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La democracia y los conflictos de interés

por 17 abril, 2012

La raíz de esto se encuentra en el período contemporáneo, en las reformas económicas neoliberales que debilitaron al Estado en su autonomía y sus capacidades regulatorias, al tiempo que estas reformas hicieron posible un enriquecimiento sin precedentes de ese 1% más rico, que para multiplicar sus ganancias necesita entre otros, de la “cooptación” y docilidad de sectores de la clase política y otros agentes del Estado que actúan para promover o diluir (según sea el caso) leyes, proyectos, fallos judiciales, u otros actos de carácter administrativo, que afectan los intereses de esta nueva casta de poder.
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El tema de los conflictos de interés en las sociedades modernas se ha transformado en un mal endémico que afecta la calidad y legitimidad de los procesos democráticos. Parte del descrédito de la clase política e instituciones del Estado, tiene que ver con una amplia percepción ciudadana respecto a las “complicidades” que tienen las elites para beneficiarse a sí mismas, lo que como contrapartida significa la eventual desprotección y abusos permanentes que experimentan la mayoría de los ciudadanos en el mundo actual.

La raíz de esto se encuentra en el período contemporáneo, en las reformas económicas neoliberales que debilitaron al Estado en su autonomía y sus capacidades regulatorias, al tiempo que estas reformas hicieron posible un enriquecimiento sin precedentes de ese 1% más rico, que para multiplicar sus ganancias necesita entre otros, de la “cooptación” y docilidad de sectores de la clase política y otros agentes del Estado que actúan para promover o diluir (según sea el caso) leyes, proyectos, fallos judiciales, u otros actos de carácter administrativo, que afectan los intereses de esta nueva casta de poder cuyos tentáculos abarcan hoy en muchos países, todas las esferas de la actividad económica y los principales medios masivos de comunicación. También de las entidades educacionales donde se reproduce esta elite y donde se elaboran “estudios e investigaciones” que refuerzan la visión y mensaje que estos grupos buscan instalar como “sentido común” en la sociedad (hasta la crisis financiera del 2008 por ejemplo, que el Estado era “el problema”, y que lo mercados deben actuar con la menor intervención posible).

La raíz de esto se encuentra en el período contemporáneo, en las reformas económicas neo-liberales que debilitaron al Estado en su autonomía y sus capacidades regulatorias, al tiempo que estas reformas hicieron posible un enriquecimiento sin precedentes de ese 1% más rico, que para multiplicar sus ganancias necesita entre otros, de la “cooptación” y docilidad de sectores de la clase política y otros agentes del Estado que actúan para promover o diluir (según sea el caso) leyes, proyectos, fallos judiciales, u otros actos de carácter administrativo, que afectan los intereses de esta nueva casta de poder.

Casos de conflictos de interés y de la opacidad en la relación del dinero y la política hay muchos. Recientemente, un documental de HBO demostraba por ejemplo, como casi todo el equipo económico de la Administración Obama tiene vínculos directos con Bancos de Inversión y otras entidades de “Wall Street” responsables de la crisis financiera del 2008, lo que explica en parte, por qué el discurso contra los especuladores —y que sirvió de plataforma para el triunfo de Obama en el 2008—, no se ha plasmado hasta ahora en acciones efectivas para delimitar lo que estas entidades hacen, y sancionar a sus responsables (no hay ninguno de los involucrados de esta crisis en prisión, hasta el día de hoy). El Congreso de Estados Unidos, por su parte, tiene a más de un 60% de los Congresistas en la categoría de “millonarios”, muchos de los cuales tienen también vínculos directos con estos Bancos de Inversión ya mencionados. En Inglaterra, por otro lado, un alto dirigente del Partido Conservador fue descubierto recientemente cuando ofrecía a representantes de grandes empresas “acceso directo” al Primer Ministro, a cambio de importantes contribuciones monetarias.

En las llamadas “economías emergentes” por otra parte, son frecuentes las denuncias a compañías transnacionales o grupos económicos locales, que hacen importantes “contribuciones” u ofrecimientos de futuros contratos a autoridades, que son las que deben regular el accionar de estas entidades y conglomerados. Adicionalmente, estos grupos recurren frecuentemente al clientelismo a través de “prebendas” para “convencer” a comunidades locales de respaldar proyectos que tienen un impacto a veces devastador, en el medio ambiente. Y en Chile no nos quedamos cortos. Por el contrario, la “puerta giratoria” entre altos cargos públicos y el posterior ingreso a empresas relacionadas, se ha engrosado como nunca en los últimos años.

Por otra parte, algunos medios han informado en estas últimas semanas, del “lobby” de la industria de alimentos para debilitar el proyecto que busca regular productos altamente dañinos para la salud, mientras en el fútbol dirigentes de las sociedades anónimas recurren a sus contactos en el Parlamento, para evitar responder con el patrimonio propio, en una nueva ley que busca sancionar a los responsables de la violencia en los estadios.

Pero la situación más impresentable ha sido en este sentido, el reciente fallo sobre “Hidroaysén”, donde dos Supremos con evidente “conflicto de interés” inclinaron la balanza a favor de la empresa en este caso (nótese que se trata de dos abogados externos que no son de la carrera judicial, y que hicieron un ingreso posterior a este poder). Los llamados “conflictos de interés” van a seguir existiendo, porque como ya los señalamos, estos grupos, que ya tienen una inmensa influencia, requieren de leyes y fallos judiciales en sintonía con sus intereses más inmediatos. ¿Qué hacer sin embargo, para acotar el margen de acción de estos actores (que actúan desde la opacidad) y de paso rescatar en algo la credibilidad de nuestras instituciones democráticas?

1) Conseguir que finalmente se legisle sobre una ley que regule y transparente el “lobbysmo” en Chile

2) Legislar también sobre un financiamiento estatal permanente a la política, de manera de dar más autonomía a los legisladores frente a intereses poderosos

3) Hacer una modernización “en serio” del Estado, con funcionarios públicos de sólida formación profesional, que hagan carrera y bien remunerados, pero con restricciones importantes cuando hayan conflictos de interés, y con una prohibición de al menos dos años, para pasar a cargos en empresas privadas relacionadas

4) Incrementar sustancialmente el financiamiento público a entidades que defienden los derechos ciudadanos y del consumidor. En definitiva, avanzar hacia una versión renovada de los “checks and balances” (controles y contrapesos) que muchos neoliberales, en su obsesión con la llamada libre competencia (que más bien ha sido competencia desigual) “olvidaron” forma parte también de la tradición del liberalismo clásico y moderno.

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Envíada por Rodrigo Reyes S | 16 octubre, 2018

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