Quedan apenas unas semanas para la próxima elección y una vez más los chilenos y chilenas residentes en el exterior tendrán que esperar para que se reconozca su derecho a votar, en un claro ejemplo de la forma en que los discursos de campaña muchas veces no logran hacerse realidad. En efecto, el voto para los compatriotas residentes en el extranjero corresponde a una iniciativa que ha constituido una promesa de las últimas administraciones y que, sin embargo, no ha logrado llegar a puerto básicamente porque un sector mayoritario de la derecha en el parlamento ha sido contraria a su aprobación, esgrimiendo la excusa de la necesidad de demostrar “vínculo” a quienes residen fuera. Dicho argumento, excusa ideal para evitar explicitar el temor a las potenciales preferencias del voto de los compatriotas exiliados durante la dictadura, ha sido difícil de sostener, porque cualquier noción de “vínculo” que implique venir a Chile o tener intereses patrimoniales en el país, establece de facto un tipo de “voto censitario” que instala una desigualdad inaceptable ante la ley.
En cualquier caso, el reconocimiento al derecho a voto de los residentes en el exterior es una promesa incumplida de la agenda de reformas políticas de este gobierno, porque el ejecutivo simplemente ha dejado morir la iniciativa en los imbricados laberintos del trámite parlamentario. De hecho, el único proyecto que ha logrado discutirse en el último tiempo ha sido una iniciativa de reforma constitucional de un grupo de parlamentarios que, en esencia, es bastante conservadora en sus alcances porque sólo contempla la elección de Presidente y plebiscitos, dejando fuera, por ejemplo, la elección de parlamentarios, cuestión fundamental porque es en este poder del Estado donde se discuten y forjan las leyes que afectan a todos los chilenos, que la mayor parte de las veces, es independiente de su lugar de residencia. En este cuadro, no es de extrañar que algunos legisladores, de acuerdo a sus propias declaraciones, estén menos convencidos de la necesidad de reconocer este derecho que en impulsar iniciativas de reforma política que, según ellos, lograrían evitar el debate sobre la nueva Constitución mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente, lo que sólo muestra cierta miopía en la toma de decisiones.
Es importante señalar que varios expertos han cuestionado que la iniciativa se discuta mediante una reforma constitucional, que requiere un elevado quórum para concretarse, porque con la aprobación de la inscripción automática todos los chilenos, independiente de su lugar de residencia, quedaron en condiciones de sufragar, siendo por tanto necesaria la tramitación de una ley de quórum simple, que haría más viable su implementación.
Vale la pena señalar que, de acuerdo a las mediciones que ha realizado la encuesta Auditoría a la Democracia, desde el año 2010, más del 60% de las personas en Chile está de acuerdo con abrir el voto de los chilenos en el exterior. Si creemos en un mundo global y queremos entrar al primer mundo, vale la pena que pensemos también que nuestras instituciones estén a la altura y no en las antípodas de este desafío. No hay más excusas para que esta iniciativa no sea aprobada.
Por estas razones, apoyo la iniciativa Todos Somos Chilenos e invito a los compatriotas viviendo en el exterior, a ejercer simbólicamente su derecho al voto a partir del 10 de noviembre, para que esta sí sea la última elección donde sean considerados ciudadanos de segunda categoría.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
