Por un lado, en La Moneda se habla de una espectacular PNDU y, por otro lado, se procede con pillerías para satisfacer las pretensiones de ganancias fáciles e ilegítimas para privados allegados a las cúpulas del poder político, ello por cuanto el inicuo PRMS-100 pasa por alto precisas disposiciones de esa sana PNDU, razón por la cual sostenemos, sin temor a equivocarnos, que este doble estándar ha dejado muy mal parado al Presidente Sebastián Piñera.
Desde hace mucho tiempo estamos entregando ejemplos clarísimos que denotan la indebida injerencia de los actores más poderosos del mercado del suelo y ello es así porque los que ejercen el poder, por delegación de los votantes, entienden que facilitándose, eufemísticamente “desburocratizándose”, la tramitación de sus millonarios proyectos de inversión se genera crecimiento económico, el que automáticamente se asocia con el desarrollo. Incluso hay una oficina radicada en el Ministerio de Economía cuya misión es preparar ingeniosas fórmulas para viabilizar proyectos non sanctos.
Nos declaramos a favor del sistema de libre mercado con un Estado de verdad, en donde los actores que se desenvuelven en los distintos sectores de la economía compitan en igualdad de condiciones para que así se asignen correctamente los recursos, lo que lamentablemente no acontece en nuestro país. Por el contrario, con una imperfecta democracia, los funcionarios públicos no ejercen sus atribuciones porque se privilegian las picardías de los más habilidosos quienes, con sus pechugones abogados, interpretan a sus anchas las disposiciones legales. En Chile, mientras más poderosas sean las empresas, más se aprovechan de los consumidores y ello sucede justamente porque no operan las autorregulaciones de los mercados ni funcionan las instituciones, es decir, estamos regidos por la ley del más fuerte.
Con la tendencia a buscar el crecimiento económico por cualquier medio se llega a un PIB alto, a nivel latinoamericano, y así Chile es reconocido por las instituciones financieras internacionales y los gobernantes quedan felices. Las organizaciones gremiales empresariales siempre han sido contrarias a la existencia en una legislación que contemple el Ordenamiento Territorial, con la cual se rayaría la cancha para las distintas iniciativas productivas y es muy sintomático que en la actual campaña presidencial no se hable de una ley de este tipo, como tampoco de la referida a la captura parcial, por parte del Estado, de las plusvalías que se producen con los cambios en los usos de suelo y de las normas de edificación. Hoy en día, como corresponde a un país fanáticamente neoliberal y mercantilista, en este ámbito de materias, todas las ganancias derivadas de tales decisiones públicas son exclusivamente privadas.
Ahora bien, el 30 de octubre recién pasado, Piñera finalmente firmó el texto definitivo, modificado a última hora por presiones del sector privado, del Decreto que le da el vamos a la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), creando en paralelo un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano cuyos integrantes todavía no se conocen.
En todo caso, bajo la dictadura de Pinochet existió un Decreto similar originado en 1985 sobre esta materia, aunque bastante más rudimentario, el que obviamente no produjo ningún efecto práctico y, por ello, como la Concertación no le dio la más mínima importancia a la planificación territorial, en el año 2000 fue derogado, mientras Claudio Orrego ejercía como ministro de Vivienda.
Se supondría que, a partir de ahora, con esta hoja de ruta meramente indicativa, se harán los cambios legales y reglamentarios para que en nuestro país tengamos políticas públicas urbanas democráticas y sustentables, lo que es difícil pero no imposible si aquellos que ejercen el poder en materias de ciudad entienden que hay que detener el despelote que nos agobia.
Elaboraron por más de un año ese documento 28 profesionales de confianza de Piñera, casi todos arquitectos, consultores inmobiliarios, ingenieros, académicos, representantes de la Cámara de la Construcción y algunos diputados. Era un grupo bastante transversal en lo político e ideológico, aunque cargado al mercado, lo cual es bastante lógico porque este es el sistema económico imperante en Chile. Si esta PNDU es un instrumento de Estado, como lo esperamos, y si se empiezan a hacer bien las cosas, en unos años más podríamos tener ciudades a escala humana, sin segregación, lo cual sí es signo de desarrollo.
Hemos tomado conocimiento por la prensa que esta política tiene como ejes la integración social, el desarrollo económico con reglas claras, el equilibrio ambiental con planes de efectiva forestación, respetándose el patrimonio histórico y con una institucionalidad moderna que facilite la participación ciudadana, aunque nada se dice de la creciente corrupción que se observa en el sector de la construcción, la que, por lo demás, es de mal gusto reconocerla y por ello no es cubierta por los medios tradicionales.
Nos agradó la creación de los gobiernos metropolitanos con verdaderas atribuciones para las regiones de Santiago, Valparaíso y Concepción, los cuales atacarán frontalmente las desigualdades y guetos existentes. Lo precedente también será una efectiva medida para que las diferentes agencias públicas actúen coordinadamente en sus relaciones con los innumerables actores privados que se desenvuelven en el negocio de la explotación del recurso suelo. Ante el futuro escenario no se podrán repetir experiencias como el fallido Transantiago y se reducirán en gran medida los conflictos con las comunidades porque éstas serán interlocutores válidos en las evaluaciones sociales de proyectos.
Ahora bien, no sabemos si fue por una cuerda y coherente decisión del actual gobierno, teniéndose en cuenta el inicio de esta PNDU, o por otra razón derivada de la incompetencia técnica de los funcionarios que han estado elaborando el proyecto PRMS-100, que modifica el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas en esta saturada región, hemos tomado conocimiento del Oficio Nº 205 del 17/10/13 enviado por el intendente Juan Antonio Peribonio al Contralor General Ramiro Mendoza, mediante el cual retiró la solicitud de toma de razón de la Resolución Nº 125 del 13/09/13 del Gobierno Regional Metropolitano referida al cambio en comento.
En todo caso, dejamos en claro que tal PRMS-100 fue aprobado con burdos resquicios legales por el Consejo Regional (CORE) Metropolitano, presidido en aquel entonces por Fernando Echeverría, amigo de Piñera y actor inmobiliario interesado por razones obvias en la expansión urbana. Y el locuaz Presidente cometió el exabrupto de felicitar públicamente a Echeverría en la fecha en que el CORE votó favorablemente ese proyecto.
Recordemos que este cambio en la reglas del juego se originó en el año 2006 y lo que busca es crear unas denominadas Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) en terrenos de 60 hectáreas y el ente fiscalizador, a pesar de las presiones ejercidas por los gobiernos de Bachelet y Piñera, no ha podido aprobarlo por contener diversas incoherencias, omisiones e irregularidades de forma y fondo y, más encima, se desconocen los nombres de aquellos particulares que el gobierno intenta beneficiar con las consiguientes plusvalías territoriales.
Todos aquellos que nos familiarizamos con esta temática sabemos que las llamadas “condiciones” para permitir los negocios inmobiliarios en extramuros son una fantasía y el mejor ejemplo lo tenemos con los archiconocidos conflictos entre actores privados en la comuna de Lampa con unas inmensas Zonas con Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC), introducidas en el año 1997 en el PRMS, porque las mentirosillas “condiciones” no se han cumplido, y como no hay sanciones en la normativa ad hoc para los infractores, seguramente no se cumplirán.
Pero recién hemos sabido, por la consejera regional DC Eva Jiménez, que el gobierno acaba de volver a la carga con su especulativo PRMS-100, cuando lo lógico hubiera sido que se archivara para que así el próximo gobierno decidiera en consciencia. Es más, dadas las innumerables objeciones formuladas por la Contraloría a esta expansión urbana era evidente que el nuevo CORE, cuyos futuros miembros serán elegidos con el voto popular, lo que antes no sucedía, tenían el deber ético de votarlo, ello porque el texto actual de la modificación es muy distinto al anterior.
Como vemos, por un lado, en La Moneda se habla de una espectacular PNDU y, por otro lado, se procede con pillerías para satisfacer las pretensiones de ganancias fáciles e ilegítimas para privados allegados a las cúpulas del poder político, ello por cuanto el inicuo PRMS-100 pasa por alto precisas disposiciones de esa sana PNDU, razón por la cual sostenemos, sin temor a equivocarnos, que este doble estándar ha dejado muy mal parado al Presidente Sebastián Piñera.
Hemos dejado de manifiesto una nueva mala práctica del gobierno y ahora esperamos conocer lo que dirán los delegados de los 9 presidenciables, quienes en la tarde del jueves 7 de noviembre se verán las caras en un foro debate en el Colegio de Arquitectos de Chile.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
