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Fondenor, descentralización y poder

por 18 mayo, 2012

Fondenor, descentralización y poder
Si el gobierno llega a acceder a las demandas de los alcaldes, lo más probable es que todo el diseño institucional centralizado siga igual, con la única salvedad que después de ello un grupo de municipios del norte, contará considerablemente con mucho más dinero que el promedio nacional para inversión comunal.

A riesgo de ser catalogado de impopular por los planteamientos que compartiré, quiero insistir sobre la hipótesis de que tanto Fondenor, Plan Aysén, Plan Chiloé y cualquier otro fondo compensatorio, de no ir acompañado de una profunda modificación a la forma de distribuir el poder del Estado en nuestros territorios, no soluciona el problema de centralismo y regionalización poco democráticas que tenemos en Chile. Por ejemplo, ¿Cuál es la discusión que hoy detiene la implementación del Fondo de Desarrollo del Norte (Fondenor)? Plata, la distancia entre los planteamientos de alcaldes del norte y la propuesta del Gobierno, tal como está hoy se reduce a dinero.

Como consecuencia, si el gobierno llega a acceder a las demandas de los alcaldes, lo más probable es que todo el diseño institucional centralizado siga igual, con la única salvedad que después de ello un grupo de municipios del norte, contará considerablemente con mucho más dinero que el promedio nacional para inversión comunal. Merecido para los municipios del norte, sí, es merecido, también es legítimo y merecido el Plan Aysén y el Plan Chiloé. No está en cuestionamiento de mi parte la legitimidad de las demandas territoriales, muy por el contrario, lo que quiero reivindicar es la gran oportunidad que tenemos hoy para modificar de manera sustantiva el centralismo, la regionalización y la relación entre los niveles de gobierno central, regional, provincial y municipal. Esta oportunidad no la debemos dejar pasar, si la discusión se restringe a más o menos dinero para el norte, todo seguirá igual.

Uno de los principales problemas es que todas estas medidas instrumentales (planes, fondos), no se visualizan enmarcadas en un conjunto mayor de reformas integrales de descentralización, ya sean propuestas por el Gobierno, parlamento o sociedad civil. Propuestas que consideren la democratización total de gobiernos regionales, más atribuciones fiscales para los municipios acompañadas de medidas de fortalecimiento de la sociedad civil, en aras de promover control ciudadano sobre autoridades y el uso de esos nuevos recursos públicos. O que incorpore el referéndum revocatorio a mitad de mandato en algunos municipios del país, como una forma de controlar el buen uso de los recursos públicos, ya sea a solicitud de ciudadanos como a solicitud de una parte del concejo municipal.

El actual Fondenor que propone el Gobierno, (algo distinto al del 2009) es un avance, pero en su justa dimensión, es decir, para proteger más que modificar al modelo centralista.

Asimismo, que bien haría que una reforma a la descentralización considere incentivar la incorporación permanente de profesionales calificados en aquellos municipios más vulnerables que no cuentan con capital humano suficiente para formular sus proyectos de inversión. Esto a propósito de la disparidad que se observa en algunos municipios del país que tienen Secretarías Comunales de Planificación (SECPLA) con 10 profesionales en comparación a otros municipios que cuentan con sólo 1 ó 2. Precisamente en este último grupo de municipios se encuentran algunos de los que se verían favorecidos con los nuevos recursos que considera el FONDENOR.

Por otro lado, por qué no pensar en la posibilidad de considerar como requisito de adjudicación de proyectos en los niveles regionales o ministeriales, la condicionante de que aquellos proyectos hayan sido priorizados en procesos ciudadanos participativos, evidenciables en los municipios proponentes. Otra propuesta recomendable para incorporarla en un paquete de reformas, sería considerar la posibilidad de que en la distribución del Fondo Común Municipal, se incorpore la variable de participación ciudadana como un requisito de distribución de aquellos recursos fiscales en los municipios del país. Esto, porque al menos resulta contradictorio evidenciar que muchos municipios que han impulsado y sostenido iniciativas de participación ciudadana (por nombrar algunos, San Antonio, Quillota, La Serena, Río Negro, Lautaro), coinciden en que para el estado centralista, esas iniciativas participativas no tienen ninguna valoración vinculante con asignación de recursos fiscales. Los ciudadanos comunes y corrientes, al igual que usted y yo, se motivan mucho más cuando encuentran incentivos reales asociados a su participación.

Por lo anteriormente expuesto, el actual FONDENOR que propone el Gobierno, (algo distinto al del 2009) es un avance, pero en su justa dimensión, es decir, para proteger más que modificar al modelo centralista. Por un lado, se reconoce un problema de compensación, se reivindica, pero por otro lado el Estado y no tan solo el Gobierno, no se hace cargo de la problemática de fondo de centralismo que padecemos en Chile por más de 150 años.

Con este tipo de iniciativas de apagar los incendios territoriales con medidas parche, podemos encontrar después una reivindicación por el fondo del vino, el fondo de la pesca, el fondo antártico, el Plan Ñuble, el Plan Curicó, etc. Tengo la sensación que es hora de pensar una gran reforma sobre Regionalización y Descentralización Democrática, que al menos recoja las distintas reivindicaciones territoriales (regionales, provinciales o municipales) provenientes de la elite intelectual, elite regionalista, sociedad civil, elite política nacional, y poner los intereses en juego sobre la mesa. Este acuerdo por la Regionalización y Descentralización Democrática, debiera ser capaz de contextualizar en una reforma mayor la elección de cores, intendente, las demandas por nuevas regiones, más atribuciones municipales, referéndum municipal, plebiscitos vinculantes, mayores atribuciones políticas y modernización del rol de los concejales, y ponerlas en un contexto de construcción de un Estado democrático y descentralizado. Todo ello para evitar seguir parchando al país en materia de descentralización, cuestión que finalmente se termina convirtiendo en una protección al propio centralismo.

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