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Donación de órganos: un acuerdo de mutua generosidad

por 13 octubre, 2013

Debiéramos preguntarnos: ¿es lícito exigir de los ciudadanos una lógica colaborativa, propia de una sociedad con altos niveles de integración y equidad, cuando tenemos un sistema estructuralmente basado en la competencia y la desconfianza? Tanto en este caso como en el de la escasez de médicos especialistas, nuestra clase política se ha dado de narices con el hecho de que la desregulación neoliberal deja descubiertos una serie de bienes públicos socialmente relevantes.
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Soy médico gastroenterólogo y me desempeño mayormente en el área del trasplante hepático, que es una de mis grandes pasiones y a la vez un privilegio. Es mi parecer que, tanto la sociedad como el equipo técnico del trasplante de órganos, han de ser facilitadores de una transacción, donde el altruismo y la generosidad de los donantes han de corresponderse con la promesa de que, cuando sea necesario, otro vendrá en  auxilio suyo o de sus seres queridos, de la misma manera. No es ni puro altruismo, ni puramente un gesto por conveniencia, se trata de reciprocidad.

Por otro lado, la compleja realidad de nuestro país, con una tasa de donación de aproximadamente 7 por millón de habitantes (lejos de los 35 por millón de habitantes de España, el país con la más alta tasa de donación del mundo) nos enfrenta al hecho de que muchos chilenos mueren en la espera de un órgano. Así, en nuestro país, en más del 50% de los casos de potencial donación, esta se rehúsa por parte de la familia.

¿Qué hacer para minimizar la mortalidad de los pacientes que esperan un trasplante? Si bien creo que todo aquel que esté disponible para recibir un órgano deba estar dispuesto a donar, una ley de donación presunta dista mucho de ser una solución completa y castigar a los no donantes; seguramente, no generará ningún trasplante adicional. Nuevamente el modelo español es ilustrador. En España, pese a la vigencia de una ley de donación presunta, en alrededor del 15% de los casos la oposición de la familia detiene el proceso de donación pues, culturalmente, no se considera correcto, ni conveniente en términos de crear una cultura permanente del trasplante, forzar la donación a todo evento.

Debiéramos preguntarnos: ¿es lícito exigir de los ciudadanos una lógica colaborativa, propia de una sociedad con altos niveles de integración y equidad, cuando tenemos un sistema estructuralmente basado en la competencia y la desconfianza? Tanto en este caso como en el de la escasez de médicos especialistas, nuestra clase política se ha dado de narices con el hecho de que la desregulación neoliberal deja descubiertos una serie de bienes públicos socialmente relevantes.

Aun así, no hay duda de que la cultura del trasplante se encuentra más presente en España que en Chile. Esta cultura también se enraíza en el carácter universal de su sistema de salud, que, a diferencia del chileno, no segrega a sus beneficiarios y entrega las mismas prestaciones a todos los miembros de la sociedad. Esta igualdad en la prestación de salud, genera una sensación de reciprocidad que favorece el altruismo, que es parte de la cultura de trasplante aquí descrita. Otro factor a considerar, es la existencia de un complejo y extenso sistema de detección de potenciales donantes, que funciona permanentemente y sin descanso, siempre disponible para la pesquisa y que funciona de manera unificada en todo el país.

En Chile, en comparación, con frecuencia no se cuenta con los medios de detección y diagnóstico de muerte encefálica por falta de especialistas o equipos, ni con las medidas básicas para sostener al donante mientras la donación se hace efectiva.

En relación a la recientemente reformada ley de donación de órganos (ley 20.673), cabe preguntarse: ¿de qué sirve una ley de donación presunta si no tenemos un sistema que sea capaz de detectar a los potenciales donantes? Además, la entrada en vigencia de esta nueva ley, implica pagar una suma de dinero para dejar constancia del deseo de no donar (ya sabemos de antemano quiénes tendrán más posibilidades de expresar su voluntad) y, para rematar, esta nueva ley castiga a los no donantes, bajando su prioridad al momento de recibir un órgano. Pienso que se aprende más de un buen ejemplo que de un castigo. Hace poco nuestro equipo enlistó y trasplantó a una paciente que se encontraba en el registro de no donantes. Poco antes de ser trasplantada, ella y su familia se hicieron donantes sin que mediara ningún tipo de presión (me enteré con posterioridad). No sé de un médico trasplantólogo que se sienta cómodo con esta ley y sí de varios que se sienten afrentados. Pensar que algunos estaremos disponibles para poner en riesgo la vida de quienes no se han querido hacer parte del sistema de donación de órganos es desconocer nuestra calidad humana.

Debiéramos preguntarnos: ¿es lícito exigir de los ciudadanos una lógica colaborativa, propia de una sociedad con altos niveles de integración y equidad, cuando tenemos un sistema estructuralmente basado en la competencia y la desconfianza? Tanto en este caso como en el de la escasez de médicos especialistas, nuestra clase política se ha dado de narices con el hecho de que la desregulación neoliberal deja descubiertos una serie de bienes públicos socialmente relevantes.

Revolución Democrática cree firmemente en los beneficios de un sistema de salud inclusivo, que no segregue a los chilenos por sus ingresos y donde todos tengamos la garantía de recibir una atención de calidad y oportuna; donde el Estado asuma como responsabilidad propia el que las necesidades sanitarias de los ciudadanos sean cubiertas con políticas racionales y efectivas y no meros distractores que nos desvían del verdadero foco de atención

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