El interés particular no es —per se— opuesto al interés general: ambos pueden converger y, por eso mismo, ambos planos no pueden ser separados radicalmente. Si la postura de los autores se fundara estrictamente en la realidad, deberían constatar que muchos de estos colegios colaboran a hacer efectivo el derecho a la educación y, por ende, aportan al interés general, a pesar de que sus sostenedores obtengan una ganancia.
Desde el 2011 en Chile se ha dado un intenso debate respecto del “modelo chileno”, entendido como el modo de organización social, económica y política de nuestro país. En este contexto, el libro “El otro modelo”, escrito por Fernando Atria y otros autores, resalta respecto de los demás libros publicados sobre la temática no sólo por su profundidad y mayor rigurosidad académico-intelectual, sino también porque no reflexiona únicamente sobre el modelo actual, sino que propone un plan de acción para superar el “modelo neoliberal imperante”.
Uno de los principales objetivos de los autores es recuperar en nuestra organización social el “interés general”, concepto que sería condición para la acción política auténtica y que significa reconocer que existe, más allá de toda motivación individual, un interés común a todos los miembros de una determinada comunidad política. La propuesta busca hacer emerger en nuestro país una idea de lo “público”, que actualmente estaría ausente, lo que conlleva al diseño de instituciones que promuevan y hagan posible aquel interés general.
[cita]El interés particular no es —per se— opuesto al interés general: ambos pueden converger y, por eso mismo, no pueden ser separados radicalmente. Si la postura de los autores se fundara estrictamente en la realidad, deberían constatar que muchos de estos colegios colaboran a hacer efectivo el derecho a la educación y, por ende, aportan al interés general, a pesar de que sus sostenedores obtengan una ganancia.[/cita]
Si bien los autores aciertan al plantear que es urgente recordar que en una sociedad existe una corresponsabilidad de ciertos aspectos de la vida de sus miembros, de la cual surgiría el “interés general” (las personas no pueden ser indiferentes entre sí), llama la atención que el interés general sea dejado exclusivamente en manos de la acción política. Es contradictorio, porque en su lógica, la propia deliberación política podría redefinir dicha corresponsabilidad y, en la práctica, desnaturalizarla y anularla por completo. Así, las implicancias de dicha corresponsabilidad quedarían sujetas a la contingencia y a las decisiones políticas de turno.
Existe un error también al homologar la noción de “interés general” a la de “bien común”. Si entendemos que bien común es el conjunto de condiciones que hacen posible el pleno desarrollo del hombre en sociedad, entonces no puede ser dejado al arbitrio de la acción política, porque precisamente es anterior a ella, ya que son bienes naturales al hombre y la sociedad. La política no los puede redefinir.
Finalmente, parece haber una contradicción entre la idea de responsabilidad que tiene el ciudadano con lo demás, con la afirmación de que un individuo “no tiene obligaciones hacia otros” (pág. 143).
Por otra parte, llama la atención separación absoluta que se realiza entre lo “público” respecto del “privado”. El primero, se regiría por el “interés general”, en donde el predominio de los derechos sociales es su máximo ejemplo; en cambio, al ámbito privado, que le es propio el mercado, el que se regiría exclusivamente por el “interés particular”. En definitiva, lo público es para los autores una “esfera que funciona con una lógica opuesta a la del mercado” (pág. 171) y sería natural al Estado. Niega, con ella, que el empresariado, por ejemplo, actúe en el ámbito público por su fin de lucro.
¿Impide el afán de lucro (razonablemente concebido) buscar o aportar al “interés general”? Al igual como la educación es el tema práctico recurrente para sustentar sus tesis, la educación es también el mejor ejemplo para mostrar que la distinción radical que plantean entre lo público y lo privado es errada. Al contrario, la realidad nos muestra que muchos profesores, siguiendo su vocación por la enseñanza, se agrupan y crean colegios particulares subvencionados que, al ser con fines de lucro, no podrían ser parte del “ámbito público”. Es al menos dudoso que a estos sostenedores no les interese la enseñanza. El interés particular no es —per se— opuesto al interés general: ambos pueden converger y, por eso mismo, no pueden ser separados radicalmente. Si la postura de los autores se fundara estrictamente en la realidad, deberían constatar que muchos de estos colegios colaboran a hacer efectivo el derecho a la educación y, por ende, aportan al interés general, a pesar de que sus sostenedores obtengan una ganancia.
El hombre es un ser que nace, se desarrolla y muere en sociedad. Su corresponsabilidad con los demás miembros de la comunidad le es natural, porque su plenitud la alcanza en sociedad. El bien común es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, porque son las condiciones que hacen posible su desarrollo y corresponden a bienes que son comunes a todos. El principal problema de la tesis de los autores es que precisamente incurren en el mismo error que el modelo que pretenden superar: que el hombre es egoísta y que siempre buscará su interés individual, y no el “interés general”.
