Señor director,
En referencia a la respuesta de Renato Cristi a mi última carta, en el marco de una serie de intercambios epistolares que hemos sostenido por este medio, me parece que mis razones ya se han expuesto claramente en mis intervenciones anteriores, y tienen que ver con que sus conclusiones no tienen una justificación certera. Por el contrario, fuerza los argumentos con el objeto de defender sus sospechas, procedimiento que no me parece adecuado ni justo. “Hay que ser leal con los autores”, me enseñó un destacado filósofo en una sala de universidad. Sin perjuicio de que esta será mi última intervención, quisiera, de todos modos, precisar algunas ideas finales.
En ese marco, me permito sólo un nuevo ejemplo. En el seminario de líderes de Octubre de 1990, Guzmán es muy claro en señalar que la redistribución de la riqueza no es una tarea de los privados, por el contrario, le corresponde al Estado. De este modo, Guzmán señala inequívocamente que: “Donde hay que hacer redistribución de la riqueza a favor de los más pobres, porque haya sectores que viven en la extrema pobreza, estamos también frente a un desafío que corresponde al Estado. No pueden los particulares hacer esa labor”. Sin embargo, esto Cristi no lo considera.
Lo que Guzmán dice en la cita que Cristi nos muestra de Ercilla (12 de noviembre, 1980) es que el otorgamiento de más libertad de elegir pasa por entregar más oferta de salud, educación, etc. por parte de privados, precisamente para que el Estado pueda realizar su labor de apoyo a los que más lo necesitan y donde no basta la acción privada. En rigor, Guzmán entiende que se necesita una economía eficiente para que se pueda erradicar la pobreza, pero a la vez para ampliar los horizontes de las personas. Pero no se refiere a la redistribución de riqueza. Esta labor (redistribución de riqueza) es una competencia estrictamente del Estado, como queda clarísimo en la cita que exponemos más arriba. De hecho, hasta la misma entrevista que dirige Guzmán a Hayek evidencia la diferencia entre ambos, al insistir el líder gremialista en que es “parte de las funciones de este [el Estado] redistribuir la riqueza”, considerando sobre todo (vuelve a insistir el fundador de la UDI una vez que Hayek desestima dicha tesis) que “en 1973 [Chile] tenía aproximadamente un 20% de su población en la extrema pobreza”. A lo cual Hayek responde negando nuevamente dicho rol del Estado del que pretende convencerlo Guzmán, quien vuelve a esbozar su diferencia con el pensador austriaco al preguntarle incisivamente: “pero nosotros teníamos un 20% de la población infantil desnutrida ¿diría ud. Que esto es solamente una lástima o piensa que el gobierno debe hacer algo al respecto?”. El hincapié y la insistencia que muestra Guzmán en expresar la necesidad de que sea el Estado quien redistribuya la riqueza en esta entrevista develan – junto con otros tantos argumentos que hemos señalado anteriormente- la evidente y medular diferencia de Hayek con el líder gremialista. Sin embargo, Cristi, quien precisamente es el que nos recuerda esta cita, curiosamente no lo advierte.
Por otra parte, hay un supuesto central en el planteamiento de Cristi sobre su visión de Guzmán en lo que se refiere a la doctrina social de la Iglesia y que lo hace, todo el tiempo, intuir en este un derrotero liberal. Ese supuesto es concebir el principio de solidaridad, enunciado por la doctrina pontificia, como aquel que desarrolla el Estado y, por tanto, solidaridad sería igual a actividad estatal y esto sería lo que habría olvidado Guzmán. Sin embargo, esa interpretación personal de Cristi no se ajusta al planteamiento pontificio. La subsidiariedad -de acuerdo al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (Nº 187)- contrasta con centralización, burocratización y asistencialismo, porque ahogan la libertad. En la misma línea, la solidaridad -como señala el mismo Compendio (Nº 194 y Nº 195)- significa reconocer “en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos”. Así, la solidaridad supone conciencia de la deuda hacia la sociedad y compromiso por saldarla mediante el aporte a la causa común “con las diversas manifestaciones de la actuación social”, donde evidentemente cumple un papel el aparato público -como lo reconoce Guzmán-, pero no exclusivo ni excluyente, so pena de ahogar la libertad. De este modo, solidaridad no se identifica con Estado, sino con algo mucho más profundo que pasa por la actuación libre y responsable de las personas y sus organizaciones aportando al bien común. En este sentido se articula con la subsidiariedad, como lo ha mostrado Benedicto XVI en Deus caritas est (Nº 28) cuando señala que un Estado que quiere proveer de todo no puede asegurar lo más esencial que es la atención personal al afligido, por lo que no se requiere de un Estado que regule y domine todo, sino de uno que apoye las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales. En este sentido, el planteamiento guzmaniano es más pontificio que el de Cristi que pretende, parece, vincular la doctrina social de la Iglesia con el Estado de bienestar o providente y, desde ahí, juzgar como liberal todo otro planteamiento específico sobre políticas sociales y económicas. Pero esto es forzar argumentos y olvidar la visión de conjunto.
Por último, en relación a su última intuición sobre lo que Guzmán pretende decir en el artículo PEC del 8 de enero, 1971, es necesario señalar con claridad que no puede ser un temor a la democracia lo que motiva al senador asesinado. Por el contrario (una vez más) es el temor a los contenidos antidemocráticos del marxismo lo que preocupaba a Guzmán. Esto, es decir, los contenidos antidemocráticos, es lo que también ha inquietado a otros intelectuales que difícilmente podrían ser considerados como temerosos de la democracia. En efecto, el propio Bobbio, al intentar delimitar el concepto de democracia, presta atención a los elementos de fondo del sistema para evitar que lo formal termine destruyendo lo sustantivo. Así, a pesar de adoptar lo que llama una “definición mínima de democracia”, sostiene que para alcanzarla no es suficiente reconocer el derecho de participar en las decisiones colectivas a un número alto de ciudadanos y tampoco que haya reglas procesales como la de la mayoría, sino que se necesita algo más. Ese algo más es una condición de su definición de democracia y consiste en que “es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una y otra. Con el objeto de que se realice esta condición es necesario que a quienes deciden les sean garantizados los derechos de libertad (…) los derechos con base en los cuales nació el Estado liberal y se construyó la doctrina del Estado de derecho en sentido fuerte, es decir, del Estado que no solo ejerce el poder sub lege, sino que lo ejerce dentro de los límites derivados del reconocimiento constitucional de los llamados derechos “inviolables” de los individuos (…) Las normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del juego: son reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego.” (“El futuro de la democracia”, Norberto Bobbio, pág. 26, FCE, México, 2001). Como es evidente, para Bobbio hay un contenido que es anterior a las reglas del juego, que tiene un valor sustancial y que es la garantía central para que la democracia no sea un instrumento formal al servicio de quienes desean hacerla desaparecer o imponer un régimen totalitario. Guzmán y Bobbio podrán disentir sobre muchas cosas, podrán incluso tener diferencias sobre algunos de los elementos que conforman esos valores sustanciales, podrán discrepar de si una situación concreta ahoga o no la libertad y la democracia, pero ambos tienen una coincidencia teórica fundamental: su preocupación (temor prefiere llamarlo Cristi) a que la democracia formal termine destruyendo la libertad. En eso, por lo demás, muchos intelectuales coinciden, porque, al final, lo que tiene relevancia es que el sistema político evite que el príncipe -también el Estado lo es- termine estableciendo un régimen despótico.
Claudio Arqueros
Fundación Jaime Guzmán
