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A propósito de la primera consulta ciudadana sobre discriminación en Chile

por 29 noviembre, 2013

La caracterización sociodemográfica que establece la consulta incluye la pregunta “sexo”, sólo comprendiendo las categorías de “masculino” y “femenino”, excluyendo toda identidad de género y orientación sexual distinta. De este modo, se pierde la posibilidad de visibilizar personas transgénero o intersexo. Esto es especialmente grave cuando el motivo de la consulta ciudadana es justamente profundizar las acciones conducentes a una sociedad más inclusiva e igualitaria.
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En Chile, como en otros países, ha sido necesario crear una ley antidiscriminación para poder garantizar el derecho de las personas a no ser discrimidas arbitrariamente. En otras palabras, ha sido necesario crear una regulación legal para proteger a las personas de la exclusión, segregación, e incluso de la violencia física sufrida con motivo de alguna característica o condición específica. La creación de la llamada “Ley Zamudio” fue un paso necesario e importante en este sentido, pero al mismo tiempo nos recuerda que somos una sociedad discriminadora que requiere mecanismos de este tipo para avanzar en la inclusión y el trato igualitario.

Además de establecer medidas contra la discriminación arbitraria, la ley obliga a los órganos del Estado a implementar políticas y medidas destinadas a garantizar los derechos y libertades de las personas. Asumiendo este mandato, la Municipalidad de Santiago, en marzo de este año, y cumpliendo los compromisos de campaña de nuestra Alcaldesa, creó la Oficina de Antidiscriminación, la que actualmente atiende casos de discriminación arbitraria ocurridos dentro de la comuna o sufridos por un vecino o vecina de la comuna, dentro o fuera de ella, y además realiza acciones de promoción, prevención y educación en la temática. En la realización de esta tarea nos hemos dado cuenta que una de las formas de discriminación más arraigada y a la vez difícil de combatir, es aquella que se refleja en las formas cotidianas de relacionarnos con lo “diferente”, con lo que está fuera de la frontera simbólica que separa el “nosotros”, de los “otros”.

Toda cultura tiene sus propias definiciones sobre lo que es “normal” y “anormal” y marca sus propias fronteras entre lo que considera “parte del grupo” y lo que define como “distintos” e incluso “desviado”. Muchas veces se intenta defender estas diferenciaciones a partir de argumentos biológicos, como cuando se explica cierto comportamiento de un grupo social a partir de su orígen étnico o racial. Otras veces se explica la segregación a partir de prejuicios o estereotipos que no se condicen con la realidad, como cuando se piensa que la homosexualidad masculina es sinónimo de promiscuidad o comportamientos “afeminados” (incluso usted puede estar leyendo esto y pensar que efectivamente eso es así). Lo cierto es que la vida es más diversa y dinámica que nuestros intentos por encacillarla en verdades y definiciones absolutas.

La caracterización sociodemográfica que establece la consulta incluye la pregunta “sexo”, sólo comprendiendo las categorías de “masculino” y “femenino”, excluyendo toda identidad de género y orientación sexual distinta. De este modo, se pierde la posibilidad de visibilizar personas transgénero o intersexo. Esto es especialmente grave cuando el motivo de la consulta ciudadana es justamente profundizar las acciones conducentes a una sociedad más inclusiva e igualitaria.

La discriminación se alimenta de estas fronteras simbólicas y, por tanto, nuestro principal esfuerzo debe estar orientado a cambiar aquellos aspectos culturales que están fuertemente arraigados y que sostienen la discriminación. El desafío no es menor en un país como el nuestro, que tiene una larga historia de fronteras, segmentaciones, desigualdades y exclusiones.

La Oficina de Antidiscriminación de Santiago ha hecho grandes esfuerzos desde su creación para apuntar a aquellos aspectos culturales que están presentes en las conductas discriminatorias, pero aún nos queda muchísimo por hacer. No obstante, todo este trabajo se vuelve mucho más difícil cuando desde los propios órganismos del Gobierno nos encontramos con enfoques y acciones que, intentando ser antidiscriminatorios, dan cuenta de una mirada sesgada y poco inclusiva. Y me refiero específicamente a la presentación de los resultados de la “Primera consulta ciudadana sobre la Discriminación en Chile” el pasado 5 de noviembre de 2013 por el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Dejando en claro que se trata de una iniciativa que permite avanzar en la materia, es necesario llamar la atención sobre ciertos aspectos preocupantes del instrumento:

La caracterización sociodemográfica que establece la consulta incluye la pregunta “sexo”, sólo comprendiendo las categorías de “masculino” y “femenino”, excluyendo toda identidad de género y orientación sexual distinta. De este modo, se pierde la posibilidad de visibilizar personas transgénero o intersexo. Esto es especialmente grave cuando el motivo de la consulta ciudadana es justamente profundizar las acciones conducentes a una sociedad más inclusiva e igualitaria. Este impasse pudiera ser un signo de inconsistencia o de los límites tácitos que contempla el concepto de diversidad que suscribe el actual gobierno. Para prevenir este tipo de exclusiones se debería introducir la variable “identidad de género”, y también sería recomendable integrar la variable “orientación sexual”, así se permitiría que toda persona pueda expresar estos aspectos identitarios.

Por otra parte, las expresiones o formas de discriminación más reconocidas en la consulta son “ignorar, omitir o excluir”. En este sentido, no parece adecuado sumar en una misma categoría “ignorar” y “excluir”. Esto, porque la exclusión muchas veces se da en lógicas estructurales; ya sea en términos distributivos, de derechos sociales y otras formas de desigualdad. Además, la discriminación se expresa a menudo en interacciones casuales y pasajeras. Esto conlleva el desafío de visibilizar hasta las expresiones más domésticas y cotidianas que contengan matices discriminatorios.

Finalmente, los conceptos de tolerancia, respeto y aceptación, resaltados en la presentación oral y escrita de la consulta, no son coherentes con el estado actual de discusión en estas materias. Lo anterior, porque se trata de conceptos verticales, propio de las mayorías, poco proactivos y que no implican la reflexión y la transformación de los prejuicios que originan toda discriminación. Por el contrario, las más actuales legislaciones sobre antidiscriminación tienen por norte conceptos como inclusión, diversidad, trato igualitario y multiculturalidad, y aspiramos a que sean esos los principios en los que se enmarquen las políticas públicas sobre la materia en lo sucesivo.

Como decíamos, las formas culturales más sutiles e invisibles de discriminación resultan ser las más complejas de abordar. Acabamos de ver cómo en una consulta ciudadana que pretende contribuir con información para avanzar en políticas inclusivas, termina ella misma reproduciendo categorías que sostienen prácticas discriminatorias. Tenemos que estar vigilantes y atentos frente a estas inconsistencias, si no va a costar mucho avanzar si el camino se vuelve tan hostil.

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