Actualmente se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado –ya aprobado por la Cámara de Diputados—, un proyecto de ley para renovar por 20 años más las bonificaciones a las plantaciones forestales en Chile. Si bien plantar árboles en sí mismo es algo positivo, cuando se trata de promover una política pública se requiere algo más que buena voluntad. Es indispensable contar con información confiable para que las autoridades que deben tomar decisiones puedan hacerlo. Los recientes hechos acaecidos en relación al Censo 2012 y la dificultad que tendrán nuestras autoridades para impulsar ciertas políticas públicas no hacen más que reforzar uno de los puntos sobre los cuales se basa el cuestionamiento a una nueva ley de bonificaciones para el sector forestal propuesta por el Ejecutivo.
Si bien la discusión sobre este texto legal ha pasado bastante desapercibida, es hora de que la ciudadanía conozca los alcances de las políticas pasadas para saber si es adecuado, tanto en la forma como en el fondo, un nuevo sistema de bonificación a las plantaciones forestales. La ley sobre fomento forestal en su primera versión fue promulgada en el año 1974 por un periodo de 30 años y obviamente no tuvo discusión parlamentaria. El año 1998 se renovó el sistema de bonificación a las plantaciones forestales con algunos cambios por 15 años más y con efecto retroactivo, después de lo cual se decretó una renovación por dos años, período que concluyó a fines de 2012.
La ley que se pretende aprobar renueva por 20 años más el sistema y en definitiva es la continuidad de una política pública. Sin embargo y tras casi 40 años de aplicación de un sistema de bonificaciones a plantaciones forestales exóticas (pino y eucaliptus), que ha beneficiado a un sector constituido fundamentalmente por grandes empresas, es hora de evaluar. La aplicación del DL N°701 ha sido la base para consolidar un modelo forestal basado en monocultivos exóticos, de rápido crecimiento y cuyo destino es madera bruta y pulpa para papel para exportación. Es tiempo de saber qué de bueno y de malo ha tenido el establecimiento de este modelo para el país, más allá del apoyo que significó para las grandes empresas forestales: Arauco, CMPC y Masisa.
Además, es indispensable evaluar qué ha pasado con los otros actores del sector, pues claramente se ha registrado una concentración y por tanto ha disminuido el número de empresas pequeñas y medianas en el sector forestal, las cuales han sido absorbidas por las grandes empresas. También cabe preguntarse qué ha hecho el Estado al respecto, o si aparte de las bonificaciones a las plantaciones forestales exóticas ha desarrollado e implementado alguna política pública que fomente el desarrollo de economías locales o encadenamientos productivos en torno a la producción maderera.
En definitiva esta política ha consolidado a un sector, cosa que puede ser muy positiva, pero después de 40 años sin duda el país no es el mismo, las condiciones para el sector forestal no son las mismas y habría que preguntarse entonces para qué queremos una ley de bonificaciones forestales por los próximos 20 años. ¿A quién queremos llegar y cómo queremos hacerlo? ¿Queremos potenciar plantaciones de especies nativas, queremos proteger cuencas hidrográficas, queremos mejorar y recuperar suelos, queremos que esto tenga impacto social y ambiental o queremos seguir beneficiando al mismo grupo de empresas?
Todo esto no ha sido discutido y menos aún se ha evaluado la aplicación del DL N°701 y sus impactos sociales, ambientales y económicos. Resulta casi increíble que tras tantos años de aplicación de esta ley, no exista ningún documento que evalué su aplicación. Hoy, cuando existe un proyecto de ley que renueva el fomento forestal por 20 años y que ha sido ya aprobado por una de las cámaras, todavía no existe información pública que nos permita saber cuánta plata ha invertido el Estado de Chile en este tipo de bonificaciones en los últimos 40 años.
Tampoco sabemos cuáles son los impactos sociales que ha tenido la aplicación de esta ley, ya sean positivos y negativos. Por lo pronto podemos decir que las comunas forestales son las más pobres de Chile y al parecer la política del “chorreo” allí no ha funcionado. Además, podemos señalar que los impactos ambientales tanto en el agua, suelo, el uso de químicos, como por las prácticas de tala rasa, no han sido evaluados. Debemos recordar que las plantaciones forestales no se someten al sistema de calificación ambiental de proyectos, ni cuando se planta ni cuando se cosecha. Promover y aprobar una ley de este tipo, con esta total carencia de información, considerando que constituirá una política pública por los próximos 20 años, es al menos un acto poco responsable.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
