No creo que sea fácil sacar la consigna gratuidad de las cabezas, pero sí espero que a quienes no les parece esta propuesta, en vez de fetichizarla aún más en una especie de guerra de posiciones, podamos levantar una discusión enfocada en los objetivos que creemos debe tener la educación superior y el financiamiento a la misma. Y en función de esos objetivos levantar las propuestas que nos permitan cumplirlos.
Recientemente se ha hablado en medios de una propuesta de financiamiento sobre la base de impuestos a los egresados. Al contrario del rechazo manifestado en redes sociales, la idea de utilizar un impuesto a los egresados como sustento económico de un sistema de financiamiento estudiantil no me parece tan loca. Lo que no me gusta de dicha propuesta es otra cosa. Sí me parece que está un poco descontextualizado el planteamiento de los impuestos.
Para efectos de la reflexión me parece necesario separar el mecanismo de asignación (cómo hago llegar los recursos y qué monto le asigno a cada estudiante) del mecanismo de recaudación para el financiamiento de dichas ayudas (el lugar del que saldrán los recursos).
En estricto rigor, de lo que se estaría hablando en el comando de Bachelet es de gratuidad (mecanismo asignación) financiada a través de impuestos a los egresados (mecanismo recaudación).
Lo que me parece equivocado de esta propuesta es la parte gratuidad, y no por su regresividad presente o futura, sino porque no cumplirá el objetivo que se supone debe cumplir.
¿Cuál es ese objetivo, el objetivo del financiamiento estudiantil a la educación superior?
[cita]No creo que sea fácil sacar la consigna gratuidad de las cabezas, pero si espero que a quienes no les parece esta propuesta, en vez de fetichizarla aún más en una especie de guerra de posiciones, podamos levantar una discusión enfocada en los objetivos que creemos debe tener la educación superior y el financiamiento a la misma. Y en función de esos objetivos levantar las propuestas que nos permitan cumplirlos.[/cita]
Lograr que los estudiantes quieran y puedan acceder y egresar de la educación superior. Y en lograr este objetivo es donde la gratuidad va a fallar. Y va a hacerlo por la misma razón que el sistema actual falla: existen otros costos significativos al momento de tener educación superior. Este es un tema que debiese ser central pero que hoy no está en el discurso de nadie (a lo más existe una discusión sobre aranceles de referencia). Estos «otros» costos serían: alimentación, que muchos la tienen gratis en el colegio; materiales, que varía bastante por carrera; transporte; alojamiento, en algunos casos; y el costo de no poder estar generando ingresos, costo que impacta en sectores particularmente vulnerables.
El siguiente argumento va en la línea de la responsabilidad fiscal y en la necesidad de que el estado disponga de recursos para financiar otras políticas: ¿Cuánto es lo mínimo que se requiere para cumplir ese objetivo? Uno podría suponer que el requerimiento de ayuda disminuye a medida que aumenta el ingreso autónomo: gente que posee mayor ingreso requiere menos recursos para poder acceder y mantenerse en la educación superior (no por un tema de regresividad, sino porque requieren menos para cumplir ese objetivo). Esto implica un sistema de asignación diferenciada y no uno de asignación igualitaria, como lo es la gratuidad.
Ahora la pregunta central es ¿por qué la gente no ingresa o no se mantiene en la educación superior? Y la casen da luces; estos son los resultados aproximados 2011 para jóvenes entre 18 y 24 años (si no le parece confiable la 2011, puede buscar las anterior, tienen resultados similares):
Dificultad Económica (~10%),
Trabaja o busca trabajo (~46%),
Ayuda en la casa (~6%),
Maternidad-paternidad-embarazo (~9%)
Terminó sus estudios (~21%),
No le interesa (~3%)
Problemas familiares (~1%)
Discapacidad (~1%)
Problemas rendimiento (~1%)
y el resto va a otros.
Más de la mitad de los motivos por los cuales no asisten a educación superior tienen relación con disponibilidad de recursos. Si se revisa el estudio de deserción del centro de microdatos de la Universidad de Chile, los motivos principales son vocacionales, económicos y academicos. ¿Cuál es el punto? Para cumplir el objetivo de que la gente pueda acceder y mantenerse en la educación de superior es necesario un set de políticas complementarias y no solamente una de transferencias económicas.
Claro, uno puede diferir respecto de que el objetivo planteado sea el objetivo. Hay gente que cree que la gratuidad va a generar una nueva relación y vínculo entre la persona y el estado o el colectivo. Lamentablemente me parece que confunden el sentido de gratuidad, el sentido de dar teniendo la opción de no haberlo hecho y donde la contraparte sabe que esa fue una opción voluntaria sobre la cual se construye una relación que no es de mera transferencia; con la gratuidad de precio = 0 generada a través de una transferencia (directa o indirecta) y que más encima se le pontifica casi como derecho inalienable.
Sobre el mecanismo de financiamiento, que aún no le dedico nada, creo que es necesario poner contexto. Valentina Quiroga, a quien se le sindica la idea, es de una generación que se vio enfrentada al desfinanciamiento del fondo solidario, a la pérdida de patrimonio de la universidad por paliar esos déficits y a la entrada en funcionamiento de un crédito que no era atingente (el crédito con aval del Estado).
Es en esta generación donde en la Universidad de Chile, institución de la cual egresa Valentina, se presentaron propuestas que utilizaban mecanismos de asignación diferenciada que para financiarse se basaban, parcialmente, en un impuesto a los egresados. Dos ejemplos fueron el Arancel Progresivo, presentado por Nicolás Grau, y el Arancel Tributario, presentado por mí.
Cuál creo que era la idea compartida detrás de esto: hacerse cargo de ese contexto. Y nos hacíamos cargo solidariamente presentando propuestas que permitían mejorar los sistemas de ayuda estudiantil sin requerir recursos adicionales del «fondo común» del Estado, incluso liberando recursos del mismo. Se incluían umbrales de pago, es decir, se pagaba un % de [ingresos-umbral], de tal forma que nunca era un desincentivo a tener educación superior.
El punto es que Valentina, de quien tengo una muy alta opinión, es de una generación donde hubo sectores estudiantiles que estaban dispuestos a poner cargas tributarias a ellos mismos y sus electores para financiar el acceso y mantención en la educación superior de sus compañeros. Creo que ese era el valor político y diferenciador de esas propuestas, ese «putting the money where the mouth is» y por eso tenían sentido si los estudiantes las proponíamos (¿con qué excusa se nos iba a negar la misma?). Creo que, en el contexto de hoy, de exigencia de derechos sin responsabilidades, esa propuesta no tiene mucho sentido.
Aún pienso dos cosas sobre este tema, primero que el diablo esta en los detalles del diseño. Segundo, que el financiamiento debe ser de asignación diferenciada, incluyendo todos los costos y la situación del estudiante, con un mecanismo de recaudación a través de créditos atingentes al ingreso complementados con una forma de impuesto (generales, que es como ha sido desde el 81, o exclusivos a los egresados), incluyendo la opción de pagarlos trabajando para el estado. Sobre este último punto: se farrearon la ley 20.330, el tremendo aporte y efecto multiplicador que podrían tener estos profesionales en regiones si la ley se hubiese alineado con una estrategia de desarrollo nacional y los incentivos se hubiesen puesto bien. La falta de calidad y cantidad de profesionales se reconoce como una de las principales falencias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
No creo que sea fácil sacar la consigna gratuidad de las cabezas, pero sí espero que a quienes no les parece esta propuesta, en vez de fetichizarla aún más en una especie de guerra de posiciones, podamos levantar una discusión enfocada en los objetivos que creemos debe tener la educación superior y el financiamiento a la misma. Y en función de esos objetivos levantar las propuestas que nos permitan cumplirlos.
