Opinión
La nueva versión mantiene incólumes las definiciones más trascendentes del primer borrador. Se trata de cuestiones no menores y que merecen una revisión muy acabada por parte del Senado toda vez que afectan los principios de política exterior, la estructura de alianzas con grandes potencias, el rol de las FF.AA. en seguridad interior, la modalidad de financiamiento de la defensa, y los medios para cumplir aquellos objetivos.
Los parlamentarios de la Alianza tienen razón. Con la Defensa Nacional no se juega. Por lo mismo, constituyó un serio error publicitar una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSD) que asumía concepciones equívocas de seguridad. El documento fue presentado con gran ceremonial por el propio Presidente en el Palacio de La Moneda y enviado como documento oficial a otros gobiernos del continente. Luego nos enteramos que se trataba de un “borrador” y que estaba siendo objeto de “revisiones”.
Pues bien, la semana pasada el ministro de Defensa le entregó al Presidente del Senado un documento revisado y que contiene algunos matices en relación a la primera versión. Al polémico concepto de “seguridad ampliada” que ampliaba el rol de las FF.AA. para actuar en cuestiones de seguridad interior, se le agregó un párrafo para reafirmar que las funciones de los institutos armados son los que define la Constitución Política. Adicionalmente, se eliminó la figura del “Consejero de Seguridad” estableciéndose solo un comité interministerial.
Pero la nueva versión mantiene gran parte de los más problemáticos temas planteados en el mencionado “borrador”. Primero, reitera el supuesto que “a mayor interdependencia, mayores serán las amenazas a la seguridad”. Si ese fuese el caso, la mayor interdependencia global experimentada en los últimos 100 años debió estar acompañada por un aumento de conflictos bélicos. Sin embargo, la evidencia muestra una significativa reducción del número de conflictos armados en el mundo. El supuesto que ordena este documento no se corresponde con la realidad internacional.
[cita]El nuevo documento insiste en el involucramiento de las FF.AA. en materia de orden público interior al establecer que ellas podrán apoyar a las fuerzas de orden a requerimiento del Ministerio del Interior, en tareas asociadas a amenazas transnacionales (terrorismo, inmigración ilegal, tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico).[/cita]
Segundo, pone particular atención en las amenazas que se ciernen sobre el territorio nacional incluyendo amenazas de agresión externa estatales y transnacionales (ciberataques, terrorismo, crimen organizado), sin establecer jerarquías o una escala de prioridades o probabilidades en estos riesgos a la seguridad. Tampoco se refiere a los principios centrales de la política exterior chilena incluyendo la resolución pacífica de controversias y el respeto y promoción activa del derecho internacional.
Tercero, insiste en proponer un mecanismo de financiamiento de la defensa de carácter plurianual, con pisos mínimos y fondos especiales, todos temas que recién están siendo objeto de discusión en el Congreso Nacional. Es decir, impone la necesidad de establecer un financiamiento de largo plazo para un sector particular —la Defensa Nacional— basado en una visión estratégica que evidentemente no provoca consenso nacional. Todavía más, en la ENSD se detallan las necesidades específicas de cada arma incluyendo la cantidad de unidades acorazadas, mecanizadas, y la composición y características de las unidades navales y aéreas —más de 40 en total—. Se trata de un verdadero “shopping list” de medios para la Defensa que impone un fuerte compromiso político y económico una vez sancionado este documento.
Cuarto, el nuevo documento insiste en el involucramiento de las FF.AA. en materia de orden público interior al establecer que ellas podrán apoyar a las fuerzas de orden a requerimiento del Ministerio del Interior, en tareas asociadas a amenazas transnacionales (terrorismo, inmigración ilegal, tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico). El involucramiento de las FF.AA. en el control del narcotráfico en Centroamérica y México ha tenido consecuencias nefastas para dichas instituciones, por lo que este tema debiese ser materia de una concienzuda discusión.
Quinto, al asumir el gobierno un concepto de “seguridad ampliada” se está comprando la visión que durante muchos años ha buscado Estados Unidos para las fuerzas armadas en América Latina. Llama la atención que el único país que merece un apartado especial sea Estados Unidos con el cual “compartimos, igualmente, la preocupación por los riesgos y amenazas a la seguridad que representan fenómenos como el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y otras formas de crimen organizado…”. El gobierno declara su interés por profundizar su cooperación bilateral con dicha potencia “frente a situaciones que pudieran alterar la paz y estabilidad internacional”. Esta declaración rompe con la tradición de política internacional de Chile que había insistido en el uso de instancias multilaterales para la resolución de conflictos. Al definir una alianza bilateral en seguridad con Estados Unidos se podrían llegar a alterar incluso las vinculaciones con países vecinos, incluyendo por cierto a Argentina y Brasil.
En síntesis, la nueva versión mantiene incólumes las definiciones más trascendentes del primer borrador. Se trata de cuestiones no menores y que merecen una revisión muy acabada por parte del Senado toda vez que afectan los principios de política exterior, la estructura de alianzas con grandes potencias, el rol de las FF.AA. en seguridad interior, la modalidad de financiamiento de la defensa, y los medios para cumplir aquellos objetivos. Son tantos sus puntos débiles que sería conveniente dejar de parchar este documento e iniciar un proceso de nuevo. La Defensa es un asunto demasiado serio como para buscar soluciones de parche.
