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Carta Fundamental: de la jaula al transbordador por medio de la AC

por 13 noviembre, 2013

Carta Fundamental: de la jaula al transbordador por medio de la AC
No queremos devolverles legitimidad al Congreso ni a las instituciones bajo el alero de estructuras erigidas para favorecer sistemáticamente a quienes han hecho del Estado su botín, queremos participar activamente recuperando la potestad de una plataforma de poder que sólo responde a un destino: el poder popular constituyente.
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El lema parriano "Izquierda y Derecha unidas jamás serán vencidas" nos retrotrae al consenso transversal acerca del cambio del sistema binominal por un sistema proporcional. Esta propuesta tiene como motivación principal agotar el momento ideológico de la Asamblea Constituyente, utilizando toda clase de herramientas lógicas y estéticas para templar la necesidad de este proceso social y popular, recurriendo al trasnochado y manoseado gatopardismo de “Nueva Constitución” bicameral y sobre la base de “expertos” tecnócratas neoliberales; el más claro bastión de la democracia protegida: cambiemos todo para que todo siga igual.

La estrategia del marketing político ha sido capaz de proyectar espejismos, como el hecho de marcar el voto con AC, independiente de si el candidato elegido, en su programa de gobierno, incluye o no el compromiso de decretar una Asamblea Constituyente. Esto resulta evidenciar su labor en la maquinaria burocrática funcional a la pervivencia del statu quo. Sin embargo, no ha logrado disipar la idea de la urgencia de la Refundación del Estado, ampliando el problema y su solución a una “tercera vuelta”, en donde el resultado electoral pasa a segundo plano.

Se ha traído a colación el aspecto jurídico del proceso constituyente con el fin de transformarlo en una promesa de campaña, alejándolo de ser el proyecto político en sí mismo que encarna, siendo que, en teoría constitucional, el poder constituyente no se sujeta al poder constituido (Constitución y las leyes), pues de otra manera no habría un ejercicio libre y soberano por parte del constituyente.

No queremos devolverles legitimidad al Congreso ni a las instituciones bajo el alero de estructuras erigidas para favorecer sistemáticamente a quienes han hecho del Estado su botín, queremos participar activamente recuperando la potestad de una plataforma de poder que sólo responde a un destino: el poder popular constituyente.

La Constitución no posee algo así como un botón rojo de autodestrucción. No hay cláusulas que puedan reglamentar ya no una reforma, sino un cambio de la Carta Política como un todo orgánico, y a eso apunta construir una vía política para que los chilenos decidan sobre el futuro del país de una vez por todas.

La campaña del terror de parte de los grandes y preocupados grupos económicos y la clase política, se explica en el temor de ver comprometidos sus intereses y privilegios, instaurados en 1973, cuando, a pretexto de restaurar el orden institucional, se ejerció el poder constituyente, suprimiéndose la Constitución de 1925 y dictándose normas que se hicieron a la medida de empresarios y transnacionales, rompiendo con la tan pretendida y manoseada “tradición republicana” de manera contrarrevolucionaria por la Junta de Gobierno, apoyada por partidos "republicanos" que hoy se jactan de nuestro régimen institucional.

Es decir, el Golpe de Estado se justificó en la violación de la Constitución por parte de Allende, para violar la Constitución en nombre de la clase dominante.

Más tarde, para guardar las apariencias, se aprobó de manera fraudulenta la Constitución de 1980, cuya esencia antidemocrática arrastramos hasta hoy en una democracia llena de parches y cadenas, donde incluso un decreto-ley puede llegar a limitar derechos fundamentales.

Por todo lo anterior, depurando la cuestión de fondo, tenemos el imperativo de recuperar el poder constituyente del que hemos sido privados históricamente, entendiendo que el otorgamiento de una nueva Constitución tiene un sentido propiamente político más que jurídico.

No sólo es justo y necesario, sino urgente generar instancias de participación democrática que dinamicen la institucionalidad política, de manera que las instituciones sean espacios legítimos y vigentes en el contexto de la realidad política nacional, atendiendo a las nuevas formas de asociatividad y a los valores sociales de la cultura democrática, como la horizontalidad, la dignidad y el respeto, negados por la Junta Militar, que consagra y protege, gracias a la habilidad retórica de Guzmán, la plaga de “decretos leyes” y las bases usureras traídas desde Chicago.

Esta jaula de hierro, que amarra y jibariza, debemos transformarla en un transbordador que nos lleve hacia los destinos que trace la sociedad en su conjunto. Las instituciones deben estar en condiciones de evolucionar y admitir el cambio cuando no son capaces de plegarse a las necesidades de la sociedad.

La Asamblea Constituyente es una vía institucional de ejercicio del poder constituyente por parte de la ciudadanía, instancia que tiene como base la voluntad política para su realización.

Soberanizar-nos nuevamente, construyendo una sociedad basada en los mismos derechos, conculcados hace 40 años, a educación, salud y previsión, hoy meros instrumentos de lucro, nos obliga a dejar a un lado los caminos escolásticos de las soluciones únicas que, en la racionalidad mecanicista de la nomenclatura de la política tradicional, modera las demandas sociales por medio de líderes de opinión cooptados en su ejercicio de ser ventrílocuos de los mismos de siempre.

Este momento histórico nos invita a tomar la historia por las astas, avanzando en la construcción de un proyecto político amplio con un horizonte común. Un relato, escrito por los ciudadanos a partir de la convicción popular, cuyas raíces crecen en las necesidades más elementales de las personas: desde las injusticias de nuestro diario vivir, hasta los imaginarios que nos gobiernan. Es por eso que la vocación de poder debe ir acompañada por un fuerte compromiso con la acción transformadora, pues la solución al problema de representatividad y de legitimidad no se trata de un recambio generacional, sino de uno en la cultura política del país, dando paso a un nuevo ciclo que supere el paradigma del binominalismo.

Ya hemos comprendido que el Estado debe tener un rol activo en la economía nacional, el que debe contemplar atribuciones sobre la matriz productiva nacional, participación en negocios estratégicos para el Estado, tuición de los recursos naturales, concesiones y expropiaciones, generando instancias de participación democrática tales como iniciativa legal popular, asambleas territoriales, mandato parlamentario, referéndum vinculante y, en definitiva, todas las reivindicaciones y propuestas tendientes a fundar una sociedad de derechos para poner a la economía al servicio del ser humano.

Sin duda, lo más importante es darle nuevos bríos a la lucha social, que debemos asumir con mayor fuerza, dándole latitud a objetivos estratégicos para encaminarnos no sólo a reformas de gran calado, sino a un proceso revolucionario.

Rechazamos abiertamente los cambios cosméticos y las sofisticaciones que se allegan a los mismos fines. No queremos devolverles legitimidad al Congreso ni a las instituciones bajo el alero de estructuras erigidas para favorecer sistemáticamente a quienes han hecho del Estado su botín, queremos participar activamente recuperando la potestad de una plataforma de poder que sólo responde a un destino: el poder popular constituyente.

 

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