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Gratuidad en la educación, costos tras una consigna

por 2 julio, 2013

El tema clave radica en la incapacidad de la columnista (y de la centro izquierda en general) de fundamentar correctamente, además de la justicia, la necesidad de la educación superior gratuita. Como bien dice Sanhueza en su columna, a lo que debe aspirar la sociedad es a que el acceso de los estudiantes no dependa de su capacidad de pago anterior a la decisión de estudio. Pero, ¿Cómo se pasa desde ahí a la gratuidad? ¿Por qué no sirve para ello un crédito contingente a los ingresos futuros?
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Nuevamente Claudia Sanhueza ha escrito una columna relacionada con la gratuidad de la educación, sosteniendo una vez más que ésta no financiaría a lo más ricos. Lamentablemente, ya sea por no haberla leído o simplemente por poca disposición a debatir, no quiso hacer referencia ni hacerse cargo de absolutamente ninguno de los cuestionamientos hechos en una columna que escribí hace algunas semanas en este medio.

Con independencia de lo anterior, Sanhueza incurre otra vez en una larga lista de errores, consignas vacías y distorsiones, algunas de las cuales intentaré rebatir, motivado especialmente por la importancia de la educación para el futuro de nuestro país.

Para empezar, intenta polarizar rápidamente la discusión  valiéndose de la falaz caricatura que contrapone a los partidarios de una educación gratuita y a quienes supuestamente creen que la educación es un bien de consumo. Lo anterior podría ser entendible en un contexto de trincheras políticas, pero la verdad es que es un poco triste viniendo de una persona académicamente preparada que es reconocida por su sector como una experta en el tema. Esperemos que el debate público del futuro no sea dominado por la ideologización, la odiosidad y la polarización del pasado.

El tema clave radica en la incapacidad de la columnista (y de la centroizquierda en general) de fundamentar correctamente, además de la justicia, la necesidad de la educación superior gratuita. Como bien dice Sanhueza en su columna, a lo que debe aspirar la sociedad es a que el acceso de los estudiantes no dependa de su capacidad de pago anterior a la decisión de estudio. Pero, ¿cómo se pasa desde ahí a la gratuidad? ¿Por qué no sirve para ello un crédito contingente a los ingresos futuros?

También sostiene, sin mayor fundamento, que los bienes que tienen un precio de mercado necesariamente estarán sólo disponibles para aquellos que los puedan costear de acuerdo a sus ingresos. Esto es totalmente falso. Asume que la única forma en que el Estado puede apoyar o hacerse cargo de la provisión de un bien es destruyendo el mercado de ese bien. Esto no es así en salud ni respecto de las viviendas sociales, así como tampoco en otros ámbitos donde interviene activamente el Estado.

Con respecto a la discusión de si existe un derecho a la educación superior; de si este derecho es sobre el acceso, o de si no existe ningún derecho en tal nivel, no es correcta la conexión forzada que ella traza entre la consecución de tal derecho y la gratuidad en su provisión. Y esto se desprende de las mismas palabras de la columnista cuando, luego de sostener que la educación es un derecho, afirma lo siguiente: “El concepto básico es que el acceso de los estudiantes no dependa de su capacidad para comprar en el mercado”. Por lo tanto, tácitamente Sanhueza acepta la concepción para la cual el derecho es sobre la posibilidad de acceso, y no algo necesariamente inherente al mecanismo con que éste se financia.

En lo anterior está precisamente el punto más débil de la fundamentación de quienes tratan de justificar la educación gratuita. No son capaces de explicar por qué la gratuidad es el único mecanismo que permite independizar al acceso de la capacidad de pago de sus familias. Simplemente se saltan el debate y lo asumen como un hecho.

Con respecto a los datos presentados acerca de los costos de establecer gratuidad, en general comparto las cifras de la columna, pero creo que hay dos comentarios relevantes que hacer:

  1. Primero, se considera sólo la diferencia en el costo de las carreras, pero no la diferencia que existe en la matrícula por decil, la que, aunque vaya en disminución, aún existe. Esto significa que la gratuidad en la educación beneficia a quienes tienen más recursos por dos razones: estudian más y estudian carreras más costosas.
  2. Segundo, y lo más importante, es que no se consideran los fondos públicos invertidos hoy en educación superior. Actualmente, entre becas y fondo solidario, el Estado gasta cada año cerca de US$ 1.000 millones, los que van íntegramente a los 3 primeros quintiles (esto es sin considerar el gasto del CAE, el que se contabiliza como un crédito).  Esto significa que el fisco actualmente ya financia directamente gran parte de la educación de las familias de menos recursos, por lo que el gasto adicional que exigiría la gratuidad iría aún más enfocado en las personas de mayores recursos que lo que se concluiría al analizar el costo total de la gratuidad.

Con respecto a las propuestas de financiamiento, ya expliqué en la columna anterior por qué es inapropiado analizar la regresividad de una medida que supone gasto incorporando la evaluación de su financiamiento. Lamentablemente, Sanhueza insiste en señalar como una buena política distributiva algo que no lo es: lo único que se hace es esconder una medida que beneficia a la gente de mayores recursos dentro de otra política independiente que los perjudica.

El tema clave radica en la incapacidad de la columnista (y de la centroizquierda en general) de fundamentar correctamente, además de la justicia, la necesidad de la educación superior gratuita. Como bien dice Sanhueza en su columna, a lo que debe aspirar la sociedad es a que el acceso de los estudiantes no dependa de su capacidad de pago anterior a la decisión de estudio. Pero, ¿cómo se pasa desde ahí a la gratuidad? ¿Por qué no sirve para ello un crédito contingente a los ingresos futuros?

Un crédito contingente entrega igualdad de acceso al financiamiento en la educación superior, que parece ser nuestro objetivo común, y pide que, en caso de obtener de esa carrera un retorno económico importante, devuelva al Estado la ayuda entregada para que otros puedan hacer lo mismo.

Por último, es realmente sorprendente que la autora siga desconociendo la importancia del uso alternativo de los recursos, esta vez con un argumento totalmente antojadizo, mezclando burdamente el concepto de fisco con el de país (se entiende que haya gente a la que le gustaría que fueran lo mismo, pero por suerte esto no es así). De esta forma, señala que no se debe considerar dicho uso alternativo, ya que lo único que se está haciendo es cambiar el actual financiamiento privado a público, manteniendo el gasto actual en educación y ejecutando una acción redistributiva. Sin embargo, esto tampoco es cierto. Luego de que el Estado recauda un impuesto, cualquiera que sea, debe decidir entre sus distintos usos. Si en el caso que plantea Sanhueza no hay un cambio en la asignación nacional de los recursos y se termina en una acción puramente distributiva, es justamente porque ella propone gastar esos recursos recaudados en algo que actualmente se financia de otra forma. Por lo tanto, si esos mismos fondos adicionales recaudados se usaran en otra cosa, como por ejemplo, mayor gasto en la educación preescolar y escolar, entonces estaríamos aumentando el gasto agregado del país en educación y además redistribuyendo en forma más eficiente y justa desde el Estado. ¿Cómo no va a ser eso mejor?

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