Señor Director:
El día 2 de octubre los profesores Alarcón y Donoso aluden a una columna publicada por mí en días pasados en “El Mostrador”, donde critico la argumentación del diputado Arenas que sugiere que en la Universidad de Chile existe lucro.
En primer lugar, los profesores critican, con razón, que en el título de mi columna usé la frase “Falsas verdades…” como una especie de antonimia radical que, sin duda, no fue el juego de palabras más feliz para expresar la argumentación falaz del diputado Arenas. Agradezco a los profesores esta precisión porque rescatan el fondo del asunto a pesar del inexacto juego de palabras que utilicé.
En segundo lugar, los académicos aludidos infieren que cuando se da el lucro en educación superior se incurre en un delito. Si bien esto es correcto, el problema es que la ley y su reglamento prohíben el lucro en educación y, simultáneamente, dejan grandes vacíos regulatorios que permiten lucrar legalmente —es decir, sin violar la norma legal— a través de sociedades relacionadas. Esto se parece bastante al lavado de dinero que realizan, por ejemplo, los narcotraficantes.
Finalmente, aprovecho la oportunidad para hacer un punto adicional. Es necesario no confundir el lucro con el pago de salarios. Mañosamente, el diputado Arenas sugiere que los salarios y honorarios que reciben los académicos que participan en los proyectos desarrollados por las fundaciones en la Universidad de Chile son equivalentes al lucro. Evidentemente, esto se trata de un error conceptual profundo, pues en cuanto a derecho laboral la constitución garantiza que el trabajo debe ser pagado con una “justa retribución”. Al recibir salarios u honorarios no se viola la ley. El lucro, insisto, consiste en el retiro de excedentes económicos en forma de utilidades que, en el caso de algunas universidades privadas, se da mediante artificios que aprovechan las lagunas legales.
Ernesto Treviño
Director del Centro de Políticas Comparadas de Educación
Universidad Diego Portales
