El dilema que vemos hoy es que a fin de cuentas a quienes se les arrebató el derecho a ejercer la soberanía popular fue a los ciudadanos y no a la élite política opositora, que fue la que desde el 11 de marzo de 1990 se supo adaptar a un país tranquilo pero políticamente injusto y con crecientes niveles de desigualdad.
Revisando documentos para un artículo pronto a publicar, desenterré una decidora frase de Edgardo Boeninger plasmada en su libro “Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad” (1997). La cita que me concedió la persistencia no es un descubrimiento menor, considerando que quien fuera ministro secretario general de la Presidencia de Patricio Aylwin y senador designado entre 1998 y 2006 es visto como uno de los artífices de la transición desde la dictadura de Pinochet a los gobiernos de la Concertación, desde el autoritarismo uniformado a uno de terno y corbata. Recordemos que el también rector de la Universidad de Chile hasta el 11 de septiembre de 1973 fue quien mayormente luchó desde la oposición en dictadura y el oficialismo en democracia por la instauración de la tan publicitada “política de los consensos”.
Al referirse a las motivaciones de la Concertación para impulsar las 54 reformas constitucionales que se votaron el 30 de julio de 1989, recuerda Boeninger que el objetivo era “generar condiciones que le permitieran reconocer la legitimidad de la Constitución y asumir el gobierno en un marco institucional suficientemente consensuado como para asegurar la gobernabilidad del país y la vigencia de un Estado de Derecho asentado en base sólidas, incuestionables”.
Sus palabras dejan en claro la postura que dentro de la oposición de la época él sustentaba como depositario del ideario DC: legitimar la Constitución de Pinochet. Pero más esclarecedor aún es la frase que le sigue y que cobra renovada actualidad a la luz de los propuestos cambios al sistema binominal: “Si no se lograban las reformas indispensables, el gobierno de Aylwin enfrentaba la oscura perspectiva de desangrarse en una difícil lucha por una Asamblea Constituyente, para lo cual, a falta de consenso político y mayoría parlamentaria, habría tenido que recurrir a la presión social, con el consiguiente clima de confrontación e inestabilidad”.
Han pasado 23 años desde el plebiscito del 30 de julio de 1989. El referéndum fue aprobado con un 91,25 % de los votos, éxito que se entiende esencialmente por el acuerdo suscrito entre la dictadura y los principales líderes de los partidos oficialistas y de oposición. La profusión de spots televisivos proclives a la opción “Apruebo” fueron la antesala de la principal modificación a la Carta Fundamental desde su imposición en 1980. Ésta incluyó terminar con las atribuciones presidenciales para exiliar y disolver la Cámara de Diputados, reconocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, mantener los recursos de amparo y protección durante los estados de excepción, eliminar el cuestionado artículo 8° que proscribía los partidos que impulsaran la lucha de clases, eliminar la incompatibilidad entre dirigencia gremial y militancia política, e incluir al Contralor en el Consejo Nacional de Seguridad, entre algunas de las medidas aprobadas. Eso sí, en nada cambió el sistema binominal, la existencia y conformación del Tribunal Constitucional ni la vigencia de esa extraña institución que fueron los senadores designados.
Pero en la enumeración previa se obvia dos temas relevantes. Se elevó de 3/5 a 2/3 el quórum para intervenir en el capítulo que establece los procedimientos para cambiar la Constitución y se término con la facultad del Primer Mandatario para aprobar con la mayoría simple de una cámara y un tercio de la revisora las leyes simples, obligando al muy probable futuro presidente Patricio Aylwin a negociar con la derecha para reformar muchas normativas sin quórum calificado sobre salud, sindicalización, previsión social, etc.
Alguien podría decir que el tema no es relevante, considerando que en su régimen autoritario Pinochet podría haber llevado adelante por sí mismo tales reformas constitucionales. Hoy sabemos que de todas formas necesitaba a la Concertación, porque según su propia Constitución, aunque la Junta de Gobierno impulsara modificaciones, para que éstas tuvieran “eficacia deberán ser aprobadas por plebiscito, el cual deberá ser convocado por el Presidente de la República” (artículo 21 transitorio). Es decir, sin la anuencia de la oposición (triunfadora el 5 de octubre del año previo) difícilmente habría logrado tal hipotético objetivo.
Es muy seguro que no sean muchos quienes recuerden a cabalidad los 54 cambios que se hicieron a la Constitución de Pinochet en 1989. En ese tiempo se enfatizaron principalmente la eliminación de los enclaves autoritarios pero se dejó intacto (e incluso se consolidó) el mecanismo que vulnera el principio de la expresión legislativa de las mayorías, que es en definitiva la que conforma el entramado institucional de los poderes del Estado.
De ello era consciente Boeninger. En su libro señala que la Concertación se conformó “con una reforma sustancialmente más modesta, para evitar la prolongación del conflicto institucional al período de gobierno que se iniciaría en marzo de 1990, aceptando las consiguientes limitaciones a la soberanía popular y al poder de la mayoría”. Esto con el objetivo de lograr “el establecimiento de un clima de paz, la construcción de consensos más allá de la Concertación, un período de gobierno destinado a construir país y no sólo a resolver las cuestiones heredadas del pasado”. Así lo creía él.
El dilema que vemos hoy es que a fin de cuentas a quienes se les arrebató el derecho a ejercer la soberanía popular fue a los ciudadanos y no a la élite política opositora, que fue la que desde el 11 de marzo de 1990 se supo adaptar a un país tranquilo pero políticamente injusto y con crecientes niveles de desigualdad. Esta constatación nos da luces sobre el temor que muchos hoy siguen teniendo al ejercicio de la democracia.
Esa democracia que por una mentirosa e impuesta paz social Boeninger y muchos otros estuvieron dispuestos a sacrificar. No vaya a ocurrir lo mismo hoy con los muy publicitados cambios, en la medida de lo posible, al sistema binominal.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
