El conjunto de factores específicos en el diseño del sistema (magnitud de distrito, tipo de lista, baja competencia a favor de los incumbentes) redunda en que la conformación del Congreso poco o nada se asemeja la diversidad de la sociedad chilena actual. La ausencia de mujeres, jóvenes o representantes de pueblos indígenas es tanto o más dañina para la representatividad que la exclusión de una fuerza política minoritaria en el país.
Hace meses se ha vuelto a instalar la discusión sobre una posible reforma al sistema electoral binominal. En esta oportunidad, el apoyo a los cambios pareciera ser mucho más amplio, logrando incluso que se anunciará un acuerdo entre el gobierno y la oposición en una propuesta de reforma. Pero, al igual que en otras ocasiones, el debate legislativo se produce en medio de una competencia electoral, lo que dificulta una discusión con altura de miras sustentada en evidencia sólida, que pueda ir más allá del cálculo de corto plazo. Así, la argumentación parece a ratos ininteligible para la mayoría de la ciudadanía.
Las democracias estables no cambian con frecuencia las reglas del juego sobre la competencia por el poder, pero eso sí impulsan cambios electorales cuando se reconoce que los sistemas que utilizan han dejado de cumplir los objetivos que se buscaban, o en su defecto, cuando la sociedad a través de procesos amplios de deliberación terminan cambiando dichos objetivos. La experiencia internacional nos muestra que no hay sistemas ideales en abstracto, sino que mejores y peores arreglos para las condiciones específicas de cada contexto.
Los aprendizajes en materia de diseño electoral nos muestran que las reformas exitosas y duraderas son aquellas que cumplen con tres requisitos básicos. Primero, que las reformas hayan sido producto de un proceso de deliberación inclusiva entre actores políticos y sociales, que incluyen tanto a los beneficiados por los antiguos arreglos electorales como a los que se ven desfavorecidos por ellos. Segundo, que en el proceso de reforma en primer lugar se hayan definido los objetivos que se buscan alcanzar con la propuesta de cambio, el tipo de representación al que se aspira y cómo se busca mejorar el funcionamiento democrático. Estas definiciones son previas al debate de los detalles específicos del arreglo electoral, tales como el tipo de listas, la magnitud de distrito, el número de escaños, entre otras. En tercer lugar, los procesos exitosos de reforma han ocurrido cuando se ha buscado garantizar que el diseño del mapa electoral y los cambios en el distritaje no sean definidos por quienes se ven directamente beneficiados por dichos cambios. En otras palabras, cuando se ha dejado en manos de un órgano autónomo o actores distintos a los representantes electos directamente por el sistema electoral en cuestión.
[cita]El conjunto de factores específicos en el diseño del sistema (magnitud de distrito, tipo de lista, baja competencia a favor de los incumbentes) redunda en que la conformación del Congreso poco o nada se asemeja la diversidad de la sociedad chilena actual. La ausencia de mujeres, jóvenes o representantes de pueblos indígenas es tanto o más dañina para la representatividad que la exclusión de una fuerza política minoritaria en el país.[/cita]
Entonces, ¿cómo poder evaluar si las propuestas de reforma al sistema binominal que están en discusión son efectivamente las más adecuadas, si no tenemos claridad sobre los efectos negativos del el sistema binominal en el funcionamiento de la democracia y sin definir los objetivos que se persiguen con un nuevo arreglo electoral?
Gran parte de los argumentos que se plantean en el debate público actual apelan a la distorsión de la representación provocada por el actual sistema como uno de sus principales problemas. No hay duda que el binominal favorece al partido más grande dentro de las dos coaliciones principales, y a esas dos coaliciones en desmedro de otros partidos y pactos, además de las candidaturas independientes.
Otro efecto sobre la representatividad, aunque menos comentado, es que el conjunto de factores específicos en el diseño del sistema (magnitud de distrito, tipo de lista, baja competencia a favor de los incumbentes) redunda en que la conformación del Congreso poco o nada se asemeja la diversidad de la sociedad chilena actual. La ausencia de mujeres, jóvenes o representantes de pueblos indígenas es tanto o más dañina para la representatividad que la exclusión de una fuerza política minoritaria en el país.
Por otra parte, el actual diseño electoral fue pensado para transformar un sistema históricamente multipartidista en uno bipartidista, en lo que ha fracasado rotundamente. Su falta de adecuación con la realidad ha potenciado prácticas políticas que buscan dar vuelta la ecuación y hacer calzar el arreglo electoral a la realidad partidaria. Estas prácticas de negociación entre las élites partidarias, como la distribución de cupos, la formación de subpactos y pactos por omisión, la exclusión de las bases y el centralismo en la definición de candidaturas, son cada vez más rechazadas por la ciudadanía. Si a esto se le suma el traslado de la competencia al interior de cada coalición en la contienda principal, se deja en un segundo plano la competencia con los adversarios, lo que contribuye al debilitamiento y desprestigio de los partidos políticos.
Por último, el sistema binominal funciona hoy con un mapa electoral diseñado después del plebiscito de 1988 para favorecer intereses electorales específicos, y que no establece mecanismos de ajuste en el tiempo. Si a esto se le suma el desigual crecimiento de la población en distintas regiones, se genera una enorme disparidad en el peso del voto de cada ciudadano, lo que vulnera un principio básico de toda democracia: la igualdad del voto.
Dado esto diagnostico, es fundamental reformar el actual sistema electoral para mejorar la representatividad política y social del Congreso, para estimular mayor competencia, reducir distorsiones en la igualdad del voto y contribuir a fortalecer los partidos políticos. Sin embargo, la urgencia de reforma no debe llevar a un descuido en las formas del proceso, y menos aún que los objetivos de esta sean olvidados. Si en algo ayuda la experiencia internacional y el conocimiento acumulado sobre diseño electoral, es que cambios electorales definidos con objetivos de corto plazo por quiénes ven sus intereses directamente afectados escasamente lograrán considerar en forma adecuada los intereses de quiénes hasta ahora están excluidos, y difícilmente conseguirán la legitimidad ciudadana que tanto se busca para un nuevo arreglo electoral.
