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Viejos y nuevos amantes del Leviatán

por 23 agosto, 2013

Se busca así distribuir con justicia (a cada quien lo que le corresponde) el desbalanceado poder que otorgan los monopolios económicos, sociales o políticos, tal como los propios estatistas alegan de Isapres y/o AFP, cuyas actuales normativas y bajo nivel de competencia les ha proporcionado ese desequilibrado poder que irrita, pero que, en vez de ajustar su gestión en un proceso legislativo transparente e informado, no encuentran mejor solución que monopolizar la previsión en manos de burócratas del Estado, varios de ellos pertenecientes a los partidos de los cuales los mismos estatistas repugnan.
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Sorprende que algunos crean tan religiosamente que los alrededor de 550 mil funcionarios del Estado, sujetos que, según el derecho público pueden hacer solo aquello que les está expresamente autorizado por ley, puedan, junto a la elite política que en democracia se renueva periódicamente, cambiar tan milagrosamente las cosas en Educación si es que migráramos desde el modelo mixto actual a uno en el que el Fisco la administrara en su totalidad, con propósitos de “gratuidad” e “igualdad”.

No se entiende por qué quieren entregar más poder efectivo a esas 550 mil personas que conforman el Estado nacional, ente jurídico que ya tiene per se un enorme poder represivo respecto de obligaciones cívicas que van desde el pago de impuestos a la conscripción militar, al punto que sus definiciones más aceptadas coinciden en caracterizarlo como “la coacción legítima y específica”(…) “que mantiene el monopolio de la violencia” (Max Weber) o “El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza” (Karl Marx) y que Hobbes caricaturizó como Leviatán, monstruo bíblico de poder descomunal.

No se entiende, pues, como el traspaso al Estado de los miles de emprendimientos educacionales particulares medios y terciarios surgidos gracias a la libertad de enseñanza de los últimos años y pertenecientes a profesores, fundaciones, iglesias, ONG o grupos empresariales, garantizaría más calidad, acceso o igualdad, dado que, en la práctica, hacerlo no implica ningún otro cambio que no sea el de propiedad, uso y goce de dichos establecimientos, los que quedarían en manos de una clase administrativo-estatal, que, tal como la tan criticada clase política, invadiría con mayor poder campos de nuestra vida cotidiana, muchas veces del modo que ingratamente constatamos cuando nos toca la tarea de concurrir a diligencias forzadas en algún servicio público.

Para que sea un derecho, por lo tanto, gratuito, evitando que se lucre con dineros del Estado (nuestros impuestos e ingresos del cobre nacionalizado) quieren traspasar la educación al arbitrio de empleados públicos (y en especial a los que componen el área de Educación), poniendo al resto de los ciudadanos en el trance de tener que enfrentar la discrecionalidad interpretativa de quienes ocupan puestos en el aparato estatal. Porque, del momento mismo en que se apruebe la supuesta “gratuidad universal”, al reducirnos nuestra capacidad de elegir, burócratas y políticos de turno nos harán sentir como un favor matricular a nuestros hijos en alguno de los colegios fiscales. Y si los particulares abusan, no obstante que su éxito depende de nuestra elección, imagine que pasará con organismos públicos que actuarán como monopolios, refrendados por ley, frente a nuestras peticiones.

Se busca así distribuir con justicia (a cada quien lo que le corresponde) el desbalanceado poder que otorgan los monopolios económicos, sociales o políticos, tal como los propios estatistas alegan de Isapres y/o AFP, cuyas actuales normativas y bajo nivel de competencia les ha proporcionado ese desequilibrado poder que irrita, pero que, en vez de ajustar su gestión en un proceso legislativo transparente e informado, no encuentran mejor solución que monopolizar la previsión en manos de burócratas del Estado, varios de ellos pertenecientes a los partidos de los cuales los mismos estatistas repugnan.

Pero los viejos y nuevos estatistas –por desilusión respecto de la acción de los privados o por motivos políticos inconfesables- no solo quieren que les pasemos la educación a los funcionarios que constituyen el Estado. También quieren traspasar nuestros ahorros para la jubilación y los aportes para financiar el acceso a la salud, de manera que sean ellos los que decidan dónde, cuándo y cómo accederemos a estos servicios de “modo solidario”.

Como la salud también es un derecho, seguramente deberá ser, más temprano que tarde, gratuita universalmente y la previsión, para ser “solidaria”, de reparto, aunque no nos aclaren qué hará el Estado con las millonarias recaudaciones mensuales en salud o jubilación durante el tiempo en que esos recursos no se usan para su propósito final, de modo que no se desvaloricen por inflación, falta de planes de inversión que permitan su reproducción o malas colocaciones en proyectos no rentables. ¿Los funcionarios del Estado tienen, per se, mejor ojo para invertir? ¿Serán más responsables que los privados por sus errores, malos manejos o perdidas de patrimonio de los ciudadanos? ¿No nos muestra la evidencia que lo que es de todos no es de nadie, nadie lo cuida y, por el contrario, son recursos que sin la fiscalización de interesados, invitan a la corruptela?

De allí que, quienes creen en la libertad como valor y derecho humano prefieran una “Sociedad docente” a un “Estado docente” -el que como dijera Gabriela Mistral “es Napoleón haciendo clases”-; estiman que ayuda al progreso que los ciudadanos hagan todo lo que no les esté prohibido por ley, para mayor diversidad, pluralidad, creatividad, innovación, amplitud de fronteras, sin dominancia alguna de ideas religiosas, políticas o ideológicas del sector de ciudadanos que periódicamente ocupa el aparato del Estado.

Se busca así distribuir con justicia (a cada quien lo que le corresponde) el desbalanceado poder que otorgan los monopolios económicos, sociales o políticos, tal como los propios estatistas alegan de Isapres y/o AFP, cuyas actuales normativas y bajo nivel de competencia les ha proporcionado ese desequilibrado poder que irrita, pero que, en vez de ajustar su gestión en un proceso legislativo transparente e informado, no encuentran mejor solución que monopolizar la previsión en manos de burócratas del Estado, varios de ellos pertenecientes a los partidos de los cuales los mismos estatistas repugnan.

La libertad de realización, creación, emprendimiento, trabajo, movimiento, diversidad de propiedad, apertura de mercados y competencia, busca evitar los monopolios de toda especie, luchando contra sus eventuales abusos, como, por lo demás, ha ocurrido en los últimos años, utilizando leyes vigentes que la complicidad oligopólica político-económica se había sustraído de aplicar, pero que ha permitido a entidades como el SERNAC poner un poco de equidad en la asimétrica relación entre empresas y consumidores.

Porque, por lo demás, poder expresar abiertamente el repudio a las injusticias, la concentración de la riqueza y desigualdades, atrayendo democráticas simpatías de miles de personas y construyendo voluntades mayoritarias para cambiar tal estado de cosas es resultado de la vigencia de tales libertades, como factor clave del desarrollo social y político de nuestra sociedad.

Pero tal vez lo peor es que las propuestas de los amantes del “Leviatán justiciero” ni siquiera permiten asegurar que se conseguirá mayor igualdad, porque donde hay concentración de poder social, político o económico, los únicos iguales son quienes manejan los mecanismos de dichos poderes.

Al menos, en las sociedades libres y democráticas, donde algunos efectivamente se enriquecen demasiado (porque los propios ciudadanos prefieren sus bienes y servicios) y reúnen poder suficiente para abusar -si quieren, cuando pueden- queda aún la ley, la división de los poderes políticos y la libertad de expresión, de crítica y convencimiento para avanzar y defender los cambios que re-equilibren pacífica y periódicamente las diferencias que emergen de la propia libertad.

Todo aquello, empero, se puede perder si le hacemos caso a los estatistas de toda naturaleza, concentrando aún más poder monopólico en el Leviatán, con la absurda esperanza de que quienes operan el Estado reemplazarán el egoísmo de los privados y actuarán como beatíficos ángeles en función de la esquiva igualdad para todos.

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