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Creación de una institucionalidad pública para la educación técnica superior

por 18 agosto, 2013

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Los actuales centros de formación técnica son todos privados y, mayoritariamente, con fines de lucro. Desde su creación, hace más de 30 años, ha quedado demostrado que, salvo algunas escasas excepciones, no han dado una respuesta satisfactoria a la demanda de técnicos superiores que el país requiere, ya sea en calidad como en cantidad . Sólo en estos últimos años, con el apoyo de programas de gobierno, ha sido posible mejorar en alguna medida la oferta educativa de estos centros, lo cual ha sido claramente insuficiente. Esto viene a comprobar que la educación técnica superior privada no ha podido, con sus propios medios, lograr entregar una educación pertinente y de calidad.

Son muchos y variados los factores que inciden en este pobre desempeño. Sin embargo, una de las razones más poderosas tiene relación con el financiamiento de este sector educativo y, en muchos casos, con la evidente contradicción entre cumplir su misión educativa y poder sostenerse económicamente en el tiempo.

El financiamiento es, aunque no la única, una de las principales condicionantes de la situación de precariedad que evidencia la educación técnica superior en el país, debido a que la formación en las especialidades tecnológicas llamadas “duras” , puede llegar a ser tanto o más cara que la formación profesional en ingeniería, por ejemplo. Este costo es prácticamente imposible que lo puedan cubrir las instituciones privadas directamente, a través de la venta de sus servicios educativos, por lo que siempre se requerirá del subsidio estatal, como está ocurriendo actualmente en el país .

La inversión en educación técnica superior, que permita la creación y desarrollo de un espacio público en este nivel formativo, traerá indudables beneficios para toda la sociedad, como ha quedado demostrado con la experiencia de los países desarrollados. Asimismo, esta nueva institucionalidad debiera transformarse en la plataforma donde se concrete el aseguramiento de un mínimo educativo para toda la población, habilitante para una inserción laboral digna.

Durante la primera década de los 2000, una media docena de universidades estatales crearon centros de formación técnica los que, debido a que se requiere de una ley para la creación de centros de formación técnica estatales, tuvieron que constituirse bajo una naturaleza jurídica privada representada, especialmente, por sociedades anónimas. Esta situación se tradujo en un gran perjuicio para los centros nacientes ya que, a pesar de que las universidades que los creaban recibían financiamiento basal estatal, ellos no lo pudieron obtener, en su carácter de empresas educativas privadas y con fines de lucro, lo cual ha significado una injusta discriminación, porque dichas instituciones no han podido recibir un financiamiento similar al que recibe su alma mater, lo que las ha llevado a soportar grandes precariedades económicas, considerando que la mayoría ofrece carreras que requieren de una elevada inversión y costos operativos cuantiosos lo que, incluso, obligó a cerrar alguno de estos centros.

Después del prolongado tiempo de funcionamiento que ha tenido este sistema para demostrar su desempeño, y ante los pobres resultados obtenidos, es oportuno e imperioso emprender reformas estructurales de fondo, entre las que se torna prioritaria la creación de instituciones estatales para la formación de técnicos superiores, en todas las regiones del país, preferentemente asociadas a universidades estatales, que cuenten con el debido financiamiento basal, equivalentes a la que se otorgan para la educación universitaria y que podría gestionarse a través de convenios de desempeño. Esta innovación tiene un importante antecedente en la experiencia internacional, caracterizada por países desarrollados que poseen un vigoroso sector público que imparte educación técnica superior, donde las instituciones privadas sólo atienden segmentos muy acotados de de población estudiantil y de especialidades, que generalmente requieren de una baja inversión.

Estas instituciones, que podrían ser los ya propuestos institutos tecnológicos, debieran convertirse en referentes de calidad y pertinencia para el resto del sistema , contribuyendo a mejorar la valoración social de este tipo de estudios y a revertir la pirámide educacional invertida que caracteriza el sector terciario.

Para lograr estos propósitos, las nuevas instituciones debieran poseer a lo menos:

• Autonomía administrativa-financiera.
• Fuertes vínculos con las empresas, a través de prácticas profesionales, pasantías docentes, participación en la elaboración y actualización de programas de estudio y proyectos tutorados.
• Una planta docente de excelencia y permanentemente actualizada, con una dedicación horaria que asegure cumplir con el proyecto educativo.
• Articulación con otras formaciones, para que los estudiantes puedan continuar estudios superiores.

La planificación para el desarrollo de este sector educativo debe fundamentarse en procesos rigurosos de benchmarking educativo, para lograr detectar y superar las debilidades, posibilitando alcanzar niveles de excelencia internacional en nuestra educación técnica superior. En este sentido, la transferencia tecnológica desde países desarrollados se torna un instrumento de gran importancia estratégica. La transferencia desde esos países avanzados puede darse mediante varios mecanismos, entre los cuales se pueden mencionar la asistencia técnica extranjera en metodologías curriculares y pedagógicas, visitas de conocimiento y cursos de perfeccionamiento en centros de excelencia del exterior, contratación de profesores extranjeros por períodos semestrales, pasantías docentes y prácticas para estudiantes en empresas de países de alto desarrollo tecnológico.

Es necesario tener presente que la cobertura en educación superior ha ido aumentando cada año hasta alcanzar sobre el millón cien mil estudiantes el año 2013, de los cuales alrededor de 470 mil estudian en centros de formación técnica e institutos profesionales. La mayoría de estos nuevos estudiantes provienen de familias ubicadas en los primeros quintiles de ingreso y, por lo tanto, requieren de una atención especial. Si la educación superior no universitaria, especialmente la técnica, logra alcanzar estándares de excelencia mundial, será posible que las nuevas generaciones de estudiantes aprecien crecientemente este sector como una buena oportunidad de educación superior y no sólo la busquen en la tradicional educación universitaria, donde se evidencian áreas profesionales prácticamente saturadas y con muy escasas probabilidades de encontrar un trabajo que satisfaga sus expectativas.

La inversión en educación técnica superior, que permita la creación y desarrollo de un espacio público en este nivel formativo, traerá indudables beneficios para toda la sociedad, como ha quedado demostrado con la experiencia de los países desarrollados. Asimismo, esta nueva institucionalidad debiera transformarse en la plataforma donde se concrete el aseguramiento de un mínimo educativo para toda la población, habilitante para una inserción laboral digna.

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