Opinión
El programa contempla mejoras en el modelo de relaciones laborales en algunos aspectos tales como la titularidad sindical para negociar, pisos mínimos de la negociación y la intención de corregir la disconformidad de la legislación chilena con los convenios de libertad sindical suscritos por Chile (mencionando discreta y ambiguamente al reemplazo de trabajadores en huelga). Sin embargo, no enfrenta de manera decisiva y sin rodeos los dos pilares más esenciales del Plan Laboral erigido en dictadura (1979) con el objeto de generar una fuerza de trabajo barata, desorganizada y despolitizada.
Finalmente fue presentado oficialmente el programa de la candidata presidencial con más chances electorales, Michelle Bachelet. Dicho programa mantiene las «tres grandes reformas estructurales» o «de fondo» que se definieron inicialmente (tributaria, educación, Constitución) y ahora incorpora una parte de cambios laborales.
Siendo justos, el programa contempla mejoras en el modelo de relaciones laborales en algunos aspectos tales como la titularidad sindical para negociar, pisos mínimos de la negociación y la intención de corregir la disconformidad de la legislación chilena con los convenios de libertad sindical suscritos por Chile (mencionando discreta y ambiguamente al reemplazo de trabajadores en huelga). Sin embargo, no enfrenta de manera decisiva y sin rodeos los dos pilares más esenciales del Plan Laboral erigido en dictadura (1979) con el objeto de generar una fuerza de trabajo barata, desorganizada y despolitizada:
a) La reducción de la negociación colectiva y la vida sindical al nivel más básico posible, de empresa;
b) La inhabilitación en la práctica del derecho a huelga, mediante el reemplazo de trabajadores en huelga, la atadura de la huelga al marco limitado de la negociación colectiva (excluyendo las huelgas por razones de solidaridad, diferencias espontáneas con el empresario o causas político-económicas) y la exigencia de un sinnúmero de plazos y procedimientos para hacerla efectiva, entre otros escollos.
La delicada composición de fuerzas del conglomerado de Nueva Mayoría, de siete partidos y movimientos que abarcan desde la Democracia Cristiana hasta una parte de la izquierda extraparlamentaria (con un menor peso), los dichos extraoficiales dados meses atrás por gente del comando de Bachelet a Diario Financiero, los encontrones con la CUT y las declaraciones despreocupadas del empresariado, ya hacían prever una agenda laboral (el nudo más sensible para el empresariado) modesta. Y ahora se despeja toda duda.
[cita]Como lo enrostra la historia una y otra vez, todo lo que los trabajadores han obtenido ha sido por su propia movilización directa. Por ahora, dadas las circunstancias, el aparato institucional que avala que los trabajadores de Supermercado Montserrat lleven 63 días de Huelga, acampando en el Río Mapocho por mejores salarios o que el 50% de los chilenos que trabajan jornada completa en grandes empresas gane menos de $273.500, no es materia urgente para la política del «nuevo ciclo».[/cita]
Despejado esto, es de particular relevancia considerar la filosofía con que se funda un proyecto social donde no se considera al trabajo en las cosas «de fondo», este «nuevo ciclo político, económico y social» donde los trabajadores no están al centro de la estrategia del desarrollo. Aquí, las declaraciones de los empresarios y las hechas ante el empresariado en los últimos pasajes de la coyuntura política, advierten el sello de la nueva etapa.
Esto es de vital importancia, pues, como reseña Rafael Agacino, hoy el contenido de lo político se define de forma más directa en la arena del poder económico y de sus brazos intelectuales, en otras palabras, sobre todo hoy, «el poder político real se desplaza más allá del Estado«, siendo en el mundo privado donde se encuentra «la disposición real de los recursos institucionales y materiales vitales para el destino del país».
Hace un tiempo, el Presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, tras el primer encuentro con Bachelet en la Confederación de la Producción y del Comercio (primera presidenciable en reunirse con la CPC) señaló: «Yo ya voté por ella y ahora me voy a repetir el plato». La visión que compartió Awad con el diario La Segunda era que sus postulados calzaban con el debate del «capitalismo inclusivo» que prevé se instalará en Chile y que ya relucía en el lenguaje de todo el espectro político: «No olvidemos que uno de los slogans de la campaña de Pablo Longueira fue Por un Chile más justo. Palabras ‘justicia’, ‘igualdad’, ‘equidad’, se están transformando en un claro faro de convivencia» y, en este marco, es Michelle Bachelet la candidata que -a su juicio- estaría llamada a encarnar y conducir mejor este proyecto. ¿En qué consiste este capitalismo inclusivo?
Awad lo aclara cuando señala en relación a la agenda de la ex mandataria: «No dudo que el centro de su gobierno será la reforma educacional y las externalidades positivas que eso significa. De ahí nace la solución al tema de la desigualdad. Ahí estamos ante este capitalismo inclusivo: ¡No hay estadio más maravilloso para ir a ver un partido de modernidad y crecimiento que tener a puros estudiantes en las graderías!».
En los acentos y omisiones de esta explicación, que coincide con la lectura común que se escuchó en la ENADE 2013, se enuncian los límites de diagnóstico del Chile de hoy aceptables para los empresarios y los límites de lo modificable. Y en este discurso el poder económico habló con voz fuerte y clara: es en el problema de la educación donde se juega la desigualdad, la presente crisis educacional deja averiado nuestro preciado «ascensor social» y socava el carácter meritocrático de la economía de mercado (tesis afín a la idea de «capital humano»). El problema no está –dice este discurso– en el orden del trabajo.
Y el discurso se grabó a fuego en el ideario de la gobernanza. Poco importa que el propio ministro del Trabajo admita la necesidad de un nuevo Código del Trabajo y critique a la derecha muy «pro-business«; Michelle Bachelet declara el 27 de octubre, que el cambio en la educación es «el camino más seguro para transformarnos en un país moderno» y, antes, en la ENADE, que «los países deben poner a la educación en el centro de su estrategia de desarrollo«, haciendo una operación de cierre discursivo del diagnóstico.
En esto no es bueno dar cabida a falsas dicotomías. La centralidad de la educación en la agenda pública se la ganó una población movilizada, cansada del endeudamiento y las promesas de humo, y es de enorme importancia para democratizar la sociedad. Lo preocupante no es eso, es la asimilación desde arriba del problema educacional como algo aislado del trabajo y sustitutivo de su centralidad. Y es que la educación reproduce y profundiza un orden anterior, la división capitalista del trabajo, que establece que un sector de la sociedad genere con su esfuerzo laboral recursos de los que finalmente no se beneficia mayormente. Así, no dar centralidad al trabajo es no alterar las reglas del juego del espacio donde se crea y distribuye primariamente la riqueza y el poder social, que irradia a todos los campos vitales. Por este motivo el Plan Laboral fue la primera de las «modernizaciones» emprendidas en dictadura y fue seguida después por la reforma de AFPs.
En relación a esta cuestión es que Fundación SOL, en conjunto con más de 10 profesores de derecho del Trabajo y en diálogo con organizaciones sindicales, ha levantado el documento Manifiesto Laboral, que busca aportar a un debate que ponga al trabajo en el centro de la estrategia del desarrollo y elimine las barreras estatales que pretenden impedir que los trabajadores desarrollen un poder autónomo. Entre los principios generales, la libertad para definir el nivel negociador (de empresa, de rama, nacional, etc.), el fin del reemplazo en huelga y la libertad para ejercer huelgas en distintos ámbitos, son claves.
Pero esto es sólo un insumo de ideas. Como lo enrostra la historia una y otra vez, todo lo que los trabajadores han obtenido ha sido por su propia movilización directa. Por ahora, dadas las circunstancias, el aparato institucional que avala que los trabajadores de Supermercado Montserrat lleven 63 días de Huelga, acampando en el Río Mapocho por mejores salarios o que el 50% de los chilenos que trabajan jornada completa en grandes empresas gane menos de $273.500, no es materia urgente para la política del «nuevo ciclo».
Es posible, sí, tematizar la desigualdad y morigerar la fractura social con mejoras aisladas, en esta nueva fase de “capitalismo inclusivo» que ya bautizó el empresariado.
