Al filo de la Ley

Las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Maria Ignacia Benítez, referidas al fallo de la Corte Suprema que dictaminó la ilegalidad del proceso de autorización ambiental de la Central Termoeléctrica Castilla se sitúan en los bordes de la Constitución.

Dice el artículo 76 de la misma: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Y más adelante, en el inciso final del mismo artículo agrega: “La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar”.

Los razonamientos de María Ignacia Benítez no solamente califican los fundamentos del fallo, sino además señala que “incurre en errores y eso es complicado”. Más aún, considerando que la Corte Suprema se pronunció sobre un área que le pertenece a la institucionalidad ambiental, declara que «el fallo se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo. No estoy aquí para defender un proyecto determinado, sino que estoy por defender la institucionalidad ambiental».  

[cita]Lo actuado por la ministra Benítez es también un exabrupto de proporciones, pues ella, durante toda su vida profesional y hasta días antes de incorporarse al gobierno, ejercía de manera connotada la representación profesional de empresas en temas ambientales. Sus declaraciones, lejos de la legalidad constitucional a la que está obligada, la dejan a ella y al gobierno en el campo de una representación de intereses corporativos privados y no en la defensa del interés público como es la integridad de las instituciones.[/cita]

Parece de suyo natural que aquellos que ven frustrados sus intereses particulares, en este caso los inversionistas de MPX, consideren que el dictamen es polémico o que genera un clima de incertidumbre. Lo que no resulta claro es que la propia autoridad pública, cuya actuación fue enmendada por el máximo tribunal de la República por una contundente votación de 5 a 0, haga lo mismo. Menos aún, que fundamente sus dichos en una “supuesta defensa de la institucionalidad” frente a la propia Corte Suprema.

Tampoco parece apropiado que el gobierno, de una manera clara, no rectifique las declaraciones de la ministra, más aún cuando existen normas expresas, contenidas en el Capítulo sobre Bases de la Institucionalidad en la Constitución, que ordenan el comportamiento de los funcionarios públicos y lo obligan a ello. Al no hacerlo, aparece que la ministra actuó interpretando la opinión oficial del gobierno, lo que compromete directamente al Presidente de la República, su jefe directo, de acuerdo, una vez más, a lo que establece la Ley Fundamental.

El talente irritado del gobierno después de dos notorias sentencias de la Corte Suprema, entre estas aquella sobre la Central Castilla, no debiera herir u obnubilar a las autoridades, contribuyendo aún más a la crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones, ni menos aún contaminarlo de desacato permitido como aparece en el juicio de su ministra de Medio Ambiente.

Lo actuado por la ministra Benítez es también un exabrupto de proporciones, pues ella, durante toda su vida profesional y hasta días antes de incorporarse al gobierno, ejercía de manera connotada la representación profesional de empresas en temas ambientales.  Sus declaraciones, lejos de la legalidad constitucional a la que está obligada, la dejan a ella y al gobierno en el campo de una representación de intereses corporativos privados y no en la defensa del interés público como es la integridad de las instituciones.