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Clasificación de escuelas y sanciones: ¿La nueva ruta al mejoramiento escolar?

por 29 septiembre, 2013

En el marco de un Accountability burocrático, la clasificación de escuelas según nivel de desempeño es un medio para un fin mucho más invasivo, la imposición de sanciones. Es por eso que la discusión acerca de la clasificación de escuelas debe considerar las sanciones asociadas a cada categoría para determinar adecuadamente el impacto de cada modelo de clasificación. Esto se torna crítico cuando la evidencia nos señala que las sanciones no han pasado de manera plausible el examen del mejoramiento escolar. En este escenario, se recomienda ser muy críticos en la aplicación de la teoría detrás de la nueva institucionalidad.
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La discusión acerca de la clasificación de escuelas pone en el centro del debate el instrumento más poderoso con el que cuenta la Agencia de Calidad: las sanciones asociadas a cada nivel de desempeño. En un sistema de rendición de cuentas centralizado (más precisamente denominado Accountability burocrático) las sanciones son el corazón lógico para cambiar las conductas de los individuos, en este caso de profesores y directores. Sin las sanciones, los otros elementos constitutivos del sistema (e.g.las metas, los estándares, la medición, e incluso, la misma clasificación de escuelas) pierden su efectividad. Desafortunadamente, el actual debate ha estado más centrado en las cualidades metodológicas de la clasificación de escuelas, más que en las implicancias de la aplicación de sanciones asociadas a dicha clasificación.

Si bien la discusión metodológica acerca del tipo de modelo de clasificación de escuelas es de gran relevancia, no es la discusión más importante que se debiera sostener respecto a la señalada categorización. La clasificación implicará la identificación de las escuelas que serán o no expuestas a distintos tipos de sanciones. El supuesto de este instrumento de política es simple. Como consecuencia de la amenaza impuesta por las sanciones asociadas a cada categoría de desempeño, se espera que profesores y directores pongan la mayor parte de su atención y esfuerzo en el mejoramiento de los indicadores evaluados (al menos un 67%en el SIMCE y el resto en otros indicadores) para evitar el castigo. De esta forma, se tiene la convicción teórica de que las escuelas se involucrarán en mejoras sustantivas del servicio educativo como consecuencia del incentivo impuesto. Bajo esta lógica y, por las implicancias de la clasificación (no por la clasificación per se), la pregunta que debiera iluminar el debate es si la aplicación de sanciones tiene la capacidad de mejorar la calidad del servicio educativo, en particular de la enseñanza.

En el marco de un Accountability burocrático, la clasificación de escuelas según nivel de desempeño es un medio para un fin mucho más invasivo, la imposición de sanciones. Es por eso que la discusión acerca de la clasificación de escuelas debe considerar las sanciones asociadas a cada categoría para determinar adecuadamente el impacto de cada modelo de clasificación. Esto se torna crítico cuando la evidencia nos señala que las sanciones no han pasado de manera plausible el examen del mejoramiento escolar. En este escenario, se recomienda ser muy críticos en la aplicación de la teoría detrás de la nueva institucionalidad.

Desgraciadamente, la evidencia internacional no es alentadora en demostrar que las sanciones utilizadas bajo el Accountability burocrático motivan a los educadores a mejorar la enseñanza de manera genuina. Si bien la presión ejercida por las sanciones tiene la capacidad de mejorar los indicadores sujetos a evaluación, normalmente estas mejoras son conseguidas a través de conductas que nada tienen que ver con la mejora de la enseñanza, sino al contrario.  El más seguro impacto es que adiestremos a directores y docentes a responder mecánica y únicamente a las metas impuestas por el sistema, afectando de paso un apropiado ejercicio de la profesión docente, disminuyendo la motivación de los educadores y distrayendo la atención de las necesidades educativas y socioemocionales de los propios estudiantes. Estos hallazgos son especialmente notorios en escuelas que poseen recursos insuficientes, con planteles docentes debilitados, organizacionalmente frágiles y que sirven a estudiantes vulnerables. Es decir, precisamente aquellas escuelas que necesitamos mejorar.

En el marco de un Accountability burocrático, la clasificación de escuelas según nivel de desempeño es un medio para un fin mucho más invasivo, la imposición de sanciones. Es por eso que la discusión acerca de la clasificación de escuelas debe considerar las sanciones asociadas a cada categoría para determinar adecuadamente el impacto de cada modelo de clasificación. Esto se torna crítico cuando la evidencia nos señala que las sanciones no han pasado de manera plausible el examen del mejoramiento escolar. En este escenario, se recomienda ser muy críticos en la aplicación de la teoría detrás de la nueva institucionalidad, ser cuidadosos en el examen de la evidencia empírica, ser responsables en calibrar las sanciones asociadas a cada nivel de desempeño y, lo más importante, disminuir la probabilidad de castigar a las instituciones, familias y niños que ya han sido castigados por el actual modelo de organización de nuestro sistema educativo. Esto último no por el hecho de la imposición de sanciones en sí, sino porque no hay un sustento empírico robusto que indique que las sanciones son la ruta al mejoramiento escolar.

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