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La contagiosa política de drogas de Uruguay

por 19 diciembre, 2013

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La reciente aprobación por el Senado en Uruguay de la ley que regula la provisión y el consumo de marihuana en ese país, que está a la espera de su promulgación por el Presidente José Mujica, ya  ha causado la molestia de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE) y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Delincuencia y las Drogas (ONUDD), al extremo de que el Presidente de la JIFE, el belga Raymond Yans, afirmó que: “Este es un tipo de visión propia de piratas”, y aquel como un gobierno renuente ya que “hemos tratado de forma desesperada de reunirnos con las autoridades de Uruguay durante dos años”. El Presidente Mujica respondió acusándolo de mentiroso y de hacerse el desentendido con los estados de Estados Unidos que autorizan el consumo médico y recreativo de la cannabis. Otros miembros de la JIFE han desautorizado los dichos de Yans y en los medios diplomáticos se rumorea la necesidad de renuncia de éste.

Por otra parte, en Argentina el flamante titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el padre Juan Carlos Molina, nuevo zar de las drogas,  considera que se puede debatir la despenalización de la cannabis. Aseguró que “Argentina amerita un buen debate de esto. Tenemos la capacidad de hacerlo, no tenemos que subestimarnos”. Si a esto agregamos las declaraciones del padre Pablo Walker, capellán general del Hogar de Cristo, pidiendo despenalizar el consumo de drogas en Chile, se señala una tendencia en la Iglesia Católica contrapuesta a castigar el consumo de drogas como se lo proponen las convenciones internacionales de fiscalización de esas sustancias.

La verdad es que la JIFE sí le ha manifestado su molestia a los Estados Unidos en su informe anual de este año, primero porque dieciocho estados de la Unión permiten el consumo “terapéutico” de la cannabis, lo cual es posible según la legalidad internacional, pero no con tanta laxitud, y, en segundo lugar, porque dos estados han aprobado vía plebiscito el uso recreativo de la cannabis, lo cual contraviene explícitamente la Convención de Drogas de 1961, eso sí, sin acusarlos de ser estados piratas.

La forma pertinente de resolver los conflictos entre los compromisos de los estados con las convenciones internacionales de fiscalización de estupefacientes y sus necesidades internas de regular la provisión y el consumo de estas sustancias, es seguir la doctrina boliviana, país que en 2011 denunció la Convención de 1961 y se volvió a adherir con reserva respecto de la prohibición del cultivo y consumo de la hoja de coca, lo cual fue aceptado en este año por la mayoría de los estados adheridos a estas convenciones de Naciones Unidas. Ahora, Uruguay y los Estados Unidos deben denunciar la Convención 1961 y la de 1988 para volver a adherirse con reserva respecto de la prohibición del cultivo y uso de la marihuana.

Chile debería denunciar la Convención de 1988 que obliga a los estados a castigar con prisión el consumo de drogas, cosa que nuestra ley no establece, ya que si bien todas las conductas preparatorias del consumo de drogas están penadas, el acto mismo de consumir privadamente y sin concierto con otros no lo está. Luego podríamos adherirnos nuevamente con reserva al artículo 3.2 de esa Convención, que pide castigar el consumo, para evitar así ser acusados de piratas.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

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