Los movimientos sociales deben ser escuchados, antes que los lobistas de las grandes empresas, antes que los dirigentes gremiales, antes que la conferencia episcopal. El gobierno es de los ciudadanos, no de los políticos, éstos últimos son servidores públicos, no esbirros de los empresarios, la iglesia y la oligarquía.
Tras los hechos de represión policial sucedidos en Aysén, que se suman a las ya largamente conocidas políticas represivas contra los movimientos estudiantiles y sindicales, no sólo de este gobierno, sino también de los gobiernos de la Concertación, la invitación es a pensar cuál es el rol de la protesta y la movilización en una democracia que se precia de ser tal y en consecuencia cuál es la reacción que es esperable de un gobierno que se precia de ser democrático frente a este tipo de práctica ciudadana.
Como hecho básico de esta evaluación debe asumirse que los métodos de represión ejercidos por Carabineros de Chile deben ser desvinculados de las actividades policiales de prevención y persecución del delito y de control vehicular. Estos métodos, particularmente violentos, especialmente diseñados para enfrentar a la población movilizada, y cuya ejecución corresponde a una rama especialmente militarizada de Carabineros, parecen exhibir una continuidad e incluso un perfeccionamiento desde los tiempos de la dictadura de Pinochet. Estos métodos tienen dos finalidades principales, establecer la estigmatización criminal de los movimientos sociales y proteger los poderes económicos amenazados por las demandas sociales.
[cita]Los movimientos sociales deben ser escuchados, antes que los lobistas de las grandes empresas, antes que los dirigentes gremiales, antes que la conferencia episcopal. El gobierno es de los ciudadanos, no de los políticos, éstos últimos son servidores públicos, no esbirros de los empresarios, la iglesia y la oligarquía.[/cita]
La finalidad de estos métodos es evidente. Ellos configuran la última instancia de un régimen administrativo de la sociedad que tiene como finalidad lo que eufemísticamente se denomina orden público e incluso estado de derecho, pero que no es sino la eliminación de toda forma de expresión propiamente política. En su fundamento, el neoliberalismo viene soldado, cual hermano siamés, al autoritarismo. La política, que en términos de Hannah Arendt yace allí donde dos o más ciudadanos se juntan para generar y perseguir un objetivo común, es lo que Hayek, por otro lado, tenía entre ceja y ceja como el peor de los males que pueden afectar a la sociedad y que el proyecto de Pinochet buscó extirpar igual que el cáncer marxista. La política fue relegada, subsumida y agotada en las formas del derecho y canalizada sólo allí donde expresiones individuales de preferencias puedan tener cabida. Cualquier práctica política fuera de esta anti-política es criminalizada, demonizada y objeto del ridículo slogan del egoísmo sectorialista (“El Gobierno tiene que gobernar para todos los chilenos y no sólo para quienes protestan”).
No sólo los cuerpos de los manifestantes han sido objeto de este método. Su último y más importante objetivo es la ciudadanía, entendida no sólo como la titularidad del derecho a voto sino como una práctica política. La práctica política de determinar cuál debe ser la dirección del gobierno es su persecución del bien común, la práctica política de reivindicar las promesas que el gobierno ha hecho y que la Constitución ha garantizado, la práctica política evidencia el abuso del poder por parte de la autoridad, la práctica política de hacer oír la voz de los excluidos del discurso oficial para exigir ser incluidos. Todas ellas son prácticas que no pueden ser subsumidas en el derecho ni ser canalizadas individualmente. Su único modo de expresión es mediante el poder que se genera cuando dos o más ciudadanos actúan en forma concertada y muestran en el espacio público sus intensiones y sus motivaciones con el objeto de generar adherencia.
¿Son estas movilizaciones y protestas legales? Esa es una pregunta que es generada desde el corazón de la conciencia legalista del neoliberalismo autoritario y en esos términos debe ser reivindicada la posibilidad de la acción política de escapar de la codificación legal/ilegal. No quiere decirse con ello que la comisión de delitos en medio de actos de movilización y protesta no deba ser sancionada conforme al derecho criminal, sino que la misma actividad de protestar y movilizarse pacíficamente no puede ser objeto de criminalización, y en este sentido la consecuencia directa de la protesta social no puede ser la reacción punitiva y represiva. Esto no es sólo porque existen derechos fundamentales que garantizan su ejercicio, sino también porque dicho ejercicio es una actividad central en el proceso democrático, sino cuya existencia la sujeción al derecho es pura coacción bajo amenaza. La ciudadanía está integrada, en estos términos, por la obediencia al derecho y la participación en su creación, especialmente a través del los derechos políticos como el voto, la asociación, petición y reunión. Pero también está integrada por la desobediencia al derecho y en la movilización y manifestación de su descontento con él, en términos de reproducir el hipotético expediente en el que los ciudadanos libremente prestan o no su consentimiento para ser gobernados por un tercero. La capacidad para distinguir entre el crimen y la desobediencia es lo que permite a un gobierno no volverse autónomo, elitista y endogámico.
Con la represión de las manifestaciones en Aysén, y antes de eso de las manifestaciones estudiantiles y sindicales, lo que se expresa en el intento (siempre inútil al final) de sofocar, disolver y eliminar las expresiones de la ciudadanía como una práctica política poderosa. Lo que sobrevive de la ciudadanía no es suficiente para evitar que la democracia se reseque y la esfera pública desaparezca.
¿Qué es lo que se espera entonces del Gobierno? En primer lugar, el abandono de la violencia como forma de enfrentarse a la desobediencia como forma de expresión de las demandas sociales cuando ésta no se práctica en forma criminal. Deben existir formas tenues de actuar de parte de la autoridad policial cuando lo que los manifestantes hacen es protestar pacífica aunque ilegalmente.
En segundo lugar, que no intente controlar mediante la criminalización dichas formas de expresión. En este sentido, debe existir un espacio para la desobediencia al derecho por parte de la ciudadanía. Cada conducta que atente contra el orden público no puede ser objeto de tipificación penal. En tercer lugar, que comprenda que los movimientos sociales deben ser escuchados, antes que los lobistas de las grandes empresas, antes que los dirigentes gremiales, antes que la conferencia episcopal. El gobierno es de los ciudadanos, no de los políticos, éstos últimos son servidores públicos, no esbirros de los empresarios, la iglesia y la oligarquía.
