La descentralización tendrá sentido si logra convocar y respaldar, con recursos en los territorios, a coaliciones que involucren a empresarios, la academia y funcionarios públicos con proyectos de transformación de largo plazo.
Las desigualdades en el desarrollo de las regiones han empezado a adquirir un creciente protagonismo tanto por la ola de movilizaciones sociales como por la constatación de que el rezago en su crecimiento afecta al del país en su conjunto. Los planteamientos del Programa de la Nueva mayoría dan cuenta de ello al proponer una efectiva descentralización con gobiernos regionales elegidos por votación directa, con autonomía, facultades y recursos suficientes para constituirse en verdaderos ejes del desarrollo territorial.
El crecimiento inclusivo y sustentable de los territorios rezagados supone impulsar un proceso de transformación productiva en los que la política industrial juega un papel protagónico. Se trata de superar el prejuicio mal fundado sobre ésta, por quienes la confunden con la de sustitución de importaciones.
Aquí nos referimos a la política industrial de los países asiáticos y europeos que no se dejó al arbitrio del mercado, sino que, por el contrario, logró incrementos en la calidad de los empleos, en su productividad y en su retribución. Esto respondió a una estrategia elaborada, con una agenda clara, con plazos y financiamiento definidos. Dicha estrategia fue implementada y fiscalizada por alianzas público-privadas que dieron origen a industrias de mediana y alta tecnología. Junto con una protección restringida a las industrias nacientes se trató de atraer inversiones extranjeras, promover las exportaciones, asegurar el escalamiento de las PYMES con el impulso a la ciencia, tecnología y la innovación, elementos que en conjunto permitieron internacionalizar su plataforma productiva y dar los saltos observados en sus niveles de vida.
[cita]La descentralización tendrá sentido si logra convocar y respaldar, con recursos en los territorios, a coaliciones que involucren a empresarios, la academia y funcionarios públicos con proyectos de transformación de largo plazo.[/cita]
¿Cuál es la enseñanza principal que surge de la experiencia de los países señalados? Creemos que se trata del surgimiento de un entramado institucional constituido por diversas formas de alianza entre los sectores público y privado a distintas escalas (nacional y subnacional) que disponga de (i) capacidad para identificar las oportunidades de transformación productiva e inserción de los territorios en mercados dinámicos y (ii) de recursos para superar las restricciones de corto, mediano y largo plazo que enfrenta dicho entramado institucional, para alcanzar las potencialidades de desarrollo inclusivo.
En Chile, a nivel nacional y también regional, ha existido una gran variedad de iniciativas de participación público-privadas: mesas de trabajo, alianzas, consejos, comisiones, etc., que parten con gran entusiasmo y, a poco andar, terminan desdibujándose y perdiendo presencia de actores relevantes, pues han carecido de capacidad para explorar las potencialidades y/o de poder para decidir el destino de los recursos consistentes con la agenda planteada.
En el Programa de la Nueva Mayoría existen diversas referencias a formas de articulación público-privadas que buscan incidir en el desarrollo de los territorios: desde algunas entidades superestructurales, como la Comisión Asesora Presidencial ad hoc y los programas tecnológicos de inversión, vinculados a las universidades regionales, hasta los Consejos Regionales de Innovación y Competitividad, herederos de las Agencias de Desarrollo Productivo; estas instancias son, en apariencia, más cercanas al tipo de organismos mencionados en el párrafo anterior.
Al margen de sus virtudes potenciales, un examen somero de la experiencia con las Agencias Regionales y de la conformación de algunos clusters, nos lleva a concluir que no mostraron la fuerza y capacidad suficientes como para impedir que el gobierno de Piñera las hiciera desaparecer, sin que nadie asumiera su defensa. Esto nos debe indicar que, en la constitución de los Consejos propuestos, es importante asegurar su poder y legitimidad, para identificar potencialidades territoriales. Se trata de configurar una alianza de empresa-universidad y gobierno, con recursos y capacidad para superar los desafíos que dichos consejos enfrentarán.
Estos enunciados genéricos pueden ilustrarse con ejemplos concretos de formas actuales y formas alternativas de enfrentar algunos desafíos presentes, como los casos de la Gran minería y los del Puerto de Valparaíso.
Las potencialidades truncas del desarrollo de la gran minería
Dos son los aspectos que han limitado la capacidad de la gran minería de ser un potente motor del desarrollo territorial inclusivo: sus vínculos conflictivos con las comunidades afectadas y su reducida capacidad de superar su carácter de enclave y desarrollar una masa de pequeñas y medianas empresas de proveedores que logran escalar en la cadena productiva, desarrollar procesos, servicios y productos que se adapten mejor a las restricciones medioambientales, a la vez que permitan transformarse en exportadores de tecnología minera, creando una nueva industria en el país.
Existen iniciativas restringidas y puntuales que están en el camino de este proceso. Por ejemplo, CODELCO inició un diálogo con los habitantes de Calama para mejorar la calidad de vida de la ciudad, dando origen a una agenda de intervenciones de corto y mediano plazo, denominada Calama Plus. Por otra parte, el Programa Proveedores de Clase Mundial entre BHP y CODELCO, plantea el desarrollo de proveedores de servicios de alta tecnología para la gran empresa minera, mejorando la capacidad de innovación y la competitividad de dichos proveedores frente a fuentes importadas. Esta iniciativa tendría la potencialidad de constituir y fortalecer el cluster minero incrementando la exportación de bienes y servicios con empresas de clase mundial.
Calama Plus y el Programa de Proveedores de Clase Mundial, que son semillas de un camino hacia el desarrollo regional, son, sin embargo, iniciativas que no están enraizadas ni en CODELCO, ni en CORFO, ni en alguna instancia estatal que les dé la continuidad temporal que su maduración requeriría. Tampoco están articuladas directamente con las universidades del norte, cuyo quehacer científico y tecnológico pudiera contribuir a estos procesos. Ni lo están con iniciativas de otras grandes empresas mineras hacia sus proveedores. Más aún, son escasos los proyectos mineros desarrollados por investigadores de las universidades nacionales, a pesar de que este sector aporta un porcentaje relevante del presupuesto fiscal y representa el 60% de las exportaciones del país.
La invisibilidad del potencial del Puerto de Valparaíso
Se sabe que tanto los puertos de San Antonio como de Valparaíso sufrirán una muy fuerte expansión la próxima década. Sólo en Valparaíso se espera multiplicar por cuatro su movimiento con inversiones en infraestructura por más de US$ 720 millones, que comenzarán a concretarse desde diciembre de este año, y un Plan Estratégico de Desarrollo, que incluye el proyecto de Puerto de Gran Escala Yolanda, cuya concreción significaría invertir más de US$ 1.500 millones para un aumento en la capacidad de transferencia estimado en más de 3 millones de TEUs por año.
Una conversación con una multiplicidad de personas interesadas en el futuro del puerto nos da a entender que dicha expansión no es percibida como una oportunidad generadora de diversas demandas en los planos de servicios informáticos, ingenieriles, de infraestructura y de reconversión espacial, con miras a rescatar y reafirmar su condición de patrimonio de la humanidad, por el contrario, existe el riesgo de que el proyecto termine, como varios otros, en una incitativa “llave en mano” ofrecida a una o más entidades extranjeras.
Superar el riesgo de hacer del Puerto un enclave, requiere de una instancia público-privada de participación que puede asimilarse a la triple hélice de los países nórdicos: una espiral de interacción recíproca entre el gobierno, la empresa y la universidad, o de cuatro hélices si se incorporan también las otras organizaciones de la sociedad civil. Este organismo debiera resolver, entre otras cosas, cómo usar más el ferrocarril en lugar del camión, cómo utilizar y construir puertos que sean menos dañinos al medio ambiente, cómo trabajar las compensaciones a las comunidades afectadas, como desarrollar nuevos sistemas logísticos y nuevas actividades en el territorio. Se trata de un abordaje sistémico, que considere todas las externalidades para una inversión que tendrá implicaciones por muchos años.
La descentralización tendrá sentido si logra convocar y respaldar, con recursos en los territorios, a coaliciones que involucren a empresarios, la academia y funcionarios públicos con proyectos de transformación de largo plazo.
