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Las elecciones de Noviembre y el futuro de la riqueza privada

por 17 junio, 2013

Las elecciones de Noviembre y el futuro de la riqueza privada
Las cifras confirman, pues, que el modelo chileno ha seguido privilegiando el crecimiento como estrategia de desarrollo económico basado en la propiedad privada y la subsidiariedad del Estado, con buenos resultados en materia de generación de riqueza, aunque con problemas distributivos que se expresan en estudios según los cuales el ingreso per cápita de las 1.200 personas más ricas llega a unos $ 416 millones mensuales, es decir, sobre 800 veces el ingreso promedio del 80% de los trabajadores chilenos ($ 500 mil), lo que transforma al país en uno de los más desiguales del mundo.

Según datos del reporte “Mantener el impulso en un mundo complejo: riqueza global 2013”, del Boston Consulting Group, la riqueza financiera privada en Chile —cálculo que incorpora todos los activos financieros de las familias, más fondos de pensiones, excluyendo inmuebles y participaciones controladoras en empresas— tuvo un crecimiento de 6,9 % en 2012 respecto del año anterior, alcanzando a los US$ 330.541 millones (alrededor de 1,2 veces el PIB del país).

La cifra se explica por la existencia de 4.258.967 hogares que poseen entre US$ 1 y US$ 100 mil, cuya cantidad se redujo en 0,9 % en 2012; 353.033 familias con un nivel de riqueza superior a los US$ 100 mil —31,4 % más que en 2011—, de las cuales las que tienen entre US$ 100 mil y US$ 250 mil llegan a los 310.081, mientras los hogares que cuentan con recursos entre US$ 250 mil y US$ 1 millón registraron un incremento de 14,1 %, alcanzando a casi 36 mil. Otras 7 mil familias poseen más de US$ 1 millón para invertir y, de ellas, 1.051 superan los US$ 5 millones. En la cumbre de la pirámide hay 65 familias con más de US$ 100 millones para invertir y que acumulan un total de US$ 60.738 millones de los US$ 330.541 millones de riqueza financiera nacional, es decir, el 21,7 % del PIB, equivalente al Presupuesto de la Nación 2013.

Si en noviembre la sociedad chilena aprobara mayoritariamente dar un vuelco a la estrategia de crecimiento vía libertad de asignación de los recursos privados, seguida en los últimos 30 años, hacia una de redistribución tributaria para una mayor igualdad económica, lo que se debería sincerar, desde ya, es que el costo de la decisión será un menor ritmo de crecimiento, dado que el volumen de riqueza privada que se destinaba a proyectos de alto y rápido retorno, disminuirá, aunque, por cierto, los dineros desviados —dependiendo de la profundidad de la intervención— pudieran mejorar la sustentabilidad social y política.

Con esta riqueza privada, Chile es el tercero de América Latina después de Brasil, con US$ 1,4 millón de millones y México, con casi US$ 1 millón de millones, aunque ambas naciones nos superan en población en, al menos, 9 veces. Colombia es nuestro seguidor más cercano, con US$ 264.372 millones.

Chile nunca había tenido más millonarios en su historia republicana y el nivel de acumulación relativa de capital sólo es comparable con los períodos de mayor expansión de las explotaciones de oro (1810-1830), carbón (1840-1860) y salitre (1880-1900), lapsos durante los cuales, empero, el número de familias millonarias no superaba el millar, la mayoría de quienes hizo su riqueza en torno a la minería y posteriormente en agricultura y comercio. En la actualidad, en cambio, los millonarios chilenos operan en los más variados ámbitos de la actividad económica tradicional y moderna, mientras la gran minería muestra mayor presencia de extranjeros que nacionales privados o estatales.

La relevancia de esta amplia presencia de millonarios que tributan en Chile es que unas 10 mil familias pueden decidir los destinos de casi el 22 % del PIB, un poder económico equivalente al del Estado, cuyo Presupuesto anual es cercano al 21 % del PIB (US$ 60 mil millones), recursos que en su mayoría corresponden a impuestos y que son gastados en administración (25 %) y extensos programas sociales y previsionales (75 %).

La significancia política de este tipo de asignación de recursos es evidente: la toma de decisiones económicas la hacen mayoritariamente privados, apuntando hacia la mayor rentabilidad potencial de sus inversiones, hecho que, de una parte, hace crecer la riqueza a mayor velocidad, permitiendo aumentar la disponibilidad social de recursos (empresas, trabajo, tecnología), y de otra, impulsa a segmentos bajo la cúspide, tal como se observa en el estudio: el grupo que más creció en 2012 fue aquel cuyos activos líquidos invertibles van entre US$ 100 mil y US$ 250 mil, alza que a su turno se explica por el ascenso de más de 40 mil personas desde el conjunto con menos riqueza disponible. Los hogares que poseen recursos entre US$ 250 mil y US$ 1 millón también engrosaron su número en más del 14 %.

Otro aspecto destacable es que estos millonarios, al contrario de sus pares de América latina, prefieren invertir en el país y sólo 7 % (US$ 24.052 millones) del total de la citada riqueza privada chilena (US$ 330.541 millones) está colocada en otras naciones. El 93 % restante (US$ 306.488 millones) está invertido en acciones y bonos locales. La tendencia se apoya en el alto crecimiento del PIB de los últimos años, la mayor capacidad de ahorro de los hogares —cuyo volumen se elevó al 34 % del total en 2012 (unos US$ 20 mil millones)— los fondos en las AFP, que suman más de US$ 161 mil millones y la apreciación de las acciones de empresas chilenas, producto de mayor demanda por sus títulos, hechos que constituyen claras señales de la confianza del inversor local en la economía nacional y asegura cierto ritmo de crecimiento para los próximos años.

Las cifras confirman, pues, que el modelo chileno ha seguido privilegiando el crecimiento como estrategia de desarrollo económico basado en la propiedad privada y la subsidiariedad del Estado, con buenos resultados en materia de generación de riqueza, aunque con problemas distributivos que se expresan en estudios según los cuales el ingreso per cápita de las 1.200 personas más ricas llega a unos $ 416 millones mensuales, es decir, sobre 800 veces el ingreso promedio del 80 % de los trabajadores chilenos ($ 500 mil), lo que transforma al país en uno de los más desiguales del mundo.

Esa dirección estratégica es la que parece estar hoy en entredicho por parte de diversos sectores sociales y políticos que apuestan a reunir una masa crítica electoral destinada a conseguir cambios que posibiliten redistribuir dicha riqueza, vía reasignaciones efectuadas desde la fuerza jurídica del Estado, mediante, por ejemplo, cambios al sistema tributario, previsional o la creación de empresas estatales. Esto, en los hechos, implica entregar mayor papel económico al Fisco y sus administradores, recogiendo recursos que los privados habrían destinado alternativamente a proyectos de mayor y más rápida rentabilidad económica —aunque no necesariamente con impacto redistributivo— para ser desviados hacia gastos sociales que eventualmente reduzcan una desigualdad que, para estos sectores, aparece como el mayor problema a resolver en el país.

Si en noviembre la sociedad chilena aprobara mayoritariamente dar un vuelco a la estrategia de crecimiento vía libertad de asignación de los recursos privados, seguida en los últimos 30 años, hacia una de redistribución tributaria para una mayor igualdad económica, lo que se debería sincerar, desde ya, es que el costo de la decisión será un menor ritmo de crecimiento, dado que el volumen de riqueza privada que se destinaba a proyectos de alto y rápido retorno, disminuirá, aunque, por cierto, los dineros desviados —dependiendo de la profundidad de la intervención— pudieran mejorar la sustentabilidad social y política, morigerando el malestar de quienes se sienten fuera de los avances conseguidos hasta ahora y que pudieran resultar beneficiados.

Es de esperar, pues, que pensando en los desafíos de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, quienes eventualmente realicen dicha redistribución (personas con intereses, al fin y al cabo, tal como los actuales agentes asignadores) destinen dichos fondos a mejorar la calidad de la educación, asegurándola como derecho universal; a proporcionar mayor seguridad pública y acceso general a una salud de excelencia. Solo así esos recursos serán inversión rentable a largo plazo, ayudando a un ulterior crecimiento y no simplemente gasto y consumo que resuelva problemas coyunturales, retrasando el ritmo de nuestro andar hacia un real estado de desarrollo.

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