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Según un documento de la CIA:

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Papa Paulo VI ordenó presionar e investigar a Augusto Pinochet

por 15 octubre, 2013

Papa Paulo VI ordenó presionar e investigar a Augusto Pinochet
El escrito de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, señala que la instrucción surgió luego de que, en julio de 1975, se prohibiera la entrada de una misión de DD.HH. de la ONU a Chile, tras lo cual se dieron a conocer en Argentina y Brasil listas con los nombres de 119 miristas supuestamente “ajusticiados” en rencillas internas, en la denominada “Operación Colombo”. Los documentos también demuestran que en ese momento ya se sospechaba de la existencia del plan “Cóndor”, que coordinaba a los servicios represivos de las dictaduras de América Latina.
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A principios de este año, uno de los 1.7 millones de documentos desclasificados de Estados Unidos que se encuentran en las bases de datos de Wikileaks causó revuelo: se trataba de un cable del Departamento de Estado, fechado el 18 de octubre de 1973 en Roma, que da cuenta de una conversación entre el entonces subsecretario de Estado del Vaticano, arzobispo Giovanni Benelli, con Robert Illing, un diplomático estadounidense.

En el diálogo, Benelli expresó a Illing que tanto él como su jefe por aquel entonces, Giovanni Montini, más conocido como el Papa Paulo VI, estaban muy preocupados por “la exitosa campaña izquierdista internacional” que, a su juicio, buscaba deformar la realidad de lo que sucedía en Chile, indicando que muchas personas estaban dispuesta a creer las “mentiras groseras” que se estaban diciendo acerca de la junta y sus excesos.

Una de las partes más controversiales del documento era aquella que señalaba que Benelli había comentado que, “como es infortunadamente natural después de un golpe de Estado”, se había producido derramamiento de sangre, pero ―según él― desde Santiago, el cardenal Raúl Silva Henríquez y los obispos chilenos en general habían asegurado a Paulo VI que la Junta hacía esfuerzos para que el país regresara a la normalidad y que “las historias en los medios sobre brutales represalias son infundadas”.

Sin embargo, y de ser efectivos los dichos de Benelli, menos de dos años después la opinión de Montini había cambiado radicalmente, como lo refleja un documento secreto de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), que señala que Paulo VI había ordenado a sacerdotes de todo el mundo presionar a Pinochet, a raíz de la denominada “Operación Colombo”.

El contexto

A mediados de 1975, un grupo de observadores de Derechos Humanos de la ONU intentó visitar Chile, luego de una gran cantidad de denuncias internacionales respecto de las violaciones a los DD.HH. En mayo de ese año, sin ir más lejos, el Comité Pro Paz había presentado ante la Corte Suprema una lista de 166 desaparecidos.

Como segundo punto del reporte, este decía textualmente que “el Papa Paulo ha instruido a la iglesia en todo el mundo a presionar al gobierno chileno, en un esfuerzo por buscar la verdad en este asunto (borrado). El esfuerzo en Chile será canalizado por el nuncio papal, que a su vez trabajará con el ministro de relaciones exteriores”.

Sin embargo, el 4 de julio, como quedó detallado en un documento de la Embajada de EEUU en Chile, Pinochet anunció en Vallenar que “he tomado una gran decisión: he ordenado que la comisión de Derechos Humanos no venga a Chile”.

Por cierto, Pinochet argumentó que el viaje era producto de una campaña del comunismo internacional en contra de Chile y aprovechó de recordar que la Junta seguiría en el poder, a pesar de los intentos demagógicos de “los políticos” por sacarlo de allí. Asimismo, aseveró también, como lo había hecho varias veces antes, que no aceptaría comisiones de Derechos Humanos a menos que estas realizaran informes de países comunistas como la Unión Soviética o Cuba.

Colombo

La decisión del dictador causó un fuerte impacto internacional, como era lógico, y cayó sobre él una andanada de críticas. Casi tres semanas después, los medios chilenos se hicieron eco de dos espurias publicaciones aparecidas en Argentina (la revista “Lea”) y Brasil (“O’Día") que aseveraban que 119 miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) habían sido “ajusticiados” por sus propios camaradas, por rencillas internas. Más tarde se sabría que se trataba de la denominada operación “Colombo”, ideada y puesta en marcha por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigida por Manuel Contreras, la que estaba detrás también de ambas publicaciones, una de ellas ("Lea") creada única y exclusivamente para servir de soporte a la difusión de esta “noticia”.

En la Embajada de Estados Unidos en Chile la información relativa a los 119 miristas se recibió con escepticismo. En un informe firmado por el entonces embajador David Popper, del 30 de julio, se reseña una conversación de este con el embajador británico, Reginal Luis Seconde, quien le contó que había hablado “en fuertes términos” con un coronel de apellido Valdés, militar chileno, debido a que de los 119 fallecidos, 28 habían solicitado visas para ir a Inglaterra y en 23 casos se había recibido información de que los solicitantes habían sido arrestados poco después de pedir dichos salvoconductos. Además de ello, había dos personas en dicha lista sobre las cuales el gobierno británico había pedido información a sus pares chilenos, respondiéndose que “ambas estaban en custodia y en buenas condiciones”.

El oficial, confrontando a ello, aseveró que “ni la DINA ni las otras fuerzas de seguridad del gobierno chileno podrían estar involucradas en una operación tan aparentemente estúpida como esta”, sugiriendo que las publicaciones en Argentina y Brasil podrían ser un complot “de la extrema izquierda”.

A esas alturas Popper no necesitaba que nadie le contara que había algo muy oscuro detrás de la historia. Cinco días antes oficiales consulares de EEUU se habían reunido con “un prominente abogado chileno, activo en la defensa de los prisioneros políticos chilenos”, quien les dijo que “había una especulación común, aunque sin pruebas, de que los servicios de seguridad del gobierno chileno han hecho algún tipo de arreglo con los servicios de seguridad argentinos o quizás con la ‘AAA’ de López Rega. El abogado destacó que Lea, la revista de Buenos Aires en que apareció originalmente la primera lista, es un órgano de López Rega”.

En otras palabras, dicho abogado se estaba refiriendo a la “Operación Cóndor”, la coordinación de los servicios represivos de las dictaduras del cono sur.

Asimismo, los estadounidenses habían conversado con “una fuente confiable”, un militar de alto rango y contrario a la DINA, que tampoco se identificaba, quien les dijo que “las 119 personas nombradas están muertas”, que todas ellas “fueron asesinadas en Chile y por la DINA” y que la motivación para la historia de fachada era “proveer una explicación pública plausible sobre el problema de los desaparecidos”.

Esta fuente, con la cual dialogaron después de la conversación con el abogado, también les habló de la relación entre la DINA y la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), dirigida por “El brujo”, José López Rega.

La iglesia

Donde tampoco creyeron en la versión de los enfrentamientos fue al interior de la Iglesia Católica. El nuncio apostólico del Vaticano en Chile, Sótero Sanz, quien fue muchas veces tildado de partidario de Pinochet, expresó “su preocupación” el 24 de julio. Seis días después, la Dirección de Operaciones de la CIA informaba al director Central de dicho organismo, William Colby, que una fuente confidencial, cuyo nombre está borrado, les había dicho que durante la última semana el papa Paulo VI había entregado “instrucciones para dar todos los pasos apropiados para investigar los recientes artículos en la prensa argentina y brasileña sobre la muerte o desaparición de un gran número (119) de extremistas chilenos supuestamente fuera de Chile”.

En su segunda página, y aparentemente como comentario de los redactores, el informe de la CIA de algún modo se hace cargo de lo que a su vez habían averiguado los diplomáticos en Santiago, aseverando que “los artículos han estimulado una vez más el interés internacional sobre la cuestión relativa a muertes posiblemente atribuidas a la junta de gobierno”.

Como segundo punto del reporte, este decía textualmente que “el Papa Paulo ha instruido a la iglesia en todo el mundo a presionar al gobierno chileno, en un esfuerzo por buscar la verdad en este asunto (borrado). El esfuerzo en Chile será canalizado por el nuncio papal, que a su vez trabajará con el ministro de relaciones exteriores”.

En un tercer punto, el documento de la CIA explicaba que se creía que la mayoría de los “extremistas” del listado habían sido muertos por “elementos de seguridad de la Fuerza Aérea”, aludiendo al Comando Conjunto, agregando que lo más probable es que las víctimas fueran personas detenidas entre octubre y diciembre de 1974, “cuando el gobierno estuvo envuelto en una ofensiva total contra el MIR, luego de la muerte de su secretario general, Miguel Enríquez”.

De acuerdo a esta misma fuente, antes de que Pinochet prohibiera la entrada de la comisión de DD.HH. de la ONU, familiares de varias de las personas que aparecían en la lista habían expresado su intención de declarar ante dichos expertos, agregando también que el montaje realizado “es inherentemente en detrimento del gobierno”.

La quinta página del documento sólo tiene la leyenda “denied in toto”; es decir, negada en su totalidad.

Las palabras del cardenal

Finalmente, como lo muestra la historia, quien asumió el protagonismo en la defensa de los DD.HH. por parte de la Iglesia Católica fue el cardenal Silva Henríquez y en caso alguno el nuncio apostólico, de acuerdo al diseño original del Vaticano.

Un cable de la CIA, del 12 de agosto de 1975, daba cuenta que "la Iglesia Católica parece estar tomando una posición más fuerte en el tema de los Derechos Humanos" y recordaba que "el obispo de Santiago celebró la semana pasada una misa para los familiares de 119 personas, la mayoría de ellos miristas, que fueron supuestamente asesinadas o heridas por fuerzas gubernamentales, o que fueron reportadas como desaparecidas en el extranjero, en sospechosas circunstancias".

El informe de la agencia de inteligencia se hacía eco, además, de lo que el Comité Pro Paz pensaba al respecto: que se trataba de un montaje destinado a ocultar el crimen de las 119 personas que figuraban en la lista de los 119. Del mismo modo, se precisaba que luego de un encuentro entre el cardenal Silva y Augusto Pinochet, el religioso había dado muestras de que "la Iglesia está perdiendo la paciencia con el gobierno".

De hecho, en términos oficiales, al menos a cuatro días de la fecha del reporte de la CIA, la Embajada de Estados Unidos en Chile ya había determinado que el supuesto ajusticiamiento al interior del MIR era falso, como quedó plasmado en un análisis del 8 de agosto: "Hemos concluido que los reportes describiendo la muerte o desaparición de 119 extremistas chilenos, afuera de Chile, son probablemente falsos, y que la mayoría de ellos están probablemente muertos. La explicación más plausible que podemos deducir por estos, que seguramente seguirán siendo un misterio, es que las fuerzas de seguridad del gobierno de Chile actuaron directamente o por medio de terceros, plantando estos reportes en oscuras publicaciones, para proveer por algún medio de explicaciones para la desaparición de numerosos violentos izquierdistas. Las fuerzas de seguridad del gobierno de Chile seguramente los asesinaron a todos o parte de ellos".

*Más información en Centro de Investigación Periodística DocumentoMedia: www.documentomedia.cl

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