Si enumeramos las deficiencias de la Universidad de Chile, no es por querer desprestigiarla, es porque queremos transformarla. Queremos dar la lucha para que se reparta bien la torta entre las facultades e institutos, por mallas curriculares acordes a las necesidades del país, por una democracia que incorpore a todos los estamentos y por un mejor trato a los funcionarios. Queremos una universidad pública de verdad.
En unas semanas más, la Universidad de Chile cumplirá 171 años y los celebrará con una torta de contradicciones en torno a la “educación pública mercantilizada”, el extraño sistema educacional que engendró el Estado al abandonar a sus instituciones. En el caso de la “U”, esto se muestra en la priorización de la competitividad por sobre su misión al servicio de las mayorías del país, al igual como sucede en otros planteles y en la educación municipalizada, algo que quedó de manifiesto en el reciente debate sobre el ranking.
Esta lógica de mercado se expresa en los distintos mundos que conviven en la Casa de Bello, como la diferencia presupuestaria entre sus facultades y sus institutos, los escasos profesores y funcionarios contratados a planta, la aplicación de una nefasta subcontratación en los servicios de aseo, alimentación y seguridad, y también en la falta de democracia interna de la universidad.
Entre todos estos problemas, la unidad académica que lidera la lista de la precarización es el Instituto de Asuntos Públicos (INAP). Sin tener una sede propia, los estudiantes de Administración Pública hemos pasado por tres edificios distintos, en una peregrinación que ya es parte de nuestro folclor estudiantil.
Con la convicción de que debemos solucionar este problema, la comunidad de INAP ha protagonizado importantes movilizaciones dentro de la universidad. Por ejemplo, este año estuvimos tres meses en toma, levantando un petitorio del que ya logramos un punto importante: la salida del director del instituto, Eduardo Dockendorff, quien en diciembre se acogerá a una jubilación anticipada y dejará el cargo que le correspondía hasta 2015.
[cita]Si enumeramos las deficiencias de la Universidad de Chile, no es por querer desprestigiarla, es porque queremos transformarla. Queremos dar la lucha para que se reparta bien la torta entre las facultades e institutos, por mallas curriculares acordes a las necesidades del país, por una democracia que incorpore a todos los estamentos y por un mejor trato a los funcionarios. Queremos una universidad pública de verdad.[/cita]
Militante de la Democracia Cristiana y ex ministro de la Segpres de Ricardo Lagos, Dockendorff encarna las contradicciones de la Concertación frente a la educación pública: mientras algunos de sus miembros se autoproclaman defensores de ésta y prometen que ahora sí la garantizarán para todos, en los hechos le provocan un tremendo daño. Incluso algunos lucraron con universidades y aprobaron leyes que reforzaban la idea de la educación como bien de consumo.
En nuestro caso, la negligencia de Dockendorff rayó en lo absurdo: todos los edificios que hemos arrendado fueron encontrados por nosotros, los estudiantes. Su estilo autoritario, su incapacidad de formar un cuerpo académico estable (que hoy sólo cuenta con 17 profesores a tiempo completo, ninguno de planta), sus maniobras para mantener profesores afines a él por sobre los criterios académicos y la falta de un proyecto institucional, se suman a esta torta cuya guinda fueron las acusaciones en su contra por faltas a la probidad, ya que habría convalidado títulos mediante una comisión compuesta por personas que ya habían fallecido cuando supuestamente sesionó.
Ante este conflicto, le notificamos a la Democracia Cristiana que la gestión de Eduardo Dockendorff estaba dañando a la Universidad de Chile. Pero la respuesta que entregaron fue la misma que dieron en 2011, cuando se les interpeló porque un grupo empresarial ligado a este partido intentó comprar la Universidad Central para poder lucrar con ella: se desligaron de toda responsabilidad
La salida de Dockendorff es importante porque permitirá solucionar los problemas de INAP en el corto plazo. Pero su valor trascendental está en que constituye un hito referencial de cómo es posible ganar las movilizaciones cuando son realizadas con convicción y responsabilidad. Es la demostración de que, cuando estamos dispuestos a hacernos cargo, nuestro potencial transformador es enorme.
Si enumeramos las deficiencias de la Universidad de Chile, no es por querer desprestigiarla, es porque queremos transformarla. Queremos dar la lucha para que se reparta bien la torta entre las facultades e institutos, por mallas curriculares acordes a las necesidades del país, por una democracia que incorpore a todos los estamentos y por un mejor trato a los funcionarios. Queremos una universidad pública de verdad.
Reafirmamos esto ahora, cuando el país está en pleno periodo electoral y los riesgos de que nos pasen gato por liebre en educación son reales. La experiencia de INAP debe nutrir las reflexiones del mundo social y ser referente para las decisiones que tomen los movilizados.
Los estudiantes de Chile hemos exigido una educación pública, gratuita y de calidad. En el caso de INAP, nos hemos encargado de construir ese sueño, porque tomamos en nuestras manos su realización. Defender una universidad pública es transformarla, como lo estamos haciendo. Y nos seguiremos organizando, con aciertos y errores, ya que esta pelea no es solamente para mejorar las condiciones de nuestra carrera, es una pelea por una mejor educación para el país.
