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Se CAE informe de "Expertos"

por 3 abril, 2012

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El ingeniero Erik Haindl ha tenido la gentileza de abrir el tarro donde guardaban bajo siete llaves el informe de la denominada "comisión de expertos," convocada por el gobierno para proponer una solución al tema del financiamiento a los cobros a los alumnos de educación superior, de la cual formó parte. El jefe de la misma "se molestó bastante," pero no le quedó otra que publicar su contenido, que resume El Mercurio del 29 de marzo del 2012. El rechazo de los estudiantes fue inmediato: "Claramente el diálogo va a tener que seguir siendo a través de las calles," declaró Gabriel Boric, presidente de la FECH.

No es para menos. El informe no atiende la demanda casi unánime de la comunidad educacional superior, apoyada por expertos calificados, en cuanto a rebajar sucesivamente los cobros a los estudiantes, reemplazándolos con creces por aportes directos a las instituciones públicas de calidad.

Por el contrario, sugieren aumentar el gasto fiscal destinado a subsidiar el endeudamiento de los estudiantes con los bancos, para pagar cobros insostenibles, de un sistema de educación superior que, al ser financiado por esta vía, se privatiza y degrada cada vez más.

El informe sugiere extender aún más el desacreditado "Crédito con Aval del Estado (CAE)," eliminando el actual crédito solidario que ofrece condiciones más favorables a los estudiantes de universidades del CRUCH. En efecto, propone reemplazar este último por un "sistema único" de CAE emitidos por los bancos, con una tasa de dos por ciento anual, que cubra el arancel de referencia y se pague en 20 años, con una cuota máxima equivalente al 10 por ciento del ingreso de los futuros profesionales.

Podrían acceder al mismo todos los alumnos de todas las instituciones de educación superior, exceptuando el 10 por ciento de mayores ingresos y quienes tengan menos de 500 puntos en la PSU o promedio inferior a 5 en la enseñanza media. Adicionalmente, reemplazan todas las becas actuales por una "beca de excelencia" que pague el 100 por ciento del arancel de referencia para los alumnos cuyas familias pertenezcan al 40 por ciento de menores ingresos y la mitad del mismo para el 20 por ciento que les sigue hacia arriba.

Las instituciones que cobren aranceles mayores al de referencia, deberían financiar ellas mismas la diferencia con becas o créditos con su aval - gradualmente eso si, puesto que se les otorgan cinco años para ofrecer este complemento.

El actual crédito solidario lo proporciona directamente el Estado, se paga en un máximo de 15 años y con una cuota equivalente al cinco por ciento del ingreso y exige 475 puntos en la PSU. Es decir, para los beneficiarios de este sistema, la propuesta significa subir los requisitos, duplicar los cobros anuales y extender los años de pago en una cuarta parte. Claramente quedan peor que ahora. En cuanto a los que hoy disponen de CAE, quedarían más o menos en las mismas condiciones que les ofrece la ley actualmente en tramitación en el parlamento, es decir, sin grandes cambios.

Las universidades del CRUCH quedan peor, puesto que se destinan todavía más fondos del presupuesto de educación superior a financiar el CAE, que actualmente ya absorbe el 30 por ciento del mismo. Los "expertos" estiman el costo de su propuesta en 1.155 millones de dólares anuales, es decir, más del 70 por ciento del presupuesto de educación superior del 2012, que alcanzó a 1,600 millones de dólares.

Las instituciones privadas son las grandes beneficiadas, puesto que actualmente las que no pertenecen al CRUCH absorben más del 87 por ciento de todos los fondos del CAE, especialmente las tres privadas de dudosos antecedentes que actualmente consiguen la mitad de estos fondos. Ahora se beneficiarían asimismo con las becas.

Los "expertos" apuntan en una dirección equivocada. La cuestión no es como se financian los cobros a los estudiantes, sea mediante créditos o becas, sino como se financia la educación superior. La propuesta de financiar los pagos con más CAE agobia aún más a los estudiantes y privatiza y degrada sucesivamente a las instituciones.

Los primeros han alcanzado un nivel evidentemente insostenible, puesto que una familia del quintil más acomodado debe destinar un mes de ingresos por cada hijo o hija que estudie en la universidad, en una carrera con arancel promedio, que es de aproximadamente dos millones de pesos. Las carreras más caras triplican ese monto. Las familias del quintil que sigue deben destinar tres meses de ingresos para pagar el arancel promedio de cada hijo o hija. Los que siguen hacia abajo mejor ni verlos. Esos niveles de cobro deben reducirse gradualmente, en la perspectiva de la gratuidad.

La teoría del "capital humano," que sustenta el supuesto negocio que realizan los estudiantes al efectuar dichos pagos con cargo a mayores remuneraciones futuras, es errónea. Es una transposición inadecuada de conceptos. Equivale a hablar del "proyectil humano," o "rayo humano," o algo así. Acá se trata de la calificación de la fuerza de trabajo, que es precisamente el polo opuesto del concepto de capital. Como descubrieron los economistas clásicos y resulta obvio para cualquier empresario, jamás se va a a pagar a un profesional promedio más de lo que cuesta reproducirlo; el mercado se encargará precisamente de nivelar los salarios a ese monto. Es precisamente lo que ha comprobado un reciente informe del Centro de Estudios Públicos (CEP), que demuestra que la "rentabilidad" de tal "inversión" en este supuesto "capital," es en los hechos ¡cero! Por lo tanto, los cobros a los estudiantes equivalen a un impuesto sobre las remuneraciones, lo que en definitiva  las encarece y resulta inconveniente para la competitividad de las empresas chilenas.

El resultado de este sistema de financiamiento sobre las instituciones es aún peor: las degrada, al estimular que se conviertan en impartidoras exclusivas de docencia, con cuerpos académicos en condiciones precarias. Aún a estos niveles insostenibles, las instituciones superiores de calidad reconocida no alcanzan a financiar la tercera parte de su presupuesto mediante cobros a los estudiantes, como ha escrito el Rector de la Universidad Católica. En cambio, las empresas privadas que se dedican exclusivamente a impartir docencia con cuerpos académicos precarios, no solo se financian con dichos cobros, sino que retiran utilidades tan jugosas, como ilegales en el caso de las universidades.

Mientras las primeras, que no son más de cinco o seis, se debaten para mantener contratados a más de la mitad de los académicos a jornada completa y una proporción mayor de aquellos con grado de doctor y producir casi toda la investigación científica.

La verdadera solución consiste en reemplazar gradualmente el financiamiento de la educación superior mediante cobros a los estudiantes, con creces, por financiamiento fiscal directo a las instituciones que acrediten verdadera calidad. Esta debe considerar el que efectivamente no tengan fines de lucro, que reduzcan sus aranceles gradualmente en una perspectiva de gratuidad, que realicen investigación y extensión además de docencia, que mantengan una planta creciente de académicos a jornada completa en condiciones adecuadas de contrato y trabajo, que no discriminen por ningún concepto y garanticen libertad de cátedra. Los estudiantes agregan que deben garantizar todo lo anterior mediante formas de cogobierno interno democráticas con participación de toda la comunidad.

Solo eso permitirá aliviar a las familias y promover la elevación de todas las instituciones de educación superior existentes a la condiciones de establecimientos públicos de buena calidad. No solo los estudiantes, académicos y autoridades de las universidades respaldan esta sugerencia, sino también instituciones como la OCDE y el CEP y hasta el propio Ministro de Educación, que recientemente ha esbozado ideas parecidas.

Es el camino que el país utilizó en la reforma de fines de los años 1960, mediante el cual en cinco años duplicó la matrícula de educación superior, triplicó las sedes, quintuplicó los académicos a jornada completa y alcanzó la gratuidad, tanto de las instituciones estatales como las particulares que entonces existían y hoy conforman el CRUCH.

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