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Concesiones eléctricas y derechos esenciales

por 23 agosto, 2013

Lo ocurrido el 13 de agosto en el Parlamento era esperable, debido al intenso lobby eléctrico y las presiones evidentes del gobierno que introdujo el año pasado las denominadas leyes fast track -de concesiones eléctricas y carretera eléctrica- destinadas a favorecer la realización de iniciativas como Hidroaysén.
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La semana pasada se votó en el Parlamento la Ley de Concesiones Eléctricas, iniciativa legal que forma parte de la agenda energética de Gobierno y que ha sido ampliamente criticada por organizaciones ambientales, indígenas y ciudadanas desde su presentación en mayo del año pasado, debido a que otorga excesivos privilegios a las empresas generadoras en detrimento de los derechos de otras actividades económicas, de los pueblos originarios y de los ecosistemas.

Los artículos en discordia –que habían motivado la conformación de una Comisión Mixta- correspondían al Convenio 169 de la OIT sobre consulta indígena; áreas protegidas; caución en caso de medidas precautorias; toma material de los predios; e incompatibilidad entre distintas concesiones.

Al respecto, las bancadas negociaron con los ministros Bunster y Larroulet la aplicación de un veto supresivo sobre los artículos sobre consulta indígena y áreas protegidas. Gracias a esta negociación de veto lo que en realidad quedó aprobado es solo caución, toma material e incompatibilidad de concesiones, y se hizo posible debido a que el gobierno corría  el riesgo de perder lo avanzado en la Comisión Mixta en la Cámara Baja.

Lo ocurrido el 13 de agosto en el Parlamento era esperable, debido al intenso lobby eléctrico y las presiones evidentes del gobierno que introdujo el año pasado las denominadas leyes fast track -de concesiones eléctricas y carretera eléctrica- destinadas a favorecer la realización de iniciativas como Hidroaysén.

Sólo gracias al afán del Ejecutivo por sacar adelante el proyecto y la presentación del voto supresivo se obtuvo una pequeña victoria, que es dejar fuera del proyecto el articulado que permitía evitar la aplicación cabal del Convenio 169 OIT y vulneraba las áreas silvestres protegidas, salvando así dos temas paradigmáticos de la agenda de derechos ciudadanos y ambientales.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

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