En conclusión, la propuesta de Bachelet contiene algunos avances importantes que no pueden no considerarse en el análisis. Sin embargo, en términos generales constituye una propuesta insuficiente, que omite aspectos claves, y que incluso no es coherente en sí misma. Consideramos importante poner estos aspectos en el debate, en miras a problematizar y disputar cual es el sentido del sistema impositivo, haciendo las críticas necesarias en los casos en que este no es suficiente para mejorar la recaudación, reducir la inequidad o solucionar fallas de mercado.
El pasado jueves 20 de junio, la candidata a presidenta por el pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, presentó su propuesta de reforma tributaria, que busca recaudar US$8.200 millones de dólares, 3 puntos del PIB. Consideramos relevante aportar insumos a la discusión y analizar esta propuesta desde la visión de educación y sociedad que el movimiento social por la educación ha puesto sobre la mesa.
Un principio básico para una reforma tributaria es que permita asegurar una recaudación suficiente para financiar las políticas que definimos como país, y que este aumento lo paguen principalmente los sectores que concentran los mayores niveles de riqueza en el país. Partiendo de esta base, la propuesta de la candidata Bachelet contiene algunas medidas que pueden considerarse en una dirección acertada, varias de las cuales hemos venido trabajando desde el 2011. No obstante, también se proponen medidas que apuntan en un vector muy alejado de dichos principios, y se omiten aspectos sumamente relevantes que no pueden quedar al margen de un programa que aspire a una transformación real del modelo.
Entre los elementos positivos de la propuesta debemos destacar la creación de una norma antielusiva general, la regulación de los FIP –Fondos de Inversión Privados–, y la propuesta de ampliación del régimen de tributación simplificada establecido en el Artículo 14 ter de la Ley de Impuesto a la Renta. Además de lo anterior, quizás los dos aspectos que más quepa resaltar sean la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), que permite la postergación indefinida de los impuestos de las empresas, y la eliminación del Decreto Ley 600, que entre otras cosas establece un régimen especial de invariabilidad impositiva a las inversiones extranjeras.
[cita]En conclusión, la propuesta de Bachelet contiene algunos avances importantes que no pueden no considerarse en el análisis. Sin embargo, en términos generales constituye una propuesta insuficiente, que omite aspectos claves, y que incluso no es coherente en sí misma. Consideramos importante poner estos aspectos en el debate, en miras a problematizar y disputar cual es el sentido del sistema impositivo, haciendo las críticas necesarias en los casos en que este no es suficiente para mejorar la recaudación, reducir la inequidad o solucionar fallas de mercado.[/cita]
Estas medidas apuntan en una dirección acertada respecto a los principios antes mencionados, particularmente aquellas referentes al FUT y al DL-600. Sin embargo, si es que la reforma efectivamente entiende que estos mecanismos deben ser eliminados, cuesta comprender por qué no existe ninguna propuesta que se haga cargo del FUT ya acumulado (que hoy se estima cercano a los 250 mil millones de dólares), así como también de los diversos acuerdos firmados conforme al DL-600, que limitan de manera tan rigurosa la soberanía tributaria del país en un área tan importante como son los recursos naturales.
En cuanto al tema medioambiental, el abordaje de la candidata se limita al impuesto al combustible petróleo diesel (automóviles e industria) y automóviles de alta cilindrada. Cabe consignar, sin embargo, que la propuesta en estos aspectos avanza en entender cuál es el problema que subyace al consumo de combustible, y por lo tanto el sentido verdadero de aplicarle un impuesto: el uso de combustible genera contaminación, esta es una externalidad negativa y el impuesto tiene por lo tanto un sentido correctivo de dicha externalidad. Esto sin duda representa algo rescatable en comparación a cómo hoy se entiende este impuesto: como un mero mecanismo para incrementar los ingresos del fisco, creado principalmente para construir carreteras.
Sin embargo, así como cabe valorar dicha comprensión, resulta difícil de entender por qué la aplicación de dicho principio se restringe únicamente a los combustibles, y no se entiende también a otros contaminantes como generadores de externalidades y, por lo tanto, susceptibles de ser gravados con un impuesto específico. Existen múltiples actividades que generan externalidades negativas en materia ambiental: concentraciones de plomo, contaminación de agua por termoeléctricas y mineras, eliminación de dioxinas y emisiones de gases, por solo nombrar algunos. La propuesta de la candidata en esos aspectos hace caso omiso a la obligación correctiva del Estado e incluso discrimina en el trato igualitario a los recursos contaminantes.
Más significativa aún es la omisión dentro de las propuestas programáticas de Bachelet de medidas referentes a las rentas provenientes de la extracción de recursos naturales, especialmente del cobre. Por sus propias características, el cobre (así como otras materias primas) representa un mercado dependiente de recursos limitados, en el cual no es posible llegar y aumentar la oferta ante un crecimiento en la demanda, cuestión que produce que los precios se incrementen muy por encima de los costos de la producción, empinándose así las ganancias muy por sobre la tasa media de ganancia del capital invertido.
Esta renta, incluso según la Constitución de 1980, pertenece a todos los chilenos. Regalarla genera una enorme transferencia de riqueza hacia una pequeña porción de empresas, en un país fundamentalmente minero y con gran cantidad de otros recursos naturales como los pesqueros, forestales, etc. Sólo en 2010 las utilidades de las grandes empresas cupríferas sumaron US$14.300 millones, cerca deldoble de lo que intenta recaudar la propuesta de Bachelet en su conjunto.
Una iniciativa hacia los excedentes del cobre podría aumentar significativamente la recaudación fiscal. Esta iniciativa puede abordarse de diversas formas, que pueden ir desde una recuperación directa mediante renacionalizaciones, hasta mecanismos indirectos mediante instrumentos como impuestos específicos u otros. Las alternativas pueden ser diversas y como país podemos y debemos debatirlas. Lo que no puede considerarse adecuado de ninguna manera, es simplemente omitir este debate. La inexistencia de propuesta alguna a este respecto constituye un gran “debe” en los anuncios de la candidata.
Otra dimensión de las propuestas de la candidata que corresponde abordar dice relación con su impacto en términos de desigualdad. Es posible identificar algunos elementos y medidas planteadas que derechamente van en desmedro del objetivo de reducir la desigualdad en Chile. La composición socioeconómica de nuestro país revela que cerca del 80% de la población se encuentra bajo el umbral de los 600 mil pesos de ingresos mensuales (aproximadamente). En ese sentido, la mayoría de los chilenos ni siquiera pueden ser destinatarios de beneficios o ‘franquicias’ tributarias, dado que siempre se encuentran en los tramos exentos.
La propuesta de la candidata pretende bajar la tasa marginal del Impuesto Global Complementario de un 40 a un 35%, lo cual a todas luces favorece a los sectores más ricos del país. No se trata de estar en contra de este tipo de reducciones per-se, pero una disminución en la carga tributaria de los estratos altos sólo es posible de ser considerada como una opción adecuada si se justifica en torno a algún eje de política, cuestión que no se explicita en la propuesta de la candidata.
En paralelo, se plantea establecer un beneficio para las personas naturales, respecto del ahorro por vía de instrumentos financieros para las “personas de ingresos medios”. Resulta a todas luces absurdo plantear que, en la práctica, dicho beneficio vaya a ser usado principalmente por las personas de ingresos medios. Como se ha señalado, en Chile sólo un pequeño grupo de personas en Chile tiene la capacidad de ahorro suficiente para invertir en este tipo de instrumentos. Si bien no creemos que sea una política negativa en sí misma, es discutible su aplicación, puesto que se abre una ventana a nuevas vías de elusión por parte de quienes tienen la asesoría y espalda financiera para construir estructuras elusivas: los más ricos de Chile.
En conclusión, la propuesta de Bachelet contiene algunos avances importantes que no pueden no considerarse en el análisis. Sin embargo, en términos generales constituye una propuesta insuficiente, que omite aspectos claves, y que incluso no es coherente en sí misma. Consideramos importante poner estos aspectos en el debate, en miras a problematizar y disputar cual es el sentido del sistema impositivo, haciendo las críticas necesarias en los casos en que este no es suficiente para mejorar la recaudación, reducir la inequidad o solucionar fallas de mercado. Consideramos particularmente importante generar la progresividad que necesita el sistema, para que exista un sentido de Justicia en las normas que nos damos. Esto en Chile es necesario por su enorme desigualdad que ha sido alentada por un sistema que durante muchos años ha sido regresivo, es decir, comprometido con hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Esta situación no puede ni debe continuar así.
