ué legitimidad pueden tener ante la discusión sobre el legado constitucional de la dictadura aquellos a quienes el propio Sebastián Piñera calificara como “cómplices pasivos” de ella? Ninguna, como ha observado –con alarma– Axel Buchheister.
La conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, y ahora de los 25 del triunfo del NO a Pinochet, han servido como marcadores mnemotécnicos del contexto en el que transcurre la discusión sobre una nueva Constitución. Recordar el rol instrumental que cumplió la violencia política en la creación del orden constitucional vigente, es un antídoto contra la actitud falaz de quienes intentan defender la actual Constitución mediante apelaciones solemnes, pero vacuas, a la necesidad de respetar la legalidad.
En Chile, la expresión contemporánea del mal –la producción sistematizada de dolor y muerte– estuvo definida no por su banalidad, como ocurrió de acuerdo a Hannah Arendt en el caso alemán, sino por su instrumentalidad. El bombardeo a La Moneda, la confiscación de inmuebles, la quema de libros, la ilegalización de partidos de izquierda y federaciones sindicales, las detenciones ilegales, la tortura y el exilio, los fusilamientos y las desapariciones, la represión de la protesta, tuvieron por propósito desactivar el disenso.
Esta violencia anuló la política en un sentido arendtiano, es decir, como espacio de autocreación colectiva de la comunidad, pero la preservó para algunos en un sentido weberiano, o sea, como lucha por el control del aparato estatal. Así, del cruce entre la criminalización de la izquierda y la posibilidad de hacer carrera política en la derecha como asesor constitucional, subsecretario o alcalde designado, lo que resulta es la negación de la capacidad de agencia colectiva del pueblo.
Perder de vista la instrumentalidad del mal facilita los absurdos retóricos de los defensores de la Constitución, absurdos tales como calificar una eventual Asamblea Constituyente de golpe de Estado (dicho, ni más ni menos, que por un panegirista de Pinochet) o argumentar que el Tribunal Constitucional puede bloquear la convocatoria a una Asamblea Constituyente, invocando como precedente una sentencia de ese órgano sobre la restricción vehicular a los autos catalíticos. Estos absurdos, por cierto, parecieran ser buscados deliberadamente por los defensores de la Constitución: mediante estos argumentos, verdaderos toxic assets, obstruyen la discusión pública, la que tiene que hacerse cargo de sus argumentos.
Veamos un ejemplo reciente: cuando la candidata de la UDI, Evelyn Matthei, afirma, con respecto al simbolismo del 5 de octubre de 1988, que “fue básicamente una entrega decente del poder por parte de un gobierno que tenía todo el poder del mundo”, transmite una idea históricamente equivocada pero de importantes implicancias políticas. Nada hubo de “decente” en los últimos días de la dictadura.
Tras su derrota en el plebiscito, la dictadura no sólo siguió asesinando opositores, como nos lo recuerda el asesinato de Jecar Neghme; y no sólo continuó privatizando decenas de empresas públicas en condiciones abusivas, como las investigaciones de María Olivia Monckeberg han atestiguado, también aprobó centenares de leyes, de las cuales la LOCE es tan sólo el rostro más visible. Entre esas leyes se encuentran también la reforma a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, que instauró el sistema binominal y diseñó el mapa de los distritos electorales con miras a maximizar el rendimiento en términos parlamentarios de los votos de derecha. Además, fue en ese período cuando la Junta Militar negoció con la Concertación una reforma constitucional que neutralizó las consecuencias políticas de la derrota electoral de la dictadura. Ante esto, incluso el uso de la expresión “entrega del poder” se vuelve discutible.
Si los defensores de la Constitución olvidan el contexto en el que ella se gestó e impuso, no es simplemente por dejación o ignorancia, sino por consideraciones estratégicas, instrumentales. ¿Qué legitimidad pueden tener ante la discusión sobre el legado constitucional de la dictadura aquellos a quienes el propio Sebastián Piñera calificara como “cómplices pasivos” de ella? Ninguna, como ha observado –con alarma– Axel Buchheister.
Contextualizar significa recordar que fueron los civiles de derecha quienes, desde sus espacios políticos protegidos, le dieron sentido instrumental, significación constituyente, a la violencia militar. Sería de toda lógica histórica que la “deslegitimación del sector” que no simplemente calló, sino que prosperó en medio de la violencia política se extienda, como teme Buchheister, “al modelo que encarna”.
(*) Texto publicado en Red Seca.cl
