Afirmar que los disidentes son, en su mayoría, presos comunes además de irrespetuoso es ofensivo. En Cuba no hay presos políticos oficialmente, porque la doctrina oficial indica procesarlos por delitos comunes. Por esta razón hay muchos más que lo que realmente se conocen. Las opiniones contrarias al régimen son trastocadas en el delito de desacato o propaganda enemiga. Esto no es nuevo y mucho menos las muertes en las cárceles por huelga de hambre o trastornos de salud.
Después de leer la columna de Julio Sarmiento, quien se identifica como ex presidente de la FECh y militante comunista, titulada “Entendiendo a Cuba desde adentro”, no me queda más que responderla, por su inconsistencia, y el sofismo reiterado con que intenta paliar violaciones a los Derechos Humanos más que evidentes y que él mismo se da el gusto de señalar abiertamente. Respeto la posición del Sr. Sarmiento e incluso aplaudo que sea una muestra de la diversidad ideológica de los cubanos dentro y fuera de la Isla.
El Sr. Sarmiento aplica en su primer párrafo una descalificación abierta a los que descontextualizamos la realidad, “emigrados enojados con la realidad que les tocó vivir o disidentes exaltados por medios de comunicación externos.” Pasando esto por alto, solo puedo señalar que nuestras mutuas apreciaciones de la realidad cubana difieren.
Es por eso que trataré de señalar lo que considero errado en el texto del Sr. Sarmiento, léase errado como intento de manipular los hechos, al perder de vista que la soberanía y la autodeterminación radican en los pueblos y no en los gobiernos y que el bien jurídico superior debe ser la persona humana. Es así que no creo que el Sr. Sarmiento yerre de manera involuntaria en temas tan básicos como las libertades de movimiento o de expresión.
Asumo en este texto los puntos planteados por el Sr. Sarmiento en su mismo orden para que los lectores puedan asumir su propia opinión, más allá de los aportes de uno o de otro.
El Sr. Sarmiento señala que sólo los médicos recién graduados no pueden salir sin haber realizado trabajos previos para el país. Médicos con muchos años de graduados presentan dificultades para obtener permisos de salida de Cuba y estos pueden ser otorgados o denegados de manera arbitraria.
[cita]Afirmar que los disidentes son, en su mayoría, presos comunes además de irrespetuoso es ofensivo. En Cuba no hay presos políticos oficialmente, porque la doctrina oficial indica procesarlos por delitos comunes. Por esta razón hay muchos más que lo que realmente se conocen. Las opiniones contrarias al régimen son trastocadas en el delito de desacato o propaganda enemiga. Esto no es nuevo y mucho menos las muertes en las cárceles por huelga de hambre o trastornos de salud.[/cita]
A la mayoría de los médicos que solicitan emigrar de Cuba, les retienen los permisos por un mínimo de cinco años y les envían a establecimientos de menor jerarquía durante ese tiempo, aunque su calificación profesional sea mayor. De hecho, un alto número de los médicos cubanos que residen en Chile llegaron al país en misiones oficiales, pues las salidas privadas son, por regla general denegadas, sin importar los años de ejercicio.
Todo profesional universitario, no solo el personal médico sanitario, para realizar una salida privada del país, debe elevar, además de los permisos de salida comunes, una solicitud al Ministro de su ramo, que puede ser o no aceptada, sin posibilidad de reposición. Son comunes los casos de profesionales cuyos títulos son invalidados y las legalizaciones les son negadas en casos de emigración por cualquier causa.
Escapa a toda lógica, que el Sr. Sarmiento señale que las mayores restricciones las ponen los países receptores de cubanos; como si éstos estuvieran en la obligación de aceptar a todo migrante. Su apreciación culpando al país receptor, pasa por alto que es el Estado cubano quien viola el Art. 13 inciso 1 de la Declaración Universal de DD.HH. donde se plantea que toda persona tiene el Derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a él. Esto, sin hacer hincapié en el Decreto 217 que limita la movilidad interna en la Isla, imponiendo multas y deportación a sus lugares de origen a ciudadanos cubanos de regiones que emigren a la Habana, lo que no es solo una violación a la mencionada Declaración, sino también del Art. 43 de la Constitución de la República de Cuba.
EE.UU. y Cuba tienen un acuerdo por el que el primero debe otorgar veinte mil visas de residencia al año a ciudadanos cubanos. Acuerdo que, según el Sr. Sarmiento, EE.UU. incumple con el objetivo de incentivar las salidas ilegales. Discrepa en este punto el Sr. Sarmiento no solo conmigo, sino también con el Ministerio de RR.EE. de Cuba que señala en una nota oficial con fecha 12 de Enero del 2011, refiriéndose a la reunión de seguimiento del acuerdo entre ambos Gobiernos: “Se evaluó el cumplimiento de los compromisos contraídos por ambas partes con los acuerdos migratorios vigentes. En este intercambio se reconoció la disminución significativa de las salidas riesgosas entre Cuba y los Estados Unidos, como resultado de los esfuerzos emprendidos por los dos países para enfrentar el tráfico de personas y la emigración ilegal”. No sabemos cuál es la fuente consultada por el Sr. Sarmiento para sustentar sus dichos.
Según cifras oficiales entre 1994 y 1999 se otorgaron más de 95 mil visados a cubanos para emigrar a los EE.UU. y, en los últimos tres años, 108.979 cubanos obtuvieron el status de residencia permanente en EE.UU. según datos obtenidos en la web del Department of Homeland Security.
Olvida, además el Sr. Sarmiento que la Ley de Ajuste Cubano es una legislación de los Estados Unidos y que los cubanos emigran a los más disímiles lugares del mundo. Él mismo es un cubano emigrado en Chile. Las razones familiares son irrelevantes para exponer este punto.
Afirmar que la migración cubana es económica es una interpretación muy alejada del criterio global con el que se pretende disfrazarla. En primer lugar, contrario a “otros latinos”, los cubanos no tienen la menor posibilidad en su tierra de generar bienestar económico, debido a las limitaciones de índole político que les han impuesto. Nadie opta en primera instancia por emigrar. La familia y el lugar atan. Si los cubanos pudieran explotar posibilidades de desarrollo y crecimiento económico antes de tomar la decisión de emigrar y no se vieran obligados a la dependencia del Estado, entonces el Sr. Sarmiento tendría toda la razón. Pero esa posibilidad les está vedada.
En segundo lugar “los otros latinos” que viajan a EE.UU. lo hacen después de haber intentado, en sus países de origen, realizar alguna actividad económica que les permita desarrollarse. Al agotar sus posibilidades en el lugar que les vio nacer, intentan la emigración. Eso también pasa en Chile y no es de extrañarse. La emigración es un fenómeno global, pero la “peculiar realidad político social” con que el Sr. Sarmiento defiende la actualidad de la Isla no puede ser aplicada selectivamente para un tema u otro. En cualquier caso, estos emigrantes si pueden retornar a sus lugares de origen sin ninguna restricción y sin ninguna sanción de parte de sus gobiernos.
Remata este punto señalando que la campaña mediática enfatiza en “…los riesgos que están dispuestos a correr los cubanos para escapar del comunismo”. Pero nada se dice de los miles de latinos que corren los mismos riesgos en otras fronteras o de que ellos están escapando del capitalismo”. La respuesta no puede ser más básica. Si los miles de latinos que emigran a Europa, Canadá o EE.UU. escaparan del capitalismo, bien podrían solicitar visados o intentar emigrar a Cuba, Corea del Norte o China. Y no es tal.
La migración cubana sigue siendo política en tanto es el propio Gobierno cubano el que históricamente ha politizado dicha migración llamando a sus migrantes traidores y vende patrias y quién niega la entrada sin ulterior recurso a ciudadanos cubanos por estar más del tiempo permitido fuera del país.
Es cierto que el impedimento de EE.UU. a sus ciudadanos para viajar a Cuba podría ser una violación a los Derechos Civiles, pero ni el Sr. Sarmiento ni yo detentamos esa ciudadanía y el sistema judicial “gringo” tiene la independencia suficiente para declarar esa medida ilegal si así lo entendiere o le fuera solicitado. Mezclar peras con manzanas es solamente desviar la atención y justificar la actitud del gobierno cubano como algo que también pasa en los EE.UU. Algo que no aporta absolutamente nada a “entender a Cuba desde adentro” y que se intenta camuflar con el prisma foráneo. Dicha justificación implica además que “dos malas hacen una buena”, lo que viniendo de una persona con estudios universitarios es inaceptable.
Todos los cubanos tenemos restricción para el retorno si nos pasamos del año fuera de la isla, salvo los que cuentan con Permiso de Residencia en el Exterior. Además, todo cubano está en la obligación de, a partir del segundo mes de estadía fuera del país, pagar 1 dólar diario para tener “derecho” a retornar, lo que debe hacerse imperativamente antes del año. ¿No sé como pudo, el Sr. Sarmiento, haber olvidado este punto, que echa por tierra su sentencia?
Respecto a los viajes oficiales y la calificación de desertor. No es el país receptor el que califica de desertor a un cubano, ya sea médico, deportista o cooperante. No se ha visto jamás a un funcionario chileno ni a un ciudadano chileno diciéndole desertor en la calle a alguno de los tres miembros de la Brigada Médica Cubana que viajo tras el terremoto y que no regresaron a la Isla. Es el propio gobierno cubano el que lo hace, tanto en sus discursos oficiales como en sus medios de prensa y en el hecho de que les condena a no regresar a la patria indefinidamente. No es un resguardo para evitar quedar mal con los países con los que el gobierno cubano convenía estas misiones de profesionales. Es una sanción penal accesoria denominada destierro que se les impone sin juicio, sin sentencia y sin delito cometido. Esa es la práctica que debe condenarse y no la de los compatriotas que solo tratan de buscar algo de libertad y de apoyar económicamente a sus familias dentro de la Isla.
Sobre las “jugosas invitaciones” a deportistas no vale la pena opinar. Si estos no fueran considerados como patrimonio estatal socialista ni usados como material de propaganda por sus logros deportivos y se les permitiera elegir que hacer con sus vidas, ni su columna ni la mía tuvieran razón de ser. En términos chilenos, que es en el fondo nuestro público. Convendría preguntarle a Alexis Sánchez u otro destacado deportista qué opinaría si el Gobierno chileno le impidiera la entrada por haberse ido a jugar al extranjero, o peor aún, impidiera la salida de sus seres queridos de Chile, negando el encuentro familiar. ¿Quién sería responsable de limitar sus derechos, el Barcelona o el gobierno que le sanciona con el destierro por ejercer un derecho universal?
Afirmar que los disidentes son, en su mayoría, presos comunes además de irrespetuoso es ofensivo. En Cuba no hay presos políticos oficialmente porque la doctrina oficial indica procesarlos por delitos comunes. Por esta razón hay muchos más que lo que realmente se conocen. Las opiniones contrarias al régimen son trastocadas en el delito de desacato o propaganda enemiga. Esto no es nuevo y mucho menos las muertes en las cárceles por huelga de hambre o trastornos de salud. De muestra un botón, el líder estudiantil Pedro Luis Boitel murió en huelga de hambre en 1971 y Wilmar Villar murió en 2011. Muchos más perecieron durante esos 40 años en las cárceles.
Esas mismas cárceles que usted indica tienen mejores condiciones que en cualquier otro país. Siendo así, no se entiende como el gobierno cubano ha negado la entrada, en reiteradas ocasiones, a los inspectores de Naciones Unidas que han sido mandatados al efecto. Basta con ir a Youtube y buscar sobre las cárceles cubanas. Ahí se verá la realidad. En este punto, tampoco me ha sido posible encontrar las fuentes de las que dispone el Sr. Sarmiento para sus aseveraciones y ni siquiera alcanzo a suponer como puede asegurar las características de una cárcel cubana.
No obstante, por primera vez el gobierno cubano ha reconocido la existencia de presos políticos. Han hecho sucumbir su propia doctrina de la inexistencia en la liberación llevada a cabo con la Iglesia y el Gobierno español de Zapatero. La lógica es simple, nadie negocia a tan altos niveles por presos comunes. Los cubanos de a pie, más allá de los adornos propagandísticos del Granma y la Mesa Redonda saben, ahora oficialmente, que los presos sí son de conciencia y que la oposición es lo suficientemente fuerte como para formar parte del espectro de la Sociedad Política nacional. Estas razones, ya conocidas en el exterior, se han abierto a fuerza de huelgas de hambre y caminatas sonorizadas por escandalosos esbirros, al cubano común.
No son los vecinos quienes nominan a los candidatos como afirma el Sr. Sarmiento. Por espacio solo haré referencia a la elección a la Asamblea Nacional del Poder Popular, máximo órgano de poder del Estado, que sin embargo está supeditado constitucionalmente a los designios del Partido Comunista de Cuba, como “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
La Ley Electoral impone la creación de Comisiones de Candidaturas. Estas comisiones designan a los precandidatos que pueden ser: delegados electos de las Asambleas Municipales o ciudadanos, en el pleno goce de sus derechos electorales, que sean propuestos por la Comisión de Candidaturas Nacional. La Asamblea Municipal nomina, de este listado, a los candidatos a la Asamblea Nacional identificando, entre otras cosas, las organizaciones políticas y sociales a las que pertenece o, en lenguaje común, su nivel de compromiso con el “proceso revolucionario”. Este filtro excluye toda participación directa de las personas. Las comisiones están constituidas por miembros de las organizaciones de masas, en cuyos estatutos, sin distinción, aparece el PC Cubano como guía a la que se subordinan. Al ser igual el número de candidatos que el número de diputados a elegir, la elección se vuelve simple ratificación. Grosso modo, el error del Sr. Sarmiento en este punto es garrafal.
Otra vez desconozco la fuente del Sr. Sarmiento para arribar a sus conclusiones. La mía es la Ley 72, Ley electoral de la República de Cuba.
La idea de partido único en Cuba no viene desde José Martí. Esto es una manipulación, que todo aquel que tiene una somera idea de la obra martiana rechaza. La idea del Partido Revolucionario Cubano fundado por Martí se basó en enfrentar la lucha independentista con un solo puño, en un solo frente de cubanos unidos, pero una vez lograda la independencia generar una nación plural. Decía Martí: “Con todos y para el bien de todos”. El Partido Revolucionario Cubano: “…no tiene por objeto llevar a Cuba una agrupación victoriosa que considere a la Isla como su presa y dominio, sino preparar… la guerra que se ha de hacer para el decoro y bien de todos los cubanos…”. Desconozco si el Sr. Sarmiento tomó como fuente al propio José Martí o el último discurso de Raúl Castro ante la Primera conferencia del PC cubano en que interpreta a nuestro Héroe Nacional como el gestor doctrinario de la idea de partido único.
La gratuidad de la educación es muy relativa. En la educación primaria y secundaria no hay dudas, salvo por la ideologización de la enseñanza. En todos los textos cubanos hay culto a los líderes de la revolución y al comunismo. Recuérdese que en la Campaña de Alfabetización la frase utilizada para enseñar las vocales era: “Con la OEA o sin la OEA ganaremos la pelea”, justo en momentos en que Cuba era suspendida en ese foro.
Sobre la educación universitaria difiero sobre la gratuidad. Es preciso señalar antes que no estoy hablando de Chile ni de ningún otro país. Espero que si hubiere respuesta, lo que dudo, se centre en el tema cubano y no en comparaciones.
Si el Estado es el único empleador y el promedio de salario es de US$ 20 al mes. ¿Cómo sería posible cobrar a los padres algo por la enseñanza de sus hijos? En segundo lugar cada universitario debe realizar el servicio social como pago de su educación al país. Eso es justo, devolver lo que se ha invertido, pero cumplido esto debería acabarse la deuda con el Estado. Con las políticas migratorias desde hace 53 años la deuda se hace infinita, sobre todo si se es profesional médico sanitario.
Hay un punto incierto. Ningún trabajador estatal cubano conoce cuánto paga de impuestos al año ni bajo qué concepto. Al ser el Estado improductivo, los impuestos son imprescindibles. Cuánto de eso va a parar a educación o salud y cuánto de eso al mantenimiento del aparato burocrático represivo, es desconocido.
Sobre la seguridad social solo un roce. Es dudoso que una pensión de menos de la mitad del salario promedio cubano permita una vida digna en sus finales, máxime cuando los discursos de Raúl Castro se han caracterizado por anunciar a los cuatro vientos, la eliminación de subsidios y gratuidades.
Sobre la estabilidad laboral el Sr. Sarmiento debería escuchar más a Raúl Castro. 1,3 millones de empleados estatales cubanos quedaran disponibles en el transcurso de este año. Proceso que comenzó el año pasado con el despido masivo de 500 mil de ellos. Lo curioso y he aquí la “peculiar realidad político social” de Cuba, es que los despidos son llevados a cabo por la administración en conjunto con la única central sindical cubana. Misma organización sindical que, por Ley, encabeza las Comisiones de Candidaturas Electorales. No hubo ni habrá indemnizaciones por años de servicio. Los trabajadores cubanos no han ganado ese derecho. Solo la posibilidad de convertirse en “cuentapropistas”.
Cuba es, parafraseando al escritor cubano, C. A. Montaner, un socialismo sin subsidios y un capitalismo sin libertades.
La única inversión permitida en Cuba en las grandes esferas de la actividad económica es la extranjera. A los cubanos solo les esta permitido ejercer 178 oficios o servicios por cuenta propia. Esto, además de discriminatório, es un incentivo a la corrupción en las altas esferas de poder. Ellos representan a la parte cubana en dichas empresas. Chile tiene memoria fresca de esto.
No se puede afirmar que las medidas actuales tendrán larga vida. Se debe esperar el desarrollo de acontecimientos que signarán la economía cubana para tales aseveraciones. Tampoco es el primer proceso de reformas en Cuba. En 1986 se estableció el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, que concluyó en el cierre de los Mercados Libres Campesinos, lo que acrecentó la escasez provocada por la desaparición del mundo socialista. En el año 1992 se permitió y, pocos años después, casi se eliminó la iniciativa privada.
Sí fuera exitosa la extracción de petróleo en Cuba. ¿Continuaría la actividad económica privada en la Isla, aunque solo fuera en la forma de oficios y servicios precarios? Dar una opinión sobre el alcance, intención y desarrollo de estas reformas no es más que expresar deseos y expresar deseos no es la forma de hacer “entender a Cuba por dentro”.
Cuando los ciudadanos prosperan económicamente sin dependencia estatal se fortalece la Sociedad Civil. Los gremios (legales o no) harán valer sus intereses frente a las autoridades. Un régimen totalitario que abarca y tutela todo espacio en la sociedad, no pasa de un día a otro a ser autoritario. Sus expectativas de vida disminuirían considerablemente. El gobierno cubano sabe de esto.
Pretender que las discusiones convocadas desde el gobierno y sus entes, dentro del marco, de “modernizar el modelo socialista” son un ejemplo de libertad de expresión es un giro teórico, como mínimo, ingenuo. No puede haber libertad de expresión bajo las limitaciones de una discusión basada en la identificación al régimen. ¿Cómo podría ser libre alguien para expresarse si los cauces de la discusión ya vienen señalados? ¿Cree usted que un trabajador que tiene miedo a ser despedido podría, en su centro laboral, señalar que no le gusta el régimen y que debería ser cambiado?
La libertad de expresión es un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar. De lo contrario no tiene ninguna validez. En este caso la Constitución cubana ni siquiera lo garantiza, sino que lo limita desde su misma enunciación al señalar: “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”. En otra abierta violación de la Declaración Universal que prohíbe a los Estados limitar, modo alguno, los derechos reconocidos en ella.
Que la libertad de palabra y prensa estén garantizadas en la propiedad pública sobre los medios de comunicación y que usted afirme: “lo que no significa que estén controlados por el gobierno” no tiene precio. Un ejercicio a los lectores. Entre al sitio web de dos diarios en Cuba y distinga los titulares. Ahí verá si se rigen por políticas editoriales autónomas o no.
Pero seamos estrictos. Los derechos de manifestación y reunión también están limitados a la participación en las organizaciones sociales que el Estado reconoce y que, a su vez, reconocen al PC cubano como guía en sus estatutos. Toda otra organización u otra forma de ejercer estos derechos son, por ende, ilegales.
Es un secreto para mi, la fuente en que se basa el Sr. Sarmiento para enfatizar que “la mayoría del pueblo aspira a seguir avanzando por el camino socialista ya emprendido”. No sé de qué forma arribó a tamaña conclusión ni qué métodos de investigación social utilizó para ello. No me explico cómo alguien puede comprender el sentir de un pueblo que no tiene mecanismos para expresarse y además osar señalarlo como una conclusión inevitable.
Afirmar que las ideas de la Revolución Cubana convocan a los hombres más nobles del mundo es autorreferente y totalitariza la nobleza como actitud a favor de su ideología, convirtiendo al resto, que se oponga o disienta, en los antónimos perfectos.
No me convocan ideas de aquellos que encarcelan a los que disienten. No me convocan las ideas de aquellos que ordenan pegar a mujeres indefensas. No me convocan las ideas de los que dieron al traste con la autonomía universitaria en Cuba e hicieron desaparecer a las organizaciones de la sociedad civil. No me convocan las ideas de un gobierno que permite morir a sus prisioneros en huelga de hambre. No me convocan las ideas de un gobierno que envió tropas a cuanta guerra hubo, como satélite vulgar de una potencia extranjera. No me convocan las ideas de un gobierno que aceptó que una potencia extranjera plantara en suelo cubano misiles nucleares estratégicos. No me convocan las ideas de los que separan familias cubanas a diario con una política migratoria abusiva y sancionatoria. No me convocan las ideas de aquellos que han hecho, de la opresión a un pueblo entero, su modus vivendi.
Si a Usted, Sr. Sarmiento, le convocan, enhorabuena, pero le aconsejo que no jure nobleza.
