Todos celebraron que la democracia había llegado a la instancia del Consejo Regional, relegando a un último plano la discusión sustantiva que hoy se da en el Parlamento.
Gobierno tras gobierno la descentralización y la profundización de la regionalización han sido un discurso de campaña manido. Cada quien le ha puesto acentos y atributos distintos, los que a la hora de los quihubos se pierden en las urgencias del día a día de la República. Propongo que lo tomemos así para no profundizar la desazón.
Hablando de regionalización, el 17 de noviembre recién pasado se ha cumplido una etapa del itinerario regionalizador de este Gobierno, al que se le ha asignado un sobrevalor injustificado. Los optimistas de siempre y los grandilocuentes infaltables hablaron de un paso trascendental en la entrega de poder a las regiones, discurso tramposo que propusimos despejar hace tiempo en la discusión interna de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales.
La trampa es que persistentemente se tendió a menoscabar el papel del Consejero Regional, se dijo que su generación por elección indirecta era espuria, que por lo mismo no representaban a nadie, que las decisiones que tomaban eran, a lo menos, opacas y que la ciudadanía debía elegirles directamente a fin de solucionar dichas “fallas”.
Entonces se levantó la idea de elegir a los Consejeros Regionales por voto popular, surgiendo dos controversias marcadas por el cómo y el cuándo.
Se discutió si era mejor que la elección fuera a la par de las municipales o si debían hacerse con las parlamentarias, primando esta última por motivos diversos y difíciles de explicar ahora, pero evidentes para el buen observador.
También se discutió el cómo, despejando el sistema y los distritos electorales. El sistema elegido fue el de listas, similar al de los Concejales y los distritos electorales serían en general las provincias, lo que derivó en situaciones tan exageradas como que, en la Región de O’Higgins, el parlamentario del distrito 34 se elige en una circunscripción que considera 6 comunas, y un Consejero Regional de Cachapoal II, en 15 comunas, esto es: el distrito 33 completo y la mitad del 34, dos distritos parlamentarios y medio.
Pero todos celebraron que la democracia había llegado a la instancia del Consejo Regional, relegando a un último plano la discusión sustantiva que hoy se da en el Parlamento, por ejemplo que los CORE no tengan dedicación exclusiva, que su papel sea meramente consultivo, que entonces no requieren un aumento de ingresos, lo que dicho sea de paso, limita aún más su campo de acción y el acceso de nuevos actores a este ámbito de decisión regional en futuras elecciones, pues cualquier ciudadano evaluará dos veces entrar a una contienda que no justifica el esfuerzo, respecto a las tareas encomendadas y la debida independencia económica que conlleve que el CORE no tenga “patrones” ni “padrinos”, ni sea cooptado por financistas que comprometan su desempeño futuro.
Como sostuvimos en los debates de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, sin profundizar el poder del CORE por sobre el de los representantes de la Presidencia en la región, que eso es un Intendente, la elección popular de los Consejeros Regionales fue un dulce apenas que, ni resuelve el problema de fondo, ni constituye un paso trascendente en la profundización del poder descentralizado. Queda entonces abierta la discusión sobre el poder que quieren las regiones y el carácter de sus autoridades legítimas.
