Notar la falacia del uso alternativo de los recursos: aquí no hay recursos adicionales que compitan con otras prioridades del Estado, el país ya gasta 136.000 millones de dólares mensuales en educación superior. Lo que estamos haciendo en este ejercicio es simplemente traspasar el gasto privado a gasto público, vía recaudación de impuestos, es decir: redistribución.
Aunque la propuesta de gratuidad universal en el sistema de educación superior es un cambio de paradigma en Chile, en realidad en la mayoría de los países de la OECD es un hecho que ha marcado la agenda social desde hace décadas, incluso cuando ellos eran más pobres de lo que es el Chile actual. Hoy en nuestro país entendemos a la educación como un bien de consumo, que, por ende, tiene un precio de mercado, y las personas lo compran en la medida que sus ingresos se lo permiten.
Michelle Bachelet ha propuesto transitar hacia un sistema en el cual la educación sea un derecho social, es decir, la educación de cada uno sea responsabilidad de todos. El concepto básico es que el acceso de los estudiantes no dependa de su capacidad para comprar en el mercado sino que existan protocolos de acceso públicos, que sean compartidos por todos. Se requiere, además, que el financiamiento de la educación sea en relación a nuestra capacidad contributiva. Es decir, los ricos contribuirían más que los pobres. La “gratuidad” se refiere a la ausencia de un precio de mercado en este derecho social que es la educación. Esta es la forma como en la mayoría de los países de la OCDE se financia la educación, especialmente en los países escandinavos. En este artículo, se ilustrará por qué es una falacia suponer que la gratuidad universal es financiar a los más ricos.
[cita]Notar la falacia del uso alternativo de los recursos: aquí no hay recursos adicionales que compitan con otras prioridades del Estado, el país ya gasta 136.000 millones de dólares mensuales en educación superior. Lo que estamos haciendo en este ejercicio es simplemente traspasar el gasto privado a gasto público, vía recaudación de impuestos, es decir: redistribución.[/cita]
Usando los datos más recientes que tenemos provenientes de Casen 2009 (en Casen 2011 aún no se encuentran disponibles los datos de costos de la educación superior) presentaré un ejercicio hipotético para mostrar como algo así funcionaría. En este ejercicio, primero se calcula cuánto cuesta la gratuidad universal y cuánto está pagando actualmente cada decil de ingreso, y finalmente evaluaremos tres esquemas de impuestos progresivos para financiar una propuesta de gratuidad universal.
El costo promedio mensual de la carrera de los estudiantes de educación superior por decil de ingreso es de aproximadamente 164,000 pesos mensuales incluyendo todas las universidades, públicas y privadas. Siendo 146,000 pesos mensuales para el 10 % más pobre y 238,000 pesos mensuales para el 10 % más rico (Columna 2 en Tabla Adjunta). Estas diferencias se deben a los tipos de instituciones y carreras. Podemos decir que se está pagando un precio de mercado. Eso es obviamente regresivo, ya que los ingresos del 10 % más pobre son significativamente más bajos que los del 10 % más rico: mientras el costo de educarse para los hogares del 10 % más pobre que tienen alguien asistiendo a educación superior corresponde al 109 % de sus ingresos, para el 10 % más rico ese es 6 % de sus ingresos.
Ahora bien, la suma total de todo el gasto mensual de todos los estudiantes de todos los deciles es aproximadamente 137.000 millones de pesos mensuales, o 3,200 millones de dólares anuales (Columna 3 en Tabla Adjunta). Este sería aproximadamente el costo anual de la gratuidad universal en educación superior. Esto corresponde a 4,600 millones de pesos mensuales para el 10 % más pobre (76 millones de dólares anuales o 0,04 % del PIB anual) mientras que de 33,400 millones de pesos mensuales para el 10 % más rico (800 millones de dólares anuales o 0,4% del PIB anual).
A continuación mostraremos que si la educación superior fuera gratuita, en el sentido de que nadie paga un precio de mercado, pero todos contribuyen en relación a su capacidad contributiva, los más ricos pagarían mucho más de lo que actualmente gastan.
Supongamos que solamente le cobramos un impuesto a los más ricos y con eso financiamos la educación superior de todos. Con un impuesto del 9,9 % al 10 % más rico financiamos los 137.000 millones de pesos mensuales que necesitamos (Columna 4 en Tabla Adjunta). Esto significaría que todo lo paga el 10 % más rico. Lo que pagan los más ricos es cuatro veces mayor que lo que pagan actualmente por comprar educación en el mercado. Es decir, si existiera gratuidad universal bajo este esquema el gasto en educación del 10 % más rico aumentaría en 100,000 millones de pesos mensuales. Es más este ejercicio subestima la diferencia, ya que en realidad el precio de mercado se paga solamente por 5 años, mientras que el impuesto se pagaría por toda la vida.
Es verdad que esta sería una forma muy progresiva de hacerlo, pero creo que no es estable social y económicamente. Uno quisiera cargarle relativamente más a los que son más ricos, pero no todo.
Una alternativa sería implementar un impuesto progresivo de la siguiente manera: el 20 % más pobre no paga el impuesto, 20 % siguiente paga 1 %, 20 % siguiente paga 1.5 %, 20 % siguiente paga 2 %, 10 % siguiente paga 3 % y 10% más rico paga 7 %. Todo esto financia el costo mensual total de todos los estudiantes del país (Columna 5 en Tabla Adjunta). En este caso, el 10 % más rico gastaría 97,300 millones de pesos mensuales, lo que también es significativamente mayor que si el más rico paga el precio de mercado, su gasto es 3 veces mayor. Mientras tanto todo el resto de los deciles mejora su posición, en el sentido que con gratuidad universal gastaría menos que ahora.
Ahora bien, una propuesta interesante que se ha discutido es la de crear un impuesto especial para los graduados de educación superior. Nace de corregir la actual propuesta de financiamiento de este gobierno que crea un crédito contingente al ingreso para el 90 % más pobre, en los siguientes puntos: 1) incorporando al 10 % más rico y 2) cobrando a todos los graduados un impuesto especial por la misma cantidad de años (Ver Atria y Sanhueza). Entonces, supongamos que solamente a los trabajadores con educación superior le cobramos un porcentaje de sus ingresos para financiar a los actuales estudiantes. Con un impuesto de 8,5 % a sus ingresos se financia completamente la gratuidad en educación superior (Columna 6 en Tabla Adjunta). En este caso el 10 % más rico pagaría 91,700 millones de pesos mensuales, lo que es casi el triple de lo que actualmente gasta.
Por lo tanto, no es cierto que la gratuidad universal favorezca a los más ricos. En cada uno de los casos que aquí modelamos se favorece al 90 % de menores ingresos, en el sentido que estos hogares terminan gastando menos en educación superior, y no favorece al 10 % más rico. El financiar con impuestos progresivos la educación de todos implicaría trasladar gastos que las familias privadamente están ya realizando de manera bastante regresiva, a un sistema más progresivo. Notar la falacia del uso alternativo de los recursos: aquí no hay recursos adicionales que compitan con otras prioridades del Estado, el país ya gasta 136.000 millones de dólares mensuales en educación superior. Lo que estamos haciendo en este ejercicio es simplemente traspasar el gasto privado a gasto público, vía recaudación de impuestos, es decir: redistribución.
Este ejercicio es hipotético y no considera cambios en el acceso a educación superior, que probablemente existirían de parte de los sectores de menores ingresos si algo así se implementara, aunque sí íncluye que todos paguen los impuestos que corresponden.
