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El Litio, el perdonazo a Johnson’s y el Estado

por 9 octubre, 2012

La subordinación del Estado a estas lógicas implica la destrucción de “lo público” como valor central del ejercicio funcionario, porque, aunque les incomode, las autoridades de Gobierno también lo son. La construcción de un Estado moderno, eficaz y eficiente, nada tiene que ver con el ejercicio discrecional en la gestión, y la moribunda agenda de modernización debe plantearse reformas que enfrenten estas falencias que, sin ser nuevas, han resurgido en este período.
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La renuncia del subsecretario Wagner, sin duda, fue la noticia de la semana pasada en los pasillos del Estado. Incluso, el Presidente de la República se sintió interpelado a pronunciarse, puntualizando que “cuando se cometen errores, las personas tienen que asumir su responsabilidad y ahí se entiende la renuncia del subsecretario”.

Todo chileno informado podría enumerar una lista extensa de los “errores” a los que alude el Presidente. Los últimos meses han sido prolíficos en ácidos intercambios sobre decisiones tomadas por diversas reparticiones públicas. Las listas de espera AUGE, la Casen, el Censo 2012 han sido los episodios recientes de mayor impacto público, trascendiendo incluso a la prensa internacional. Pero a la fecha, Pablo Wagner es el único personero de Gobierno que “ha asumido su responsabilidad”.

El gobierno, el propio Presidente, han destacado el hecho como “señal de transparencia y responsabilidad”. Sin embargo, la línea argumental resulta del todo cuestionable en el contexto general de crítica respecto de la eficacia y eficiencia en la gestión estatal.

La subordinación del Estado a estas lógicas implica la destrucción de “lo público” como valor central del ejercicio funcionario, porque, aunque les incomode, las autoridades de Gobierno también lo son. La construcción de un Estado moderno, eficaz y eficiente, nada tiene que ver con el ejercicio discrecional en la gestión, y la moribunda agenda de modernización debe plantearse reformas que enfrenten estas falencias que, sin ser nuevas, han resurgido en este período.

Para profundizar el análisis resulta útil comparar las aristas del proceso de licitación del Litio con las del perdonazo a Johnson's. Las similitudes son evidentes: ambos tienen fuertes repercusiones económicas, involucran cifras multimillonarias y a empresas cuyos vínculos políticos con el gobierno son de sobra conocidos; también porque se trata de autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la República, ejerciendo facultades discrecionales de los cargos que sirven; pero sobre todo, porque están marcados por los conflictos de interés que han cruzado al gobierno del Presidente Piñera.

Es más, en ambos casos, las autoridades parecen seguir un guión escrito ad hoc para estas ocasiones: los personeros con conflictos de interés, el Ministro de Solminihac y las dos máximas autoridades del SII, Julio Pereira y Mario Vila, afirman haberse inhabilitado; las decisiones habrían recaído en subalternos y “equipos técnicos”; la reacción ante las denuncias de irregularidades ha sido negarlas de plano y respaldar las actuaciones; ante la evidencia de procedimientos cuestionables o irregulares, los voceros de Gobierno se sumergen en un profundo silencio, dando continuidad a su aprobación.

La pregunta entonces es: ¿cuál es la diferencia fundamental entre ambos procesos, para que sólo en uno existan “personas que asumen su responsabilidad”?

La respuesta la expresó el propio Wagner: no cumplió el objetivo, su desprolijidad arruinó el negocio en marcha e hipotecó las opciones futuras de SQM. Pereira y Vila, en cambio, cumplieron: resolvieron la multimillonaria condonación, que era condición para la posterior venta de Johnson’s a Cencosud y mantuvieron la operación en secreto durante meses.

El mensaje del gobierno es claro, estamos ante la traslación de la más pura lógica empresarial al Estado. Las normas de probidad, la transparencia en la actuación pública, nada tienen que ver con la renuncia de Wagner: la “razón de negocio” es la vara con que el gobierno mide a sus cargos de confianza.

La subordinación del Estado a estas lógicas implica la destrucción de “lo público” como valor central del ejercicio funcionario, porque, aunque les incomode, las autoridades de Gobierno también lo son. La construcción de un Estado moderno, eficaz y eficiente, nada tiene que ver con el ejercicio discrecional en la gestión, y la moribunda agenda de modernización debe plantearse reformas que enfrenten estas falencias que, sin ser nuevas, han resurgido en este período.

En lo inmediato, las instituciones de control del Estado (la Contraloría, el Poder Judicial y la Cámara de Diputados) deben cumplir su misión y responder ante estas alertas. De lo contrario, están condenadas a avalar la profundización del camino de desprestigio y desapego que la ciudadanía tiene respecto de las instituciones públicas que debieran estar a su servicio.

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