Ojalá que el SII tome cartas en el asunto para finalizar con la impunidad existente. Si ello sucede, las tesorerías de todas las municipalidades del país recibirán los auténticos fondos que les corresponden, aumentando por lo tanto sus presupuestos, y las constructoras e inmobiliarias rebajarán de sus derechos municipales las sumas efectivamente pagadas a los revisores independientes.
Una vez al año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través de su titular, emite resoluciones exentas dirigidas, entre otros, a todos los Directores de Obras Municipales que hay en el país, como también a los 15 Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de ese ministerio y a los 15 Directores del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), dándoles a conocer los costos unitarios por metro cuadrado de construcción que se deben consultar en la confección de los presupuestos de obras, sobre los cuales se aplican los derechos municipales que los titulares de los proyectos deben pagar para la obtención de los permisos de edificación.
El Minvu, en su documento oficial, es muy ordenado para clasificar las tablas correspondientes a las distintas calidades de los materiales utilizados, pero como prácticamente nadie fiscaliza que los cálculos de las clasificaciones elaboradas por los propios interesados sean los verdaderos, se ha configurado la industria de la mentira para que los actores del mercado paguen menos dinero a las municipalidades, con lo cual esa trabajosa resolución ministerial es letra muerta. Con esta picardía chilensis, los perdedores netos por esos menores ingresos monetarios son las 345 municipalidades existentes.
[cita]Ojalá que el SII tome cartas en el asunto para finalizar con la impunidad existente. Si ello sucede, las tesorerías de todas las municipalidades del país recibirán los auténticos fondos que les corresponden, aumentando por lo tanto sus presupuestos, y las constructoras e inmobiliarias rebajarán de sus derechos municipales las sumas efectivamente pagadas a los revisores independientes.[/cita]
Esta engañosa práctica generalizada fue denunciada años atrás por el doctor Hugo Unda, cuando ejercía el cargo de concejal de Las Condes. Hizo un acabado estudio de los permisos de edificación cursados durante un período determinado, para cuantificar las mermas económicas que sufría esa municipalidad con la “errónea” clasificación, llegando a guarismos escandalosos, situación que lo motivó para hacer las denuncias respectivas en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, en la Contraloría General de la República y en el 32º Juzgado del Crimen de Santiago, cuyo juez le solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) que indagara.
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI tomó las declaraciones del denunciante y de testigos y, con la abundante documentación obtenida, arribó a la siguiente conclusión, trasladada al mencionado Juzgado: “Estas irregularidades consisten en que diferentes empresas construyeron diferentes edificaciones, cancelando y clasificando el permiso de edificación B-3, cuando estos edificios debieran haber sido clasificados como B-1 o B-2. Esto debido a la mala clasificación que realizaron algunos funcionarios de la Dirección de Obras Municipal, lo que permitió el pago erróneo de los permisos, produciendo un déficit en esa municipalidad” (sic).
Pero nadie hizo nada para evitar la repetición de esa burla.
En otro orden, pero relacionado con lo anterior, nos referimos a los revisores independientes de obras de construcción, figura creada hace unos 15 años, para que asistan técnicamente al sector inmobiliario en la consecución de los permisos que requieren sus mandantes. Existe un registro de estos revisores en el Minvu y hay tres categorías de los mismos en las cuales se revelan sus capacidades técnicas y experiencia.
Para inscribirse en la primera categoría de tal registro, es necesario estar constituido como persona jurídica y acreditar que entre los socios, directores o administradores, se cuenta con un mínimo de dos profesionales que posean título profesional de arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, de los cuales uno debe ser arquitecto, sin desmedro de cumplir otras condiciones. Los revisores de tercera categoría sólo podrán trabajar en obras de menos de 2.500 m², los de segunda categoría podrán inspeccionar trabajos que no superen los 5.000 m² y los revisores de primera categoría podrán encargarse de todo tipo de obras.
Los de primera categoría intervienen obligatoriamente en los proyectos de uso público y sus opiniones se reflejan en informes técnicos por los cuales los titulares de los proyectos les debieran pagar el 30% del monto resultante de los derechos municipales por la calidad de la construcción.
Como la oferta de estos profesionales excede la demanda, la experiencia indica que hay reducciones en las tarifas convenidas, las que obviamente no se reflejan en las deducciones fijadas en los permisos de edificación: en promedio, el mercado les paga a estos revisores porcentajes que fluctúan entre el 5% y el 20% de los derechos municipales, dependiendo del monto de la inversión y de cuán engorroso es cada proyecto.
Siendo así, cada actor inmobiliario titular de proyecto rebaja automáticamente ese 30% del importe del derecho municipal, enterando por lo tanto ese privado en las arcas municipales una menor suma de dinero, sin que nadie constate que se le haya pagado efectivamente al revisor independiente la suma rebajada.
Con esta tolerada e insana práctica, unida a la subclasificación de la calidad de la construcción, guarismo convalidado por los revisores independientes, se concluye que son muchos millones de dólares los “ahorrados” por los particulares que se desenvuelven en este tipo de negocios. Que ese “ahorro” signifique menoscabo para el Estado, pareciera que a ninguno de aquellos que ejercen el poder político pareciera interesarle.
Lo que estamos relatando se lo informamos a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. La primera, a través de su Director Jurídico, mostró preocupación, y los diputados, posiblemente porque sus prioridades son las reelecciones, olímpicamente optaron por mirar para el lado.
Pero el miércoles 16 de octubre pasado, con el ex concejal Unda y con un arquitecto revisor independiente, nos reunimos con Alejandro Burr, director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien nos recibió con sus colaboradores inmediatos expertos en la materia. Les explicamos detalladamente cómo opera el sistema en boga, entregándoles copias de los documentos ad hoc, y por las estipuladas competencias técnicas y administrativas que tiene ese servicio, ellos no se comprometieron a ejercer funciones fiscalizadoras hasta que resuelvan si la ley les permite actuar.
La reunión fue muy grata y al terminar le manifestamos a su director que en Chile no es necesaria una Reforma Tributaria, si el Estado : 1) termina con las innumerables e injustificadas franquicias y subsidios a ciertos influyentes sectores económicos, 2) acaba con la renta presunta para otros tantos sectores, y 3) se reduce drásticamente la evasión y se impide con voluntad política la elusión.
Las dos frescuras relatadas en el ámbito municipal son demostrativas de la impudicia que se observa, la cual conduce al far west imperante y, una vez más, con majadería, afirmamos que el sistema de libre mercado podría funcionar si la estructura del Estado se pone al nivel de los países del primer mundo, algo muy difícil pero no imposible.
Ojalá que el SII tome cartas en el asunto para finalizar con la impunidad existente. Si ello sucede, las tesorerías de todas las municipalidades del país recibirán los auténticos fondos que les corresponden, aumentando por lo tanto sus presupuestos, y las constructoras e inmobiliarias rebajarán de sus derechos municipales las sumas efectivamente pagadas a los revisores independientes.
