitima defensa deben ser potenciados por la diplomacia, en especial mediante la instauración y la expansión del mecanismo de homologación de gastos en Defensa.
En el sentido anterior, este nuevo sistema de financiamiento debe ser capaz de interpretar anticipativamente las tendencias en cuanto a la evolución de las percepciones de amenaza de las entidades vecinales, en especial en aquellas que identifican a Chile como una fuente de riesgo para su propia seguridad. Se deben administrar el “peor escenario”, pero no en relación a lo meramente posible, sino que a lo probable.
En último término, las capacidades de defensa chilenas deben integrar en su formulación final el principio según el cual Chile debe mantener una superioridad cualitativa permanente sobre el resto de entidades con las cuales se han mantenido hipótesis de conflictos y se proyecta su continuación. Para ello, Chile, su diplomacia y la clase política debe aceptar, con humildad y de manera lenta pero progresiva el rol de liderazgo que la ultima superpotencia nos ofrece. El realismo político lo impone.
Finalmente, la Defensa no debe nunca estar supeditada a los diktats de una tecnocracia económisista. De lo que sí debe cuidarse es de no caer presa del dilema del “cañón o la mantequilla”. Con una correcta y seria planificación y desarrollo se pueden adquirir ambos.
