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Marco regulatorio para la educación pública

por 23 diciembre, 2013

Cabe destacar que tratamos con un derecho social fundamental, como es el derecho a la educación, que trata con personas y no entre entes meramente económicos, por ende, las acciones del sistema educativo no son problemas entre privados o que se puedan resolver en el SERNAC, sino que necesitan de una coordinación del conjunto del sistema que permita orientar esas acciones. Para ello, se necesita un MINEDUC con mayores atribuciones que permita evitar situaciones como la del Liceo Presidente Arturo Alessandri y que ponga a su comunidad por encima del negocio educativo.
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A medida que nos vamos acercando a fin de año, nos vamos encontrando con noticias de cierre de establecimientos educacionales y al parecer estos pasan como una mera anécdota en la agenda noticiosa, ya que nadie se ha hecho cargo de las problemáticas que viven sus comunidades y cientos de familias cuando ocurren este tipo de situaciones. Hemos sabido de dos establecimientos –Colegio Arturo Alessandri y el Colegio Saint Lawrence– que abruptamente han anunciado el cese de sus funciones y que dejan a la suerte de la olla a quienes han depositado sus sueños en esas instituciones.

En Chile ha existido nula regulación sobre las acciones y determinaciones en educación, tanto en el sector público como en el privado; de hecho, desde los 90 en adelante, las políticas públicas del sector han estado destinadas a racionalizar la estructura de mercado, basada en el negocio y creada por la dictadura militar en 1981, que permitió la expansión del mercado educativo en educación superior. Por otro lado, el marco regulatorio creado con la LOCE, orientado por los pensamientos de la comisión Brunner, creó un amarre institucional a los estímulos competitivos del sistema en tanto resguarda bajo una Ley Orgánica Constitucional la entrada de privados sin mayores dificultades.

Para ir superando las problemáticas presentadas por la expansión del mercado educativo y la nula existencia de un marco regulatorio que permita darle coherencia y coordinar el sistema educativo en su conjunto, se necesita llevar la regulación de todo el sector hacia el derecho público, o sea, hacia normas de carácter irrenunciable para todas las instituciones que realicen actividades educativas y se constituyan como una comunidad tal.

Cabe destacar que tratamos con un derecho social fundamental, como es el derecho a la educación, que trata con personas y no entre entes meramente económicos, por ende, las acciones del sistema educativo no son problemas entre privados o que se puedan resolver en el SERNAC, sino que necesitan de una coordinación del conjunto del sistema que permita orientar esas acciones. Para ello, se necesita un MINEDUC con mayores atribuciones que permita evitar situaciones como la del Liceo Presidente Arturo Alessandri  y que ponga a su comunidad por encima del negocio educativo.

Hasta el momento, las políticas de control y regulación de calidad a todo tipo de instituciones, han establecido mecanismos de control posteriores a su creación (ex post), o sea, formas de regulación que entran a funcionar una vez que ya se han cometido los abusos, delitos o irregularidades tan comunes en el quehacer educativo de nuestro país.

Para romper con este paradigma de regular el día después, que tiene como gran ejemplo la acreditación institucional en educación superior, debemos apuntar a crear nuevos requisitos fuertes de entrada (ex ante), que consten en la personalidad jurídica de las instituciones bajo normas de derecho público (fin al lucro, democratización de las instituciones educativas, criterios de calidad basados en la investigación, docencia, extensión con el medio, etc.) y establecer mecanismos de salvataje e intervención (sanciones) a las instituciones de educación que no cumplan con estos requisitos o abandonen su labor educativa. En el caso del cierre de colegios y la quiebra de universidades, debiera establecerse una figura pública que logre salvaguardar las comunidades educativas, como principio orientador del Derecho a la educación y no repartir estudiantes por distintos establecimientos, fracturando y rompiendo de lleno con la construcción de comunidad. En esto último hay casos emblemáticos, como la Universidad de la República, la Universidad del Mar y una decena de colegios y liceos en los últimos años.

Cabe destacar que tratamos con un derecho social fundamental, como es el derecho a la educación, que trata con personas y no entre entes meramente económicos, por ende, las acciones del sistema educativo no son problemas entre privados o que se puedan resolver en el SERNAC, sino que necesitan de una coordinación del conjunto del sistema que permita orientar esas acciones. Para ello, se necesita un MINEDUC con mayores atribuciones que permita evitar situaciones como la del Liceo Presidente Arturo Alessandri  y que ponga a su comunidad por encima del negocio educativo.

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