Volver Al Voto Obligatorio

La pasada elección fue significativa y única en nuestra historia porque por primera vez confluyeron cuatro hitos nunca antes vistos, a saber: i) elección de presidente y parlamentarios bajo un sistema de inscripción automática en los registros electorales con voluntariedad del sufragio; ii) elección democrática de los consejeros regionales; iii) el alto número de candidatos compitiendo por la presidencia de la república (9); iv) el nivel más bajo de participación electoral desde el regreso a la democracia en cuanto a número total de votantes en relación al padrón. Esta editorial se detendrá en el último punto.

Carlos Huneeus ha dicho respecto a esta elección que por “el hecho que haya votado menos del 50% del padrón electoral, el más bajo desde 1988, Chile se convierte en el número uno en baja participación electoral en América Latina”. Si bien en general el contexto latinoamericano no se destaca ni se caracteriza por sus altos niveles de participación política en contextos electorales, ni tampoco por sus estándares democráticos, es posible avizorar que nuestro país está cayendo en una situación preocupante. Veamos algunos casos meramente ejemplares del derecho electoral comparado. Durante el periodo 2010 – 2013, en procesos eleccionarios conducentes a elegir autoridad política ejecutiva con un sistema de voto voluntario e inscripción automática similar al nuestro[1], vemos que la abstención electoral alcanzó las siguientes cifras: Venezuela (20.36%), Ecuador (18.92%)[2], Paraguay (31.98%), México (36.86%)[3] y EE.UU. (33.35%). Por otra parte, en el contexto europeo, la abstención osciló entre las siguientes cifras: España (31.06%), Francia (19.65%), Alemania (28.45%), Italia (24.81%), Polonia (44.69%) y República Checa (40.92%).

¿Qué aconteció en Chile? En las elecciones municipales (primera elección con voto voluntario desde el retorno a la democracia) la abstención alcanzó la nada despreciable cifra de 59.5%, mientras que en las presidenciales, esa cifra se redujo sólo al 52%. Esto nos muestra que tenemos uno de los más altos niveles de abstención electoral en términos comparados con proximidad cultural, considerando el contexto latinoamericano y ciertas democracias europeas a las cuales Chile gusta mirar como modelos, pero que está lejos de emular.

Las cifras antes enunciadas son alarmantes y nos llevan a reflexionar sobre uno de los más grandes errores que se han registrado en nuestro país en lo que dice relación con reformas políticas implementadas en democracia, a saber, el establecimiento de un modelo de participación electoral voluntaria. Por eso, en lo que sigue esta editorial discurrirá, ya no en términos empíricos sino normativos, sobre la necesidad de reincorporar la participación electoral obligatoria.

Para comenzar, cabe preguntarse si acaso ¿Existen buenas razones normativas para que el voto sea voluntario? En principio, quizá haya aproximaciones plausibles esbozadas desde una postura liberal. No obstante, lo cierto es que difícilmente podrían ser razones concluyentes. Por ejemplo, examínenos la conocida tesis que sostiene que el voto voluntario es un “derecho” siendo entonces “ejercicio de libertad”, en tanto acción subjetiva expresiva de la autonomía individual. Tal como se presenta, dicha tesis sólo tiene sentido bajo una concepción liberal de la política y de la libertad cuyo norte fomenta la apatía y amplía los procesos de neutralización y despolitización. Esta lectura de la participación electoral denota una profunda matriz economicista del proceso político puesto que entiende la política como el mercado, el voto como un acto privado que se ejerce como un derecho subjetivo expresivo de nuestra autonomía personal y los electores y candidatos como agentes económicos (demandantes y oferentes en competencia). En tal sentido, bajo esta lógica, votar sería equivalente a comprar algún objeto en el mall: ambas serían meras expresiones de las preferencias subjetivas. Así, bajo este esquema, el requerimiento de alguna forma de coacción para sufragar implicaría necesariamente apelar a ciertas formas de interferencia paternalista en nuestras acciones, cuestión que para ciertos liberales sería inadmisible.

Si lo que se pretende de modo ideal es la conformación de una ciudadanía crítica más participativa e involucrada en el proceso político y sus instituciones, con mayores grados de politización y educación cívica, menos apática y con consciencia colectiva de una ética pública que inculque valores cívicos y comunitarios, entonces el voto voluntario y el plan de fundamentación de éste le hacen un flojo favor a ello, por el contrario, destruyen aquellas pretensiones. Bajo el marco de análisis de una filosofía política no-liberal, no existen razones concluyentes que justifiquen por qué el voto debe ser voluntario. Y es que el sufragio voluntario sólo es razonable y plausible para el liberalismo político y su concepción del sujeto y la sociedad (es decir, aquel que concibe la libertad negativa de no-interferencia y la sociedad como la agregación de individuos). Con todo, un pensador liberal de la talla de John Rawls estaba de acuerdo con que la participación electoral fuese obligatoria. Esto lo sostuvo cuando efectuó la analogía del deber de votar con el deber comunitario de pagar tributos. Para Rawls, ambas actividades se encuadraban en lo que él llamó deberes morales de reciprocidad, los cuales promoverían la distribución de beneficios para todos, incluido uno mismo (1999: 197). ¿Trasladado a nuestra realidad, hoy por hoy, alguien razonable podría oponerse al deber de pagar tributos?

Por otra parte, el autor liberal argentino Carlos Nino también justificó la obligatoriedad del sufragio a partir del dilema del prisionero, sobre el entendido de que se trataría de un paternalismo legítimo y no perfeccionista (donde también se incluye la obligatoriedad de la educación escolar y la obligatoriedad de usar cinturones de seguridad en automóviles y cascos para los motoristas). Nino pensaba que puede darse el caso de que amplios sectores sociales no voten porque cada individuo que los integra calcula que otros individuos que tienen los mismos intereses que él de cualquier modo no irán a votar y su voto no hará diferencia para que tales intereses sean contemplados por quienes resultan electos. Como todos los de esos sectores piensan así, efectivamente no votan y esto hace que los candidatos no contemplen sus intereses con lo que confirman su intención de no votar. Nino estimó que si en estos casos el sufragio se hace obligatorio, esto puede beneficiar a los compelidos al hacer que sus intereses sean tomados en cuenta (1989: 417).

Una vez que hemos evaluado, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las razones normativas que pretenden justificar la participación electoral voluntaria ¿Qué hacer para revertir el estado de la cuestión? ¿Qué nos queda ante este panorama? Veamos. Actualmente el voto voluntario está garantizado en el artículo 15 de la Constitución Política. Por ende, sin reforma constitucional, no podemos re-incorporar la participación electoral obligatoria. El capítulo donde se encuentra el artículo requiere para su modificación un voto conforme en cada cámara de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Es decir, un quórum parlamentario muy exigente. Si bien era esperable que la derecha promoviera esta reforma (donde sus principales impulsores fueron Cristián Larroulet y el propio Sebastián Piñera), no es comprensible qué llevó a parlamentarios de la Concertación (más allá de un cálculo torpe) a aprobar con sus votos e incluir en la Constitución esta nefasta reforma (Al respecto, ver historia de la ley Nº 20.337).

Dicho eso, cabe mencionar que muy probablemente Michelle Bachelet será la futura presidenta de la república. Lo relevante, para los propósitos de esta columna, es que su programa de gobierno contempla una reforma total de la Constitución. Ahora bien, de la lectura de su programa no es posible concluir que haya intenciones explícitas de re-incorporar el voto obligatorio como principio constitucional pues en el apartado electoral sólo hay alusión al cambio de sistema electoral y la intención de que el sufragio de los chilenos en el extranjero sea válido en Chile. Sin embargo, es posible apreciar que uno de los principios que orienta y fundamenta su programa es el de la participación. Por consiguiente, en un eventual proyecto de reforma constitucional total, el gobierno de Michelle Bachelet debiese re-incorporar el retorno del voto obligatorio a la Constitución, pues la participación política electoral no es sino una de las tantas formas de participación, cuestión que sí es expresamente fomentada en su programa.

Ya para cerrar, tal como lo sostuvo una columna de esta revista: “es prioritario volver a evaluar el voto obligatorio como opción legítima de participación electoral, pues no existen razones suficientes para oponerse ello y, asimismo, porque no es efectivo que bajo la modalidad del sufragio obligatorio seremos menos libres, al menos nunca menos libres de lo que somos bajo el actual sistema”. No hay que confundirse: el voto voluntario es disfuncional para lo político, para la comunidad y para la seguridad del sistema completo de libertades públicas.