Como es posible apreciar, la diferencia entre una solución y otra tiene que ver principalmente con dónde situar a las Isapres, que siendo en la actualidad un componente de la Seguridad Social en salud, se viven a sí mismas como agentes de un mercado competitivo y mínimamente regulado. Al respecto, el Tribunal Constitucional espera una respuesta. La palabra la tiene ahora Bachelet.
Todo indica que Michelle Bachelet triunfará en las presidenciales. Ergo, en sus manos caerá la herencia de lo no obrado en materia de salud después de que el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de las Isapres en nuestro sistema de Seguridad Social, en particular en lo que dice relación con la tarificación por riesgo que hacen a sus beneficiarios. El gobierno de Sebastián Piñera no tenía previsto en su programa de Salud entrar en este tema, pero fue sorprendido y remitió finalmente al Legislativo un proyecto desarrollado a partir de un acuerdo político, pero aquel no logró ver la luz del sol. Para la memoria correspondiente, al proyecto se le llamó Plan Garantizado de Salud (para las Isapres) y se le acompañó de un articulado orientado a resolver el problema de la reajustabilidad de los planes (IPC de la salud), otro asunto de importancia que radica hoy en los Tribunales por decisión ciudadana y que introduce inestabilidad en el sector.
Si bien el proyecto que se envió a trámite resolvía el asunto planteado por el TC, tenía también los inconvenientes de potenciales sesgos y movimientos de beneficiarios entre las Isapres y FONASA, a propósito justamente de las relaciones entre tarifas y riesgos, dado que FONASA no participaba en el esquema con tarifa universal. Las Isapres, como es sabido, resistieron a pie firme esta transformación, resistencia a la que se sumaron, paradójicamente, actores que vieron en el proyecto una tabla de salvación para las primeras. Resultado final: se acabaron los tiempos del proyecto (el propio Ministro lo dijo en el seminario de la Asociación de Clínicas).
[cita]Como es posible apreciar, la diferencia entre una solución y otra tiene que ver principalmente con dónde situar a las Isapres, que siendo en la actualidad un componente de la Seguridad Social en salud, se viven a sí mismas como agentes de un mercado competitivo y mínimamente regulado. Al respecto, el Tribunal Constitucional espera una respuesta. La palabra la tiene ahora Bachelet.[/cita]
Cuando CNN le preguntó a Michelle Bachelet por las Isapres, ella reconoció la existencia del problema y señaló que sus técnicos expertos estaban trabajando en el tema (una comisión será una de las 50 medidas). Pues bien, ¿a qué se enfrentan estos expertos? Con realismo, y en el marco de las crecientes demandas sociales que se derivan de la expansión de la clase media, visualizo dos opciones para el desarrollo futuro de la Seguridad Social en salud, TC incluido; no mucho más.
Primero, un seguro universal en un esquema multiasegurador, que incluya a FONASA e Isapres en su provisión. Esta es la tesis del voto de mayoría de la Comisión Presidencial de Financiamiento de la Salud del 2010 (un grupo de expertos del que formé parte), voto que pasó sin pena ni gloria por la arena del debate público. El voto de minoría, recordemos, fue el de las Isapres tratando de mantener el statu quo.
El asunto esencial de esta opción es que las Isapres deben ser transformadas en agentes de la Seguridad Social. Es decir, se les debe despojar ya definitivamente de esos impulsos propios de los agentes que se desenvuelven en un contexto abiertamente competitivo y poco regulado. De partida, el negocio ya no estaría enfocado en gestionar bien la tarificación de los riesgos, pues aquello estaría abolido. ¿Cuán lejos o cuán cerca de la naturaleza del giro Isapre estará una solución como esta?
La alternativa es un seguro universal a cargo exclusivamente de FONASA, y las Isapres serían puestas fuera de la Seguridad Social, en el mercado de los seguros complementarios. Esto implica que un volumen importante de recursos que alimentaba al sistema Isapre (las cotizaciones obligatorias) ya no estarían más disponibles para el mismo.
En este escenario las Isapres son puestas en el ruedo que habitualmente reclaman: el mercado. Sólo que los volúmenes de financiamiento se reducen (al menos el componente protegido por el Estado) y en el futuro los recursos deberán obtenerlos de lo que denominamos “financiamiento voluntario”. Tal vez este sea el derrotero más natural para las Isapres en el futuro, dadas la naturaleza actual de su giro y su vocación más genuina.
Como es posible apreciar, la diferencia entre una solución y otra tiene que ver principalmente con dónde situar a las Isapres, que siendo en la actualidad un componente de la Seguridad Social en salud, se viven a sí mismas como agentes de un mercado competitivo y mínimamente regulado. Al respecto, el Tribunal Constitucional espera una respuesta. La palabra la tiene ahora Bachelet.
Sin embargo, no es posible dejar de decir que la opción del seguro universal provisto sólo por FONASA –a estas alturas la que mejor nos va sentando– debe incluir un pensamiento muy cuidadoso en torno a las aspiraciones de nuestra famosa clase media (cuyo 7%, en adelante, tendría un único destino), aprovechando el marco institucional vigente para la modalidad de atención de libre elección (MLE) y los paquetes asociados a diagnóstico (PAD), cuyo desarrollo decidido permitiría garantizar una transformación en esta dirección sin mucha conflictividad social. Preciso es recordar, también, que a los médicos sí les interesa que los pacientes tengan la opción de elegir dónde se atienden y que en las clínicas privadas una proporción muy importante de los pacientes son de FONASA.
En la medida en que la solución FONASA no se reduzca sólo a atención institucional (en la red pública) y sí se abra juego a modalidades abiertas más robustas, mejor serán resueltas las aspiraciones de la clase media, mejor combinará con ello el mercado de los seguros complementarios, más factible será el proyecto y mejor será la salud de toda la población.
