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La mala idea del 20% de música chilena

Daniel Loewe
Por : Daniel Loewe Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
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Detrás de la iniciativa del 20% hay un matrimonio múltiple por conveniencia. Sus iniciadores están interesados en la chilenidad, las tonadas y las cuecas. Otros, en las condiciones materiales de los artistas y en la generación de un espacio artístico atractivo. Otros están preocupados por las restricciones de los monopolios –y otros, por no debilitarlos–.


Hay muchos argumentos a favor del 20% radial de música chilena. Me ocuparé de 5: integrismo cultural; proteccionismo; encuestas; el bien público; y –el más importante– los mercados restrictivos. Aunque admiten diversas combinaciones, hay que distinguirlos en pos de la claridad.

Primero: un argumento descansa en un interés cultural integrista. No olvide que la moción de modificación a la ley 19.928 (que propone el 20% de obligatoriedad y que su distribución no se concentre en horarios irrelevantes) fue presentado por un grupo de diputados –y hoy ex diputados– UDI preocupados por la chilenidad (Enrique Estay, María Angélica Cristi, Alejandro García-Huidobro, Javier Hernández, Manuel Rojas, Marisol Turres, Ignacio Urrutia, Gastón Von Mühlenbrock, Juan Masferrer y Marcela Cubillos). Según su redactor, el diputado Manuel Rojas, lo que se pretende es reforzar la identidad chilena, que a su juicio se ha perdido. Hay muchas declaraciones similares.

El interés de los iniciadores en reforzar la identidad nacional es un interés cultural integrista. Afortunadamente, el entendimiento de la música chilena –si nos guiamos por la ley 19.928: toda aquella expresión del género musical, clásica o selecta, popular, de raíz folclórica y de tradición oral, con o sin texto, ya sea creada, interpretada o ejecutada por chilenos– es pluralista. (Aunque, según el diputado Rojas, las expresiones de la identidad nacional y su gente serían los boleros, las cuecas y las tonadas –y de esta forma, el proyecto original incluía un 5% de música folclórica–). Así entendida, la modificación delimita un objeto de excelencia (expresión musical) mediante un criterio nacional, y lo torna legalmente vinculante para limitar la libertad editorial radial. Esto implica particularismo nacionalista y el riesgo del chauvinismo.

Chauvinismo es la preferencia excesiva por lo nacional y el menosprecio de lo extranjero. Usted puede sostener que no se trata de chauvinismo (aunque sí de identidad), ya que no se afirma la superioridad de una expresión musical en razón de su nacionalidad por sobre otras expresiones. Algo parecido sostenía Herder al afirmar que lo propio para el florecimiento de cada nación era seguir su propia particularidad y lo peor era guiarse por patrones nacionales externos (lo bueno para los alemanes era lo alemán, para los franceses lo francés, etc.). Ciertamente, usted puede defender, como muchos, una tesis cultural nacionalista. Pero no olvide en qué terminó el nacionalismo cultural herderiano. El riesgo siempre latente (que algunos de los iniciadores UDI corporizan), es que de la tesis de que somos especiales se resbala usualmente hacia la tesis de que somos mejores.

Segundo: usted puede defender esta moción sin ser ni integrista ni chauvinista. Basta que refiera a un interés –que yo comparto– en la subsistencia de los músicos y la generación de una escena local artística activa. Aquí no hay integrismo cultural. De hecho, los diputados UDI también apuntaban a la vigorización de “la actividad laboral de sus creadores y expositores”. Declaraciones similares son corrientes por parte de músicos, quienes también refieren al reconocimiento debido a sus obras, hoy vedado por su desconocimiento.

[cita]Detrás de la iniciativa del 20% hay un matrimonio múltiple por conveniencia. Sus iniciadores están interesados en la chilenidad, las tonadas y las cuecas. Otros, en las condiciones materiales de los artistas y en la generación de un espacio artístico atractivo. Otros están preocupados por las restricciones de los monopolios –y otros, por no debilitarlos–.[/cita]

Ser músico en Chile –como ser muchas otras cosas– es difícil. Pero si el argumento es la protección de las condiciones de vida y creación de los artistas, y la generación de una escena creativa vibrante, se trata de una política proteccionista. (Si une este argumento al anterior, el resultado es proteccionismo cultural). Si bien no impone trabas directas a expresiones musicales foráneas, por tratarse de un juego de suma cero (cada canción chilena es una canción extranjera menos), la propuesta garantiza un 20% del mercado a los productores locales. Y ya que se trata de trasmisiones sujetas a derechos de autor, esta política proteccionista garantiza, mediante un sistema de subvenciones de privados a privados, ganancias económicas. Cierto, como muchos, usted puede estar a favor de medidas proteccionistas. Pero es importante reconocer lo que se está defendiendo y no empaquetarlo como otra cosa.

Tercero: un argumento usual es que el actual 10% de música chilena es insuficiente. Esto se debería a que –según una encuesta reciente– el 90,5% de los encuestados quiere escuchar más música chilena, y un 81% está de acuerdo con la medida porque aseguraría más presencia radial. Que el 61,2% de los encuestados la escuche poco o nada, se debería a que, según la percepción de un 44,7%, tendría poca difusión radial.

En la base de esta estrategia está la idea de que hay que desatender al mercado como espacio de manifestación de preferencias para, en su lugar, guiarse por estadísticas sobre lo que los individuos verdaderamente quieren (metodológicamente idéntico al uso político y económico de los estudios empíricos de la felicidad). Pero si las preferencias reveladas no cuentan, usted tiene que contestar la pregunta acerca del porcentaje adecuado. Por ejemplo, Claudio Narea “preferiría un 50 por ciento. Es la única forma de que nosotros, los músicos, podamos vivir de esto”. ¿Cuánto sería suficiente o adecuado? Considere la experiencia comparada. En Venezuela las radios deben difundir al menos un 50% de música venezolana, y un 10% de la extranjera debe provenir de Latinoamérica y el Caribe. En Argentina debe ser un 30% (la mitad de producción independiente). En Francia un 40% y en Canadá un 35%. ¿Por qué un 20% y no un 30%, un 50% o quizás un 80%? ¿Cómo decidir cuánta música chilena queremos escuchar los chilenos? (En parte su respuesta depende de cuál argumento de los ya discutidos afirme). El problema –habrá notado– es que al desatender a las preferencias reveladas se abre la puerta al arbitrio perfeccionista o de los grupos de interés.

Cuarto: ya que lo que se concesiona es el espectro radioeléctrico, se trataría de un bien público de propiedad pública. Como retribución justa, los que lo adquieren deben participar en la generación de un bien público. El argumento es concluyente (si se trata de propiedad pública es razonable esperar una participación en el bien público). Lo notable es que toma como dada la premisa de que un 20% de trasmisión de música chilena es un bien público. Esto no funciona, a menos que haga descansar esta premisa en algún otro argumento. Sólo así podrá argumentar que la música chilena es un bien público porque, por ejemplo, es parte de la identidad nacional o importante para forjarla, o corresponde a lo que verdaderamente queremos, etc. Pero estos argumentos son problemáticos.

Quinto: la obligatoriedad del 20% es la respuesta a las restricciones impuestas por el mercado. De hecho, en el mercado radial se dan condiciones de concentración cuasi monopólicas que impiden el acceso de los músicos fuera del circuito de las multinacionales de la música. El mercado, entonces, no sería expresión de libertad, sino que su supresión. Es un muy buen argumento (el mejor, para justificar la política proteccionista). Y es aquí, donde se debe jugar el partido.

Si hay condiciones monopólicas –como bien sabemos en Chile– los mercados pueden ser trampas mortales –en el Caso Farmacias, en sentido literal–. (No estoy afirmando que lo que determinen los mercados competitivos sea siempre correcto, o que los mercados deban hacerse cargo de todo tipo de transacciones en tanto sean eficientes. Estoy en desacuerdo con ambas aseveraciones). Pero del monopolio del mercado radial no se deduce la restricción de la libertad editorial radial. (El 20% restringe la línea editorial. Piense en alguna radio de estilo, como Radio Beethoven: ¿de dónde obtendrá el 20%? –según el diputado Estay esto no es problemático, ya que “hay toneladas tradicionales de folclor interpretadas por el propio Orfeón de Carabineros”. Juzgue usted mismo–).

Lo que se deduce del carácter monopólico de los mercados es su recomposición mediante concesiones que den cabida a voces diferentes, incluyendo radios comunales y locales. Así se profundizaría la libertad de los auditores para modificar mediante sus preferencias la oferta radial (por así decirlo, votando con el dial). Esta estrategia no implica restringir la libertad editorial de las radios en el diseño de su parrilla programática. No es extraño que los patrocinadores originales del 20% provengan del partido que más férreamente se ha opuesto a cualquier debilitamiento de los oligopolios locales, que su propuesta deja incólumes.

Detrás de la iniciativa del 20% hay un matrimonio múltiple por conveniencia. Sus iniciadores están interesados en la chilenidad, las tonadas y las cuecas. Otros, en las condiciones materiales de los artistas y en la generación de un espacio artístico atractivo. Otros están preocupados por las restricciones de los monopolios –y otros, por no debilitarlos–. A mi juicio, la estrategia más razonable para tener un espacio cultural local atractivo, pasa por posibilitar, mediante concesiones, editoriales radiales variadas que hagan efectivo el ejercicio de la libertad de las personas, junto a una política pública efectiva de fomento para la creación artística local en razón de su excelencia actual o potencial. Quizás porque es difícil, la propuesta del 20% sería –por así decirlo– the second best. Pero es un second best tan problemático que, a mi juicio, más quita que pone.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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