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El necesario retorno al voto obligatorio

por 1 diciembre, 2013

La baja votación en dicha elección ratificó lo que algunos autores advertían desde hace tiempo, en cuanto a que, a lo largo de nuestra historia, la inscripción y sufragio obligatorios constituyeron una contención al abstencionismo electoral, y no la causa de su declive.
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El sistema de inscripción automática y voto voluntario, incorporado tras la reforma constitucional que modificó los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, tuvo su estreno en la elección municipal de octubre de 2012.

Esta elección arrojó como resultado la más alta abstención en nuestra historia republicana, del orden de un 60%.

Para esta elección municipal, con la ampliación del padrón producto de la inscripción obligatoria-automática, estaban habilitados para sufragar más de 13 millones 388 mil personas, de las cuales votaron tan sólo 5 millones 428 mil en la elección de alcaldes, lo que significa una disminución considerable respecto de la elección municipal anterior, de 2008, en donde votaron 6 millones 224 mil electores.

En tanto, en la elección presidencial de 1989, votó un 82% de la población en edad de votar (PEV) y un 92% de los inscritos. En la segunda vuelta de la elección presidencial de 2005, la participación electoral disminuyó a un 60% de la PEV y un 84% de los inscritos. En la segunda vuelta presidencial de 2009, en tanto, votó un 57% de la PEV y un 83% de los inscritos. En la última elección presidencial del domingo 17, votó un total de 6.691.840, de un total de 13.573.143 electores. Es decir, votó tan sólo un 49% de la PEV.

Esta secuencia de cifras demuestra cómo la implementación del sistema de voto voluntario no tan sólo no sirvió para cumplir con el propósito de aumentar la participación electoral, sino que la disminuyó a los niveles más altos experimentados desde el retorno de la democracia.

Esta merma en la participación electoral tiene el ingrediente adicional de que se produce bajo un sistema en donde la universalización del sufragio ha alcanzado los niveles más altos de nuestra historia.

La baja votación en dicha elección ratificó lo que algunos autores advertían desde hace tiempo, en cuanto a que, a lo largo de nuestra historia, la inscripción y sufragio obligatorios constituyeron una contención al abstencionismo electoral, y no la causa de su declive.

En este artículo se arguye a favor de la reimplementación del sufragio obligatorio, a partir de argumentos consecuencialistas y doctrinarios.

Para ello, se plantean las siguientes premisas a partir de las cuales se estructura el fundamento que justifica el sistema de sufragio obligatorio, sobre la base de la relevancia de la participación electoral para la democracia:

1°. El sistema de democracia representativa o, si se quiere, la democracia de los modernos de Benjamin Constant, a diferencia de la democracia directa, consiste en que sean terceros, electos por la propia ciudadanía, quienes actúen en nombre de ésta, conformando así la voluntad popular.

2°. A partir de esta definición, la democracia representativa, como forma de gobierno, requiere indefectiblemente de la participación del pueblo. Como se prescribe en nuestra Constitución, es por medio del pueblo que la nación ejerce su soberanía.

3°. La legitimidad política, entendida como el grado de representatividad de una autoridad electa, se vincula, en un sistema de sufragio universal, con el nivel de respaldo electoral. A mayor respaldo popular, más representativa es la autoridad, ya que ésta actúa en nombre de un mayor número de personas.

4°. De ello se sigue que es importante la cantidad de ciudadanos que concurren a elegir a sus representantes. El ideal democrático aspira a un sistema de representación con alta participación ciudadana.

5°. Para incrementar la participación electoral de la ciudadanía, el sufragio obligatorio constituye un instrumento institucional efectivo.

La tesis liberal de que un sistema democrático representativo puede coexistir con bajos niveles de participación, constituye a la larga un perjuicio para la democracia. Si bien es legítima la existencia de otras formas de participación dentro de una sociedad, así como también es válida la afirmación de que la participación ciudadana no se circunscribe tan sólo a la participación política, una forma de participación no compite con la otra, siendo ambas necesarias para el desarrollo de una cultura cívica rica en espacios comunes de deliberación. Las sociedades modernas deben aspirar a ampliar la participación democrática a ámbitos propios de la sociedad civil, conformando lo que se ha denominado como democracia social.

Si bien pueden existir casos en donde coexista una democracia avanzada con bajos índices de participación, como por ejemplo, Estados Unidos, ello no es deseable y en ningún caso puede ser considerado como un ejemplo a imitar. La democracia Norteamericana funciona a pesar de la baja intensidad en su participación electoral, no gracias a ella. Cuando se convive con baja participación electoral, tarde o temprano la ciudadanía pierde vínculo y correlato con la institucionalidad política, percibiendo que el devenir de su país le es ajeno; y cuando ello sucede, surgen crisis y estallan conflictos institucionales.

Además, cuando disminuye la participación electoral, las democracias quedan expuestas a prácticas políticas que van paulatinamente deslegitimando el sistema institucional.

Por de pronto, adquieren protagonismo grupos de interés organizados en torno a causas específicas que se movilizan en pro o en contra de ciertos temas, los cuales ejercen importante presión en función de sus propios intereses, los que no necesariamente representan las necesidades y demandas de la población. A su vez, al ser menor la suma de quienes votan respecto de los que no lo hacen, aparecen también liderazgos populistas y radicalizados que, atribuyéndose la representatividad de los que no participan en el sistema, nutren su discurso sobre base del desprestigio de la democracia y de la política en general, generando la sensación de que se vive en una institucionalidad política descompuesta, lo que, a su vez, incrementa la apatía.

Otra consecuencia de la baja participación electoral es que, con el propósito de captar al electorado militante, los candidatos tienden a extremar sus discursos, radicalizando sus propuestas y empobreciendo la calidad y el contenido de éstas.

Por otro lado, el voto voluntario también incrementa la importancia del dinero en las campañas políticas, fomentándose prácticas clientelares con el objeto de movilizar electores. De esta manera, se retorna a las prácticas de compra de voto y cohecho, propias de los siglos XIX y XX.

A su vez, como señala Samuel Valenzuela, una de las determinantes de la participación electoral se refiere a cuán crítica o normal es la situación del país. Mientras la población percibe que hay más en juego en una determinada elección, más se incrementa el nivel de participación (tal es el caso del plebiscito de 1988, en donde se jugaba la continuidad o el cambio de un régimen dictatorial). Por el contrario, cuando las democracias adquieren ciertos niveles de estabilidad y las elecciones decrecen en intensidad, siendo percibidas por la ciudadanía como poco determinantes en el futuro inmediato, los niveles de participación disminuyen, generándose situaciones como la ocurrida en las últimas elecciones municipales.

De esta forma, de mantenerse el sistema de voto voluntario, lo más probable es que la baja participación electoral se transforme en una constante, como ocurre en la mayoría de las democracias en que se ha adoptado este sistema, y si se coincide en que aquello no es deseable, el cambio hacia un sistema de sufragio obligatorio se hace imprescindible.

A partir de las premisas enunciadas y describiendo algunas de las consecuencias que podría generar la baja participación político-electoral, es que cobra relevancia la hipótesis empírica de los académicos australianos Lisa Hill y Jonathon Louth.

De acuerdo a estos autores, y separando previamente las particularidades institucionales de cada sistema político con el propósito de que las estadísticas comparadas excluyan lo que se ha denominado como “falacia ecológica”, se sostiene que el voto obligatorio incrementa la participación electoral, contribuyendo a una mayor representatividad del sistema. Hill y Louth establecen que en las democracias con un alto nivel de desarrollo institucional y de cultura política, el voto obligatorio incrementa la participación en un porcentaje importante.

Ejemplo de ello es el caso de Bélgica, en donde tras la introducción del sufragio obligatorio en 1893, la participación electoral aumentó del 48% en 1892 al 94,6% en 1894. Para el periodo que va entre 1946 y 2003, Bélgica tuvo una participación constante en torno al 93%. En Australia también aumentó la participación electoral desde un 59% en 1922 a más del 91% en 1925. Situación similar fue la experimentada por Holanda, en los 53 años en que estuvo vigente el sistema de voto obligatorio, entre 1917 y 1970. En dicho periodo, los niveles de participación electoral de ese país se mantuvieron consistentemente en el 90%.

Esta teoría comprende como factor determinante en el aumento de la participación electoral, la existencia de un sistema de sanciones que la ciudadanía asuma como lo suficientemente compulsivo para inducir a votar. Al respecto, la organización Sueca IDEA Internacional realizó un estudio comparativo con 26 países, analizando sus porcentajes de participación, dependiendo de si la sanción por no votar era fuerte, débil o inexistente. En el mismo estudio, se comparó también el porcentaje promedio de participación en democracias en donde el voto es voluntario. Los resultados fueron categóricos; en aquellos países con voto obligatorio y sanciones fuertes, el porcentaje de participación, medido en relación a la población total habilitada para votar y no entre los inscritos solamente, es de un 92,2%; en las democracias en que las sanciones son débiles, la participación alcanza 74,4%; y en los países en donde no existe sanción, ésta disminuye a un 65,4%. Este último porcentaje se acerca bastante al de aquellas democracias en que el voto es voluntario, en donde la participación electoral es de tan sólo un 63,4%.

Así, entonces, la democracia goza de mejor salud si sus niveles de participación son altos.

Por otro lado, desde una óptica conceptual, la participación electoral también constituye una característica propia de la tradición democrática-republicana, tradición que es acorde a nuestra historia como nación independiente.

La historia del sufragio en Chile es la historia de las reivindicaciones de diversos sectores de nuestra sociedad y de sus luchas por ser protagonistas del desarrollo institucional del país. Desde la disputa por eliminar los sesgos sociales, pasando por el sufragio femenino, hasta la incorporación de los jóvenes, la madurez de nuestra institucionalidad republicana estuvo fuertemente vinculada con la participación electoral y el fin de los privilegios basados en el patrimonio, la cuna o el género.

De esta forma, y en el entendido de que en una república democrática convive una comunidad de personas con derechos y obligaciones, en donde el todo es más que la suma de sus partes, la participación adquiere una importancia de carácter ético. El cuerpo social alcanza la convicción de que la participación es un valor en sí mismo, el cual debe promoverse y cuidarse con el fin de preservar el sistema de libertades y derechos, propio de la democracia.

El argumento contrario, vale decir, el que considera que la participación electoral es un derecho individual, parte de la premisa neoliberal de que la democracia es un espacio de negociación permanente, en que el concepto de interés general es sustituido por el de intereses individuales en permanente estado de intercambio. De acuerdo a esta visión de la democracia, la exigencia de concurrir a votar es un acto de imposición paternalista.

En una sociedad cada vez más individualista, en donde la legitimidad de la democracia se ha debilitado producto de la desvalorización de las diversas formas de asociatividad, la participación electoral adquiere gran relevancia. Tras las experiencias de las elecciones de 2012 y 2013, quienes sostenían que el voto voluntario generaría mayor intensidad en la participación ciudadana y que, con el propósito de captar electorado, las propuestas políticas mejorarían sustancialmente, quedaron en entredicho. La baja votación en dichas elecciones ratificó lo que algunos autores advertían desde hace tiempo, en cuanto a que, a lo largo de nuestra historia, la inscripción y sufragio obligatorios constituyeron una contención al abstencionismo electoral, y no la causa de su declive.

De esta forma, las sociedades deben ponerse de acuerdo respecto a qué tipo de democracia desean o, si se prefiere, respecto a qué entienden por democracia. Si por democracia representativa se comprende un espacio de deliberación ciudadana en donde la participación es un requisito esencial y deseable, el cual debe ser promovido por el Estado, la obligatoriedad del sufragio, idealmente con sanciones efectivas, constituye una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

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