jueves, 18 de octubre de 2018 Actualizado a las 21:31

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Lo que hay tras la defensa del lucro en educación

Bien vale la pena ampliar el argumento contra el lucro. Por estos mismos días, se ha informado por el ministro Longueira de la iniciativa de traspasar los fondos públicos de investigación administrados por Conicyt al Ministerio de Economía, para estrechar así el vínculo entre, digamos, la ciencia y los sectores productivos (“productivos” en ese limitado sentido en que se entiende la producción humana por estos días). Y aquí, como antes, podemos volver a plantear las preguntas que muchos nos hacemos cada día: ¿Por qué el Estado debe seguir subsidiando a los privados? ¿Hasta cuándo los ciudadanos debemos seguir tolerando el saqueo de nuestros bienes? Juzgue usted.
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Suponga que usted mismo/a es un/a Diputado/a de la República. Vale decir trabaja en/para una institución del Estado. En esa condición, goza de atribuciones y tiene ciertas obligaciones o, dicho de otro modo, por la investidura que detenta el Estado (la sociedad) le reconoce determinados derechos y le impone además un conjunto de deberes.

Para ejercer las atribuciones y obligaciones o tales derechos y deberes, propios de su investidura, usted necesitará —entre otras cosas— recursos económicos. Éstos debieran provenir o bien del Estado o bien de usted mismo o bien deberán ser provistos por un tercero. Dejando de lado ciertos pormenores, si usted no recibe del Estado los recursos necesarios para ejercer las atribuciones de su rol, entonces es quien le mandata el que primariamente le está desconociendo a usted las atribuciones y obligaciones, los derechos y deberes que definen su investidura.

En cuyo caso, su condición de Diputado/a de la República dependerá de si tiene el dinero suficiente o de que halle un mecenas quien financie su labor —y en ese caso, usted será o representante del mecenas o en el mejor de los casos de sí mismo—. Vale decir, si usted queda obligado a seguir alguno de estos dos últimos cursos de acción, entonces se habrá modificado —por no decir pervertido— la relación que usted —en cuanto Diputado/a de la República— mantiene con su mandante y como consecuencia necesaria el Estado como representante de los ciudadanos se habrá infringido una herida mortal.

Mutatis mutandis aplique este experimento mental a la situación de las universidades públicas —poniendo “Universidad” donde dice “Diputado/a de la República” bastará, según creemos— y tendrá una imagen meridianamente clara del momento por el que tales instituciones atraviesan. El ejemplo vale también para casos como el de Policía o Embajador y otros muchos.

Bien vale la pena ampliar el argumento contra el lucro. Por estos mismos días, se ha informado por el ministro Longueira de la iniciativa de traspasar los fondos públicos de investigación administrados por Conicyt al Ministerio de Economía, para estrechar así el vínculo entre, digamos, la ciencia y los sectores productivos (“productivos” en ese limitado sentido en que se entiende la producción humana por estos días). Y aquí, como antes, podemos volver a plantear las preguntas que muchos nos hacemos cada día: ¿Por qué el Estado debe seguir subsidiando a los privados? ¿Hasta cuándo los ciudadanos debemos seguir tolerando el saqueo de nuestros bienes? Juzgue usted.

Adicionalmente, podrá usted hacerse una idea acerca de por qué los razonamientos de legisladores como el diputado Arenas resultan absurdos. Le sugerimos algunas razones: a) su acusación de lucro a las fundaciones de la U. de Chile no se hace cargo de las responsabilidades del Estado hacia sus instituciones y la ciudadanía, es decir, no pone en entredicho al Estado mismo cuando, como ocurre en este caso, no cumple su tarea; b) su acusación implica reconocer que las universidades privadas lucran, es decir, que delinquen, buscando “igualar” en esta acción a las Ues privadas con las públicas —aparentemente— para disminuir “el delito de las primeras”; c) está señalando un camino para que alguien imagine cómo acabar con cualquier otra institución del Estado, entre las cuales se encuentran los propios legisladores, ¡uno de los cuales es él mismo!.

Sin embargo, no es sólo el diputado Arenas el que motiva nuestra participación en el debate sobre el lucro. En un artículo escrito todavía en caliente tras las movilizaciones estudiantiles de 2011, recién publicado por la revista Pro-Posições de la U. de Campinas en Brasil (http://www.scielo.br/pdf/pp/v23n2/a04v23n2.pdf), sostuvimos que el lucro es el “tema capitular” del Chile de hoy.

Esta vez ha sido el profesor Treviño de la Universidad Diego Portales que en este mismo medio, vuelve a abordar la cuestión aludida. Pues bien, precisamente en referencia a lo planteado por Treviño nos ha parecido conveniente efectuar precisiones, complementar sus puntos de vista y, finalmente, radicalizar algunas de las consecuencias que se siguen de la defensa del lucro en educación.

El título de la columna del profesor Treviño es injusto con el alcance de su punto de vista. En el título, señala que se referirá a “Falsas Verdades…” cuando lo que pretende hacer es negar la verdad de lo dicho o, mejor, sostener que lo dicho por el diputado Arenas es falso. En cuestiones argumentativas las falsas verdades no existen —tampoco sus opuestas: las verdaderas falsedades—. Otra cosa distinta, y creemos parece ser su intención, es que Treviño pretenda discrepar con el diputado, demostrando que sus argumentos son falaces. De hecho, es lo que dice cuando habla de “argumentación y conceptualización falaz”, pretendiendo expresar con ello que las acusaciones del diputado son “verdaderas en apariencia”, siendo claramente falsas.

La aclaración inicial de Treviño, por otra parte, señala que por “lucro” debe entenderse una maniobra que permite que parte o la totalidad de los excedentes económicos generados por la operación de las universidades privadas vayan a parar a manos de privados en forma de utilidades. De manera que el excedente económico generado sería “lucrativo” cuando es capturado por privados y no sería “lucrativo” cuando la apropiación del beneficio es pública —y a este fin está dirigida la alusión al beneficio social de la transferencia de conocimientos producido por muchas de las fundaciones universitarias—.

En este punto, no obstante, lo que entendemos que Treviño está diciendo es algo más directo y jurídicamente evidente: describe literalmente un delito. Por lo que no tiene mucho sentido hacer precisiones acerca de si las prácticas de las instituciones universitarias privadas deben llamarse lucrativas o no —prácticas que el diputado Arenas pretende empatar con las de universidades públicas, mediante el ardid de que por la noche todos los gatos son negros—. En palabras de Treviño: “Esto genera un grave conflicto de interés que va en contra del espíritu de la ley que prohíbe el lucro en la educación superior”. Tampoco, por cierto, tiene sentido decir nada sobre “transparentar” el uso y destino de los recursos, cuando éstos son el resultado de un ilícito/ crimen, por mucho que éste sea de cuello y corbata: el crimen no paga –rezaba la expresión atribuida a Dürrenmatt.

Los procedimientos del ilícito son, sin embargo, todavía más reprochables —si cabe. Mientras hemos debido aceptar que las leyes de oferta y demanda regulen el mercado de la educación —pese a su incapacidad para pasar muchas de las “pruebas técnicas” relativas al perfeccionamiento de la calidad de la educación producida por la libertad de enseñanza y la libre competencia—, en parte importante porque no se ha demostrado su ilegalidad, los partidarios del mercado educativo han descubierto que la mejor forma de maximizar su inversión reside justamente en violar el aura sagrada de esas mismas leyes que se exige que todos respetemos.

En efecto, el carácter aberrante del lucro radica en que se necesita que el traspaso de los bienes y servicios que los controladores de las universidades privadas se hacen a sí mismos tenga lugar –extrañamente- a precios que no son de mercado. Más caro o más barato, según (les) convenga. Si aceptamos que esto ocurra, retrocedemos a un estado de barbarie donde clanes y grupos, sin dios ni ley, imponen por la fuerza o la oportunidad sus propios intereses que, como en este caso, parecieran ser delictivos.

Bien vale la pena ampliar el argumento contra el lucro. Por estos mismos días, se ha informado por el Ministro Longueira de la iniciativa de traspasar los fondos públicos de investigación administrados por Conicyt al Ministerio de Economía, para estrechar así el vínculo entre, digamos, la ciencia y los sectores productivos (“productivos” en ese limitado sentido en que se entiende la producción humana por estos días). Y aquí, como antes, podemos volver a plantear las preguntas que muchos nos hacemos cada día: ¿Por qué el Estado debe seguir subsidiando a los privados? ¿Hasta cuándo los ciudadanos debemos seguir tolerando el saqueo de nuestros bienes? Juzgue usted.

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