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Controversia por Américo Vespucio Oriente: una mala señal

por 25 octubre, 2013

Es muy posible que quienes sucedan a la administración de Piñera, en caso de no compartir el sentido de los proyectos licitados, decidan introducir cambios en la relación contractual, en la medida que los contratos no estén cerrados. Eso necesariamente significará reiniciar el proceso de licitación con la consecuente postergación de los servicios que esos proyectos específicos deben proporcionarle a la comunidad y el enorme costo social asociado a esto. Para evitar este tipo de situaciones, sería aparentemente recomendable concentrarse en lograr los acuerdos necesarios más que en acelerar los procesos de licitación.
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Los últimos días en materia de infraestructura han sido noticiosos. La ministra de Obras Públicas dio a conocer un nuevo calendario para el proceso de licitación de ciertas obras emblemáticas, como la concesión de Américo Vespucio Oriente (AVO), la relicitación de la nueva concesión del Aeropuerto de Santiago y el puente sobre el Canal de Chacao. Por su parte, el Ministro de Transportes anunció la contratación, en diciembre próximo,  de los estudios de ingeniería definitivos para las ampliaciones de los servicios de Ferrocarriles hasta Melipilla y el Ministerio de la Vivienda extendió los plazos para la licitación de la vía que une Padre Las Casas con Temuco, para lo cual se construirá el primer puente atirantado de Chile.

Como Consejo de Políticas de Infraestructura no podemos sino mirar con gran optimismo el esfuerzo que están haciendo las autoridades por dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en este tipo de inversiones y retomar la dinámica que el país requiere. Creemos que cada uno de estos proyectos contribuye en forma fehaciente a resolver problemas de integración social y territorial, de calidad de vida de las personas más postergadas y generar importantes aumentos de productividad, al facilitar los desplazamientos y acortar los tiempos de viaje.

Sin embargo, entendemos que por la envergadura de los proyectos surgen preguntas que será necesario responder en la forma más abierta posible. Una de ellas es la seguridad de continuidad que puede darle una autoridad saliente a un contrato de la envergadura de los que se está hablando. Es cierto que en Chile se respetan los contratos entre el sector  público y los inversionistas privados, más allá de los gobiernos de turno. Al menos así ha sido hasta ahora y esperamos que lo siga siendo en el futuro, especialmente en un área tan sensible como es el de la infraestructura.

Es muy posible que quienes sucedan a la administración de Piñera, en caso de no compartir el sentido de los proyectos licitados, decidan introducir cambios en la relación contractual, en la medida que los contratos no estén cerrados. Eso necesariamente significará reiniciar el proceso de licitación con la consecuente postergación de los servicios que esos proyectos específicos deben proporcionarle a la comunidad y el enorme costo social asociado a ello. Para evitar este tipo de situaciones sería aparentemente recomendable concentrarse en lograr los acuerdos necesarios más que en acelerar los procesos de licitación.

En todo caso, para asegurar que esto se dé en la práctica, es necesario no sólo apegarse a las formalidades contractuales, sino que  exista una disposición a compartir la importancia de los proyectos y el significado que estos tienen en el contexto de una Política de Infraestructura entre gobiernos que se suceden unos a otros. En este sentido, llaman la atención las declaraciones de un integrante de uno de los comandos presidenciales en relación al proyecto Autopista Vespucio Oriente. Si quien emitió la opinión cuenta con el respaldo de su candidato y de los equipos técnicos que lo asesoran, este tipo de expresiones pueden deberse a la necesidad de marcar diferencias en un proceso de campaña entre una alternativa de continuidad y otra de oposición, o bien, pueden tener su origen en que el proyecto en cuestión no haya logrado el grado de compromiso y madurez que se requeriría para proceder a su licitación.

No creemos que sea acertado discutir, en una fase de campaña, acerca de la forma que podrían adquirir determinados proyectos y descalificar sus contenidos básicos sólo por motivos electorales. Eso sólo generaría incertidumbres que paralizarían las decisiones de inversión. De la misma forma, tampoco nos parece acertado imponer,  a fines de un gobierno,  proyectos que no tienen el suficiente arraigo para una ejecución de continuidad.

Creemos que, especialmente en momentos en que se avecina un cambio de gobierno, proyectos de gran envergadura como los que se están promoviendo requieren del mayor consenso posible para su licitación, en el entendido de que su ejecución comprometerá recursos y esfuerzos del gobierno que viene. Es muy posible que quienes sucedan a la administración de Piñera, en caso de no compartir el sentido de los proyectos licitados, decidan introducir cambios en la relación contractual, en la medida que los contratos no estén cerrados. Eso, necesariamente, significará reiniciar el proceso de licitación con la consecuente postergación de los servicios que esos proyectos específicos deben proporcionarle a la comunidad y el enorme costo social asociado a esto.  Para evitar este tipo de situaciones, sería aparentemente recomendable concentrarse en lograr los acuerdos necesarios más que en acelerar los procesos de licitación.

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