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El litio y los subterfugios de Wagner

por 2 abril, 2012

El litio y los subterfugios de Wagner
Me opongo a la decisión impulsada por el subsecretario Wagner (ex alto ejecutivo de la Isapre Banmédica) de licitar yacimientos de litio bajo la forma de “Contratos Especiales de Operación” ya que ello vulnera la Constitución, la legislación minera, que define este mineral como estratégico, no concesionable y busca premeditadamente eludir el debate parlamentario para entregar, por vía directa, la explotación del litio integralmente a privados.
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Comparto la necesidad de mejorar la actual legislación sobre la explotación del Litio en nuestro país y me pareció adecuada la primera aproximación, hecha en su momento por el ministro Laurence Golborne, de abrir al respecto un debate en el Parlamento para modificar la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. Sin embargo, ahora, especialmente impulsada por el subsecretario de Minería Pablo Wagner (UDI), de quien se conoce su espíritu privatizador de la propiedad estatal, el Gobierno ha decidido utilizar el decreto 2.886 de 1979 para, a través de Contratos Especiales de Operación, abrir una licitación directa a empresas transnacionales y nacionales para la explotación de 100 mil toneladas de litio en 20 años.

Me opongo a la decisión impulsada por el subsecretario Wagner (ex alto ejecutivo de la Isapre Banmédica) de licitar yacimientos de litio bajo la forma de “Contratos Especiales de Operación”, ya que ello vulnera la Constitución, la legislación minera, que define este mineral como estratégico, no concesionable y busca premeditadamente eludir el debate parlamentario para entregar, por vía directa, la explotación del litio integralmente a privados. El argumento del Subsecretario Wagner de que esta vía ya se ha utilizado con el petróleo es falaz dado que Chile no es un país petrolífero, pero si tiene las mayores reservas de litio en el mundo y, dado su carácter estratégico, la ampliación de su explotación debiera ser parte de un debate y una modificación a la legislación minera resuelta por el Parlamento y no a través de un subterfugio inspirado en un decreto de la época de la dictadura.

Y por el combate que en el mundo se da contra el dióxido de carbono y el exceso de utilización de los combustibles fósiles, la demanda mundial de litio aumenta entre un 7 y un 8% anual y su precio internacional ha pasado de mil 700 dólares la tonelada a 6 mil dólares en pocos años y este precio seguirá incrementándose acorde con la mayor demanda en el mercado mundial.

El litio es un mineral del futuro, algunos lo llaman el “petróleo blanco”. Chile posee las mayores reservas mundiales y con bajos costos de explotación, ya que se encuentra a más baja profundidad, en los salares. Este es además un recurso estratégico, porque está ligado a la energía y la producción de tritio, uno de los componentes de la fusión nuclear y, por ende, se debe confirmar constitucionalmente el carácter estratégico y generar una política pública para que el Estado entre en su explotación más allá del arriendo de concesiones que la CORFO tiene con SQM y SCL, que han constituido una especie de monopolio en la explotación y comercialización del recurso minero.

Es imprescindible, por tanto, abrir nuevos caminos en la explotación del litio, ya que ello puede entregar enormes recursos al país. Pero ello debe hacerse a partir de la existencia de una política pública hacia el litio, toda vez que este mineral se ha convertido en un insumo insustituible en industrias como la energía, la informática, la telefonía celular, naves espaciales, y especialmente en el desarrollo automotriz híbrido y eléctrico.

Por ello y por el combate que en el mundo se da contra el dióxido de carbono y el exceso de utilización de los combustibles fósiles, la demanda mundial de litio aumenta entre un 7 y un 8% anual y su precio internacional ha pasado de mil 700 dólares la tonelada a 6 mil dólares en pocos años y este precio seguirá incrementándose acorde con la mayor demanda en el mercado mundial.

Por tanto, si el Gobierno quiere ampliar la explotación del litio, debe, en primer lugar, pensar en el rol que el Estado va a jugar en este proceso, tratándose además de un mineral considerado por nuestra legislación como estratégico, y, a partir de ello, elaborar con todos los sectores una propuesta para modificar la ley de Concesiones Mineras —recuerdo que dicha modificación requiere de quórum calificado—, la ley de la Comisión Chilena Nuclear y otras disposiciones donde se establece la no concesionabilidad de este mineral, pero ello debe hacerse resguardando, en primer lugar, el interés público.

El Gobierno, con su idea de licitar yacimientos de litio a través de los Contratos Especiales, se transforma en una agencia de promoción de inversionistas privados del litio en nuestro país, ya que el mercado mundial determina un aumento creciente de la demanda y si ella es ya de 90 mil toneladas anuales de carbonato de litio solo en los próximos cinco años esta se duplicará, lo cual crea un mercado en expansión muy notable para un país que tiene las mayores reservas de litio en el mundo, especialmente en sus salares en el norte de Chile.

Quiero recordar que el actual marco jurídico del litio está dado por la Ley de Minería (año 79), por la Ley de Concesiones Mineras (año 83) y la ley orgánica y reglamentos de la Ley de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Toda nuestra legislación mantiene las reservas de explotación de litio a favor del Estado y el litio no es susceptible de concesión minera, salvo aquellas constituidas con antelación a la publicación de la ley. En virtud de ello, CORFO tiene la concesión de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama, donde existen las mayores reservas de litio del mundo, pero CORFO arrienda por un tiempo determinado y montos de explotación preestablecidos, y a solo 40 metros de profundidad, a SCL y SQM —cuya producción es hoy el 43% de la producción de litio a nivel mundial— pero, a la vez, el contrato formulado es tan leonino para el Estado que impide que CORFO arriende a otras empresas o explote directamente el resto de las pertenencias no arrendadas en el Salar de Atacama.

Es cierto que tenemos una pésima legislación sobre la explotación del litio, que inmoviliza y en la práctica permite la existencia de un monopolio contractual en el Salar de Atacama. Mi llamado al Gobierno es a evitar un subterfugio de las licitaciones directas, que por lo demás crearán una gran incertidumbre en los futuros inversionistas. Por el contrario, lo adecuado es consensuar una modificación a la normativa actual, pero en un sentido inverso a como lo ha anunciado el Gobierno, ya que lo primero debe ser que el Estado explote el Salar de Atacama —donde hay reservas estimadas por la empresa SQM de 6,9 millones de toneladas hasta 200 metros de profundidad que el mineral sea calificado como estratégico— que confirme el valor estratégico del mineral, por razones distintas a las que tuvo la dictadura militar que estaban ligadas a la Guerra Fría, y que el país en su conjunto pueda beneficiarse de su explotación cuyas utilidades ya son altas. Estamos solo al inicio de la explotación de un mineral con un enorme impacto en el mercado y que puede dar una grandiosa fuente de ingresos a la economía y al Estado chileno.

CODELCO debiera ya comenzar a explotar el litio en el salar de Pedernales donde tiene las concesiones y se debe abrir la inversión pública y asociada en Maricunga, Punta Negra, Incahuasi, Aguas Calientes y generar una política de cooperación ahora con Argentina y cuando las condiciones lo permitan con Bolivia, países con los cuales constituimos el triángulo del litio a nivel mundial. De hecho, Bolivia ya ha emprendido la industrialización del litio a través de la Corporación Estatal Minera, adelantándose a lo que debiera hacer Chile con este mineral.

Pero debiéramos dar otro paso más, que es crear una industria de productos de alta tecnología basada en litio y no solo conformarnos con la exportación del mineral. Las reservas en Chile podrían satisfacer la demanda de litio por 120 años y, por ambas consideraciones, el litio es estratégico y aparece muy mezquina, inconstitucional y destinada solo a favorecer la inversión privada el camino que está eligiendo el gobierno y al cual la oposición y la ciudadanía debe hacer frente con extrema decisión.

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