Opinión
Piden diálogo, pero por la vía de la fuerza y para defender lo indefendible: un supuesto derecho suyo de atentar contra un acto propio de la democracia, como es el acto de sufragar. La autoridad, en tanto, considera que ese diálogo es posible y conveniente, aun cuando las condiciones bajo las cuales se reclama no sean de mínimo respeto y acato a normas penales que el resto de los ciudadanos debe cumplir a rajatabla. Normas que, por cierto, existen para proteger determinados bienes y no por mero capricho del legislador.
No son dueños de sus colegios, pero los ocupan. Y poco se puede decir al respecto si la autoridad no solo ha avalado ese acto de violencia con su debilidad, sino que le ha dado rango de derecho en el momento mismo en que estableció condiciones de legitimidad para que pudieran apropiarse de ellos.
No tienen derecho a pedir diálogo, pero lo exigen. Nada que hacer, si quienes tienen poder los tratan como a interlocutores válidos para abordar una cuestión de la que no tienen idea, porque de educación no saben nada (y de modales menos).
[cita]Estoy hablando de menores de edad, menores que las leyes no habilitan para votar ni para comprar una cajetilla de cigarros. Menores que requieren de la autorización de sus padres para salir del país, menores que no pueden ocupar cargos públicos ni manejar un auto, pero sí los destinos del país en el día de una elección. Menores que no leen un libro al año y que si lo leen, no entienden lo que dice. Menores cuyo gusto musical confirma que están aún en estado de barbarie y que no conocen otro lenguaje escrito que el del chat, ni otra idea que la consigna.[/cita]
Piden diálogo, pero por la vía de la fuerza y para defender lo indefendible: un supuesto derecho suyo de atentar contra un acto propio de la democracia, como es el acto de sufragar.
La autoridad, en tanto, considera que ese diálogo es posible y conveniente, aun cuando las condiciones bajo las cuales se reclama no sean de mínimo respeto y acato a normas penales que el resto de los ciudadanos debe cumplir a rajatabla. Normas que, por cierto, existen para proteger determinados bienes y no por mero capricho del legislador.
Abdicación general: del Gobierno, de los alcaldes, del Servel, de los partidos políticos, de los candidatos… frente a un grupo de estudiantes. Renuncia a las obligaciones que tienen en virtud de un mandato (real y no supuesto) conferido por la ciudadanía.
Renuncia que es, por lo demás, cobarde, porque advierte de los posibles riesgos que podrían derivarse de la intervención de los militares, como si esos riesgos no tuvieran relación alguna con el hecho de que ellas (las autoridades competentes involucradas en el conflicto) hayan decidido lavarse las manos a lo Pilatos, para acusar después y en caso de que haga falta, a las Fuerzas Armadas de haber producido un “baño de sangre”.
Estoy hablando de menores de edad, menores que las leyes no habilitan para votar ni para comprar una cajetilla de cigarros. Menores que requieren de la autorización de sus padres para salir del país, menores que no pueden ocupar cargos públicos ni manejar un auto, pero sí los destinos del país en el día de una elección. Menores que no leen un libro al año y que si lo leen, no entienden lo que dice. Menores cuyo gusto musical confirma que están aún en estado de barbarie y que no conocen otro lenguaje escrito que el del chat, ni otra idea que la consigna. Menores que interrogados por hitos fundamentales de la historia de Chile, demuestran una ignorancia sorprendente. Menores que tienen, sin embargo, un celular de última generación y que, no se sabe por qué, pueden hacer un aporte a la educación.
Menores que, en propiedad, pueden ser llamados unos pendejos malcriados.
