Opinión
Es necesario modificar la Constitución y la Asamblea Constituyente se ha levantado como la alternativa más democrática para hacerlo. Por eso, independiente de la forma en la que queramos abordarla, es una consecuencia lógica que la demanda de nuestros derechos nos lleve a la demanda por una Constitución que garantice una democracia sana, con instituciones representativas y abiertas al interés ciudadano. Esto, cuando vemos que las inquietudes generalizadas no tienen repercusiones importantes en el Congreso o en La Moneda.
No sólo los estudiantes hemos salido a cuestionar el modelo educativo. La mayor parte de la ciudadanía también ha hecho suyas las demandas por una educación gratuita, sin segregación, que realmente cumpla el interés público, y que su calidad no depende del equilibrio de mercado. Esto ha quedado reflejado a nivel nacional, tanto en las calles como en numerosos estudios de opinión.
En una democracia sana, lo normal sería que sus instituciones representativas acogieran como metas las inquietudes de la población. Sobre todo cuando hablamos de derechos o de la revisión de la democracia misma. Sin embargo, desde el 2006, año en el que nuestras demandas empezaron a posicionarse en la discusión pública, sólo hemos visto respuestas insuficientes por parte del gobierno respecto a estos temas: cuando pedimos gratuidad para que el dinero no sea intermediario en nuestro acceso al derecho a la educación, responden con más endeudamiento; cuando planteamos que hay que fortalecer la educación pública, se responde disminuyendo su matrícula en más de un 15% y cerrando colegios públicos; cuando planteamos que la calidad no puede ser fruto de la competencia, se responde aumentando a más de 10 las veces que se evalúa el SIMCE durante la etapa escolar y se crean “semáforos” que siguen segregando.
[cita]Nuestra Constitución, las leyes orgánicas constitucionales y sus defensas ahí mismo explicitadas (el Tribunal Constitucional, los quórum superiores a mayoría y el sistema electoral binominal que determina la conformación del parlamento), no sólo tienen como origen el diseño entre cuatro paredes de una dictadura cívico-militar y una inexistente legitimidad producto del mayor fraude electoral (plebiscito 1981) de nuestra historia, sino también son la traba para lograr las reformas que el país necesita y que el movimiento estudiantil ha posicionado. Con ellas presentes en nuestro entramado institucional, será imposible lograr aquellos cambios.[/cita]
Probablemente los conflictos de interés de los políticos y de los partidos tienen algo que ver. Hay casos donde claramente estos conflictos han sido determinantes, ejemplo de esto fue la votación en la Cámara de Diputados del informe del lucro el año 2012, donde se terminó rechazando el informe por la ausencia de varios diputados de la Concertación que ahora van a la reelección y el rechazo en bloque de toda la derecha. Pero ya ha quedado de manifiesto, después de varios años de experiencia política, que el problema de fondo está en el sistema político y en un modelo económico protegidos por la Constitución (o, en estricto rigor, en el bloque constitucional).
Nuestra Constitución, las leyes orgánicas constitucionales y sus defensas ahí mismo explicitadas (el Tribunal Constitucional, los quórum superiores a mayoría y el sistema electoral binominal que determina la conformación del parlamento), no sólo tienen como origen el diseño entre cuatro paredes de una dictadura cívico-militar y una inexistente legitimidad producto del mayor fraude electoral (plebiscito 1981) de nuestra historia, sino también son la traba para lograr las reformas que el país necesita y que el movimiento estudiantil ha posicionado. Con ellas presentes en nuestro entramado institucional, será imposible lograr aquellos cambios
Para eliminar estas trabas, es necesario modificar la Constitución y la Asamblea Constituyente se ha levantado como la alternativa más democrática para hacerlo. Por eso, independiente de la forma en la que queramos abordarla, es una consecuencia lógica que la demanda de nuestros derechos nos lleve a la demanda por una Constitución que garantice una democracia sana, con instituciones representativas y abiertas al interés ciudadano. Esto, cuando vemos que las inquietudes generalizadas no tienen repercusiones importantes en el Congreso o en La Moneda.
Es por eso que los invitamos a marcar AC (de Asamblea Constituyente para una nueva Constitución) en la esquina superior derecha del voto presidencial. Algunos dicen que marcar el voto no cambiará a Chile, esto mismo ha sido lo que hemos escuchado en todos estos años de movilización y sin duda que Chile ha cambiado. Esta protesta pacífica y ejercicio democrático es un acto más de muestra de que ya no deben existir más piedras de tope para que la educación sea un derecho y no un privilegio.
Seguramente muchos complejizarán la discusión, la reducirán a situaciones falsas: que sería un caos y generaría desorden social. Así no fue en Islandia ni Ecuador, tampoco será así en Chile. Nosotros creemos que la pregunta es simple: ¿Queremos que las instituciones les sigan dando la espalda a las personas? ¿O, de una vez por todas, aceptaremos que lo más justo es que entre todos, como iguales en nuestra diferencia, decidamos las reglas del juego al que queremos jugar y, con ello, decidamos el país que queremos vivir?
