La jerarquía de la Iglesia Católica puede expresar su opinión al respecto; no obstante, otra cosa es presionar en privado al Ejecutivo para no aplicar políticas públicas de no-discriminación a los colegios católicos, con respecto a contenidos morales en los currículos y la selección de alumnos y alumnas.
Recién concluido el juicio por el caso de Daniel Zamudio, el país es testigo de una nueva agresión contra un joven gay, en Rancagua: Wladimir Sepúlveda. Hace más de una semana fue golpeado por seis personas, quienes –según relatos de testigos en la prensa– profirieron insultos homofóbicos y amenazas de muerte por su condición sexual, diciendo reiteradamente: “Te vamos a masacrar por maricón”. La víctima está en la UCI de un recinto médico de Rancagua, fue intervenido quirúrgicamente, pero sigue en riesgo vital por un traumatismo encéfalo craneano.
Aunque el Ministro de Salud, quien lo visitó, anunció que “es muy probable que él no salga delante de esta situación”, el grito de repudio de la sociedad se está recién empezando a escuchar: se pronunció el Presidente y el obispo de Rancagua. Estas señales son lo mínimo que esperamos en una sociedad democrática que condena la violencia.
También conocimos las penas en el caso de Daniel Zamudio. Más aún que la pregunta de si los años de cárcel ordenados se ajustan a la brutalidad del crimen, nos debe preocupar si los jueces han considerado el contexto homofóbico del crimen contra Daniel.
[cita]La jerarquía de la Iglesia Católica puede expresar su opinión al respecto; no obstante, otra cosa es presionar en privado al Ejecutivo para no aplicar políticas públicas de no-discriminación a los colegios católicos, con respecto a contenidos morales en los currículos y la selección de alumnos y alumnas.[/cita]
Aunque no puedan aplicar los agravantes de la Ley Zamudio –no estaba en vigencia en el momento de la agresión–, los magistrados mencionaron en el fallo que los condenados actuaron con alevosía, ensañamiento y por motivaciones «homofóbicas». Era lo mínimo. Pero queda algo más para reflexionar. El derecho penal no es suficiente para contrarrestar la discriminación y la violencia asociados a ese crimen.
Dijimos como sociedad, en 2012, que no habrá más casos como el de Daniel, pero poco pasó. ¿Dónde están las políticas públicas de prevención de la discriminación, de educación en los colegios, los currículos obligatorios en todos los colegios enseñando que una orientación sexual distinta de la mayoría y la identidad de género no son razón para discriminar y menos para violentar?
Es obligación del Estado, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptar estas políticas, las cuales deben ser eficaces y aplicables a organismos públicos y privados. También a las empresas y a las iglesias. Es en ese contexto que tanto revuelo ha causado, con justa razón, la carta que enviaron los obispos Ezzati y Ducasse al Presidente Piñera en nombre del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile –y que defendieron ante las críticas–, solicitando que el Estado de Chile no suscriba la Convención Interamericana contra Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. No es aquí lugar para discutir sobre la ratificación o no de la Convención. Tampoco, si la intervención de los obispos es más grave o inoportuna que el lobby de los grupos económicos en Chile. Finalmente, tampoco, en qué medida el gesto del obispo Goic de visitar a Wladimir Sepúlveda y de condenar “cualquier acto violencia que atente contra la dignidad de las personas”, debe ponderarse al evaluar la carta. Más bien, son las razones que en aquella carta se exponen las que son especialmente preocupantes.
Obviamente, la jerarquía de la Iglesia Católica puede expresar su opinión al respecto; no obstante, otra cosa es presionar en privado al Ejecutivo para no aplicar políticas públicas de no-discriminación a los colegios católicos, con respecto a contenidos morales en los currículos y la selección de alumnos y alumnas. Los obispos se preocuparon de que “el Estado podría limitar el acceso a financiamiento de colegios particulares subvencionados cristianos”, por “cierto tipo de distinciones basadas en los criterios de religión, sexo u orientación sexual”, al igual que la identidad de género, y por enseñar “contenidos (…) pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos (…) de naturaleza discriminatoria”.
Buscan no perder privilegios por una postura moral que no se condice con los Derechos Humanos. Sin reivindicar relaciones de causalidad, parece que tal postura surge del mismo substrato cultural en el cual pueden brotar agresiones contra las personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersex. En el derecho, hablamos de discriminación estructural, cuya expresión más feroz, pero no la única, es la violencia. Justamente, es la reproducción de estereotipos que genera intolerancia, discriminación e, incluso, odio.
Desconociendo como sociedad la necesidad de prevención de las actitudes discriminatorias, vamos a seguir llegando tarde cuando tenemos que llorar los muertos, agredidos y excluidos por la discriminación. La diversidad sexual sólo es un ejemplo de esto.
